El TSJ alerta de «distorsiones inaceptables» en el respeto a la independencia judicial

Un momento del acto de apertura del año judicial en la Región de Murcia celebrado este jueves. / Javier Carrión / agm

La Fiscalía advierte del repunte de causas de corrupción y critica que la mayoría «no deberían haberse presentado»

Las reivindicaciones volvieron a agolparse, un año más, en un arranque del año judicial marcado por la situación de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia siguió los pasos que el líder del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, dio ya hace unas semanas y elevó el tono, denunciando las «distorsiones inaceptables en la separación de poderes y en el respeto a la independencia judicial».

Miguel Pasqual del Riquelme advirtió de «la insoportable situación institucional» a la que aboca ese bloqueo y «del reiterado uso táctico de sucesivas reformas legales para limitar o ampliar competencias esenciales del órgano de gobierno judicial, al gusto y ritmo de intereses partidistas coyunturales». En este punto, recalcó que «se nos intenta hacer pasar por problemas institucionales y legales lo que no son sino diferencias estrictamente políticas y partidistas».

Exigencia de medios

El salón de actos de la Ciudad de la Justicia de Murcia acogió este jueves un acto de apertura del año judicial en el que no faltó la denuncia por la lentitud del sistema y la exigencia de mayores medios humanos y materiales. Una batalla en la que el TSJ y la Fiscalía cabalgan juntos desde hace años. «Vuelvo a dejar aquí constancia, aunque sea con el descreimiento que dan los años, del hecho objetivo de que el servicio público de justicia no se despliega ni se presta en igualdad de condiciones y recursos en todo el territorio español», recalcó Pasqual del Riquelme. «Existen notables asimetrías entre comunidades y nuestra región está entre las que, año tras año, se lleva la peor parte».

El presidente del TSJ insistió en que los dos nuevos juzgados que el Ministerio prevé crear el próximo año en la comunidad –uno civil en la capital y uno de Primera Instancia e Instrucción en Lorca– «están muy lejos de cubrir las necesidades judiciales». En este punto recordó que la Región precisa de 17 nuevos órganos, de los que la Sala de Gobierno del TSJ había priorizado cinco, en una petición nuevamente no atendida.

En este punto, abogó por una apuesta por la Justicia con respeto al equilibrio de poderes y una mayor dotación de medios materiales y humanos. «Nuestra democracia debe aún aprender a cuidar su Poder Judicial y a su administración de Justicia», subrayó.

Pese al tono reivindicativo, el líder de la magistratura murciana optó, en su discurso, por no insistir nuevamente en las carencias y por aplaudir avances, como «el esfuerzo en los juzgados de instrucción y de enjuiciamiento penal, además de las secciones penales de nuestra Audiencia Provincial para mejorar los tiempos de respuesta en la investigación y el enjuiciamiento de los casos que más preocupan a los murcianos». Hizo hincapié, asimismo, en la implicación de los tribunales en la lucha contra los delitos sexuales o en la protección jurídica de los recursos y espacios naturales, «entre los que nos ocupa especialmente el Mar Menor».

El presidente del TSJ destacó, por último, la elevada confianza que la sociedad mantiene en la justicia, apuntando que siete de cada diez españoles ven en esta administración la garantía última de sus derechos. Un logro que achacó a la «firme impermeabilidad a los frecuentes intentos de algunos de manosear al Poder Judicial y a sus órganos de autogobierno».

El fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, incidió, por su parte, en el aumento –de hasta un 44,1%– en la incoación de causas contra la administración pública, sobre todo por prevaricación. En el último año el Ministerio Público ha recibido 58 diligencias de investigación de esta materia, de las que ha dado carpetazo a más de la mitad (33). «Estas denuncias en su mayor parte no deberían de haberse presentado atendiendo a los nulos indicios de criminalidad», incidió Díaz Manzanera. «Lo que evidentemente ha de ser rechazable es si alguna de esas denuncias estuviese guiada en buscar básicamente el efecto mediático».

El fiscal superior volvió a incidir, nuevamente, en que la contaminación del Mar Menor «es el más grave problema medioambiental de esta región, posiblemente de toda su historia» y que su solución no se encontrará en la vía judicial. Aplaudió la aprobación por el Senado de la ley que concede personalidad jurídica a la laguna saluda y destacó que «es un hito histórico en Europa».

Díaz Manzanera aprovechó, además, la ocasión, para insistir nuevamente en la falta de medios de que adolece también el organismo que preside. «Es trascendental el aumento de plantillas en todos los ámbitos profesionales de la justicia si queremos mejorar en los plazos de respuesta judicial que actualmente son de una tardanza inaceptable».

Reconocen el trabajo de jueces decanos, procuradores y el grupo de Menores de la Policía

Más allá de reivindicaciones y advertencias, el acto de apertura del año judicial se convirtió, un año más, en la excusa perfecta para aplaudir la labor realizada por magistrados, fiscales, letrados y funcionarios de la Administración de Justicia y colectivos profesionales e instituciones colaboradoras.

El TSJ reconoció la labor desarrollada por los jueces decanos de los once partidos judiciales y por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, concretamente en su trabajo en la puesta en marcha de la agenda electrónica de señalamientos.

El tribunal aplaudió, asimismo, el trabajo desarrollado por el equipo 3 de auxiliares de la Sección Tercera del Servicio Común General Procesal (SCGP) y por el Servicio Común Procesal de Ejecución. Francisco Pérez Mateos, funcionario del parque móvil del Estado, recogió otro de los reconocimientos de la jornada, que también recayeron en Ana Lucas y Alicia Negre, periodistas de La Opinión y La Verdad, respectivamente.

El TSJ puso en valor, además, la actividad desarrollada por el Colegio de Procuradores, la oficina general y delegadas del Registro Civil y el grupo de Menores de la Policía Nacional.

Entregó, además, diplomas a los magistrados que en el último año cumplieron un cuarto de siglo de dedicación a la Justicia y a aquellos miembros de la Administración que se jubilaron el pasado año.