PSOE y PP desoyen la amenaza y vuelven a cruzarse acusaciones por el bloqueo

De poco sirvió que ayer Carlos Lesmes elevara el tono hasta casi lo dramático, para tratar de forzar al Gobierno y al PP a deshacer de una vez por todas el bloqueo que mantiene sin renovar ya más de tres años y medio el Consejo General del Poder Judicial. En el acto de apertura del año judicial celebrado en el Tribunal Supremo se hallaban presentes, a poca distancia del presidente del organismo, tanto la ministra de Justicia, Pilar Llop, como el líder del primer partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo y ni uno ni otro mostraron tampoco esta vez el rubor de aquel que ha sido pillado en falta.

Los dos grandes partidos, los únicos que con sus votos pueden hacer efectiva la sustitución de vocales que debería producirse, según la Constitución, cada cinco años, llevan más de una legislatura señalándose mutuamente como responsables de una situación que afecta ya a la propia administración de la justicia y ayer, tras el enésimo y cada vez más desesperado llamamiento de Lesmes, lo hicieron de nuevo.

Llop –que durante unos pocos minutos departió en el salón de los pasos perdidos del alto tribunal, de manera informal, con el propio presidente del Supremo, el Rey y el líder de los populares– dio luego por hecho que el único que debería sentirse interpelado es el PP. «Aquí no hay equidistancias», argumentó tras alegar que el grupo socialista puede poner mañana mismo sobre la mesa a sus candidatos. «Le pedimos al PP que mañana mismo presente sus nombres y lo haga –adujo– sin condicionamientos».

Los populares, sin embargo, no tienen intención de atender a las exigencias del Gobierno. Insisten en que no se trata de «repartir» nombres como pretende Moncloa sino «del currículum y los parámetros de experiencia e independencia que deberán cumplir los futuros candidatos». Así se lo trasladó el propio Feijóo a la ministra de Justicia durante su breve conversación.

Parámetros europeos

El expresidente de la Xunta reconoció que estaría «dispuesto a reunirse» si Pedro Sánchez «le llama». Eso sí, con las condiciones por delante que ya había fijado el PP antes de que las negociaciones saltaran por los aires tras la decisión del Ejecutivo de volver reformar la ley para nombrar a los dos jueces que le corresponden en el Constitucional, y que están recogidas en el plan que remitieron el pasado julio a la Moncloa.

Entre esos requisitos estarían que un ministro no pueda pasar a la Fiscalía General del Estado al día siguiente de cesar; que para ser juez del alto tribunal sea necesario llevar 25 años poniendo sentencias o que para acceder a la carrera judicial sea necesario un concurso oposición. Todo en consonancia con los parámetros que plantea la Comisión Europea. «El PP tiene la máxima disposición para sentarse con el Gobierno, abordar la reforma del Poder Judicial y, bajo unos requisitos mínimos de independencia, la renovación conjunta del Constitucional y del Poder Judicial», aseguraron ayer en Génova.

Los conservadores coinciden con Lesmes en que «no se le debería haber hurtado competencias al CGPJ» a la hora de hacer nombramientos y creen, además, que «no tendría sentido que dimitiese» cuando es «el capitán del barco».