UMU y UPCT insisten en el «dramático» estado de sus cuentas y piden financiación

Las dos universidades públicas de la Región han iniciado el curso con la cuenta corriente temblando, y sin capacidad para hacer frente a gastos imprevistos. La Universidad de Murcia (UMU) y la Politécnica de Cartagena (UPCT) llevan muchos meses alertando de su delicada situación económica, y reclamando celeridad a la Administración regional en la negociación del plan de financiación, que sigue retrasándose y sin citas próximas.

El Gobierno regional y los dos rectores comenzaron a sentar las bases del futuro plan, que en principio tendrá una vigencia de tres años, el pasado junio después de meses de reuniones técnicas para valorar el anterior. La fórmula que concretará las cuentas hasta 2025 fue acordada con el anterior director de Universidades (quien presentó su dimisión en julio), pero sigue sin concretarse el paso clave: formular con cifras ese planteamiento teórico.

El acuerdo es urgente, insisten los rectores, porque el plan plurianual incluye el acuerdo de financiación para 2023, que debe concretarse cuanto antes: «Ya vamos muy tarde», lamentó José Luján, rector de la UMU. Ese presupuesto, el del próximo año, reclaman los dos rectores, debe contemplar un incremento superior al 12% con respecto a este año.

Las cuentas que ha planteado la Universidad de Murcia a la Consejería contemplan una asignación de entre 192 y 195 millones de euros para 2023. Este año, la subvención nominativa ha quedado en 170 millones de euros. El rector explica las razones que justifican ese incremento: «En este último año hemos tenido que gastar el remanente obligados por la subida del recibo de la electricidad y el crecimiento vegetativo. Ahora mismo no disponemos de remanente, la situación es dramática», avisa. La UPCT enfrenta una coyuntura muy similar: «Estamos rescatando dinero de otros vicerrectorados, por ejemplo de investigación interna, para poder pagar la luz y otros gastos de mantenimiento que han surgido. Estamos en una situación de mucha urgencia», reclama la rectora, Beatriz Miguel. Su universidad ha solicitado una asignación de 52 millones de euros, 6,7 millones de euros más que en el presente ejercicio.

La urgencia de las dos universidades no ha encontrado, de momento, respuesta, ya que no hay prevista ninguna cita próxima para retomar la negociación con la Administración regional, aunque es posible que se cierre un encuentro antes del acto oficial de inauguración del curso universitario, que se celebrará en el Paraninfo de la UPCT el 3 de octubre.

Las estrecheces económicas llevaron hace meses a las dos universidades públicas de la Región a diseñar planes de contención del gasto, que pasaron por el cierre de todos los edificios de los campus durante el mes de agosto y la restricción de los gastos de mantenimiento y de renovación de los inmuebles, además de suprimir el aire acondicionado y la calefacción hasta que se superan determinados umbrales de temperatura.

El plan plurianual de financiación anterior venció en 2020, pero la coyuntura de la pandemia retrasó el inicio de las negociaciones, que han ido acumulando desde entonces nuevas demoras. Las líneas maestras del acuerdo las dejó prácticamente cerradas el anterior director de Universidades. La fórmula se asienta en conceptos como los créditos impartidos en las instituciones, su gasto total en personal, la plantilla, los estudiantes ponderados por rama de conocimiento y la superficie de las infraestructuras, entre otros.