El Tribunal de Cuentas pide aclarar el gasto en Lhicarsa de 11 millones durante años

Un equipo de limpieza de Lhicarsa, esta semana junto a la Plaza de Juan XXIII / LV

MC quiere una comisión de investigación y Arroyo es partidaria de seguir con las medidas internas de control, que ya han dado lugar a tres expedientes

Al menos once millones de euros de gasto anual, durante varios ejercicios, están en entredicho en el contrato municipal de limpieza y recogida de basuras que gestiona FCC, sobre el que MC pidió este jueves una comisión de investigación. Un informe provisional del Tribunal de Cuentas remitido al Ayuntamiento a principios de este mes llevó al principal partido de la oposición a denunciar «incumplimientos de contrato» muy onerosos y una acusada «falta de control de la gestión». Sin embargo, para la alcadesa, Noelia Arroyo, «la prioridad es informar sin perder un minuto al órgano fiscalizador, para que ese documento provisional sea definitivo y lo podamos usar». Podemos apoyará la comisión.

La recopilación de información que el Ayuntamiento tiene en curso pretende aclarar en qué emplea FCC los seis millones de gastos generales y asistencia técnica a la calidad del servicio que figuran en las cuentas anuales de la empresa mixta Lhicarsa. También, los cientos de miles de euros de la valorización de los subproductos del vertedero y del rendimiento de parte del biogás que también genera en El Gorguel. Esto se añade a los 2,7 millones por la contratación de empleados, a otros 3 millones por la colocación y el mantenimiento de contenedores y la ampliación de la recogida, a 1,7 millones más por instalaciones en el vertedero, sellado del de Mina Regente y mejoras en la planta de tratamiento; y a un millón adicional por los ecoparques de San Félix y La Vaguada, además de gastos de soterramiento de contenedores y puntos limpios.

«Para nosotros hay una trama corrupta y ladrona iniciada en la etapa de Pilar Barreiro, del PP, en la alcaldía», opinó el portavoz de MC, José López. Y atribuyó la llegada de su partido al gobierno en 2015 el haber podido destapar las «ilegalidades» que cita el Tribunal de Cuentas en su informe preliminar. No obstante, dijo que a él no le dio tiempo a tomar medidas en sus dos años de alcalde porque el PP y el PSOE, que era el socio de gobierno de MC, «se aliaron para evitarlo».

Las irregularidades sin control empiezan, según Jesús Giménez, también edil de MC, con las prórrogas del contrato «contrarias a la libre competencia de FCC con otras mercantiles» y «basadas en unas inversiones y supuestas mejoras que no han quedado acreditadas y que elevaron el coste a 36 millones», dijo. La justificación del Ayuntamiento es que «todo se hizo con la autorización de la asesoría jurídica», aclaró Arroyo.

El apartado más costoso en entredicho consigna seis millones (un 19% del contrato) como asistencia técnica sobre la calidad del servicio (‘know how’) y gastos generales. «Nos gustaría que lo explicaran, como pide el Tribunal de Cuentas», dijo Giménez. «Es inmoral pero legal, por lo que no podemos reclamarlo. Pero hemos preguntado a FCC en qué mejora el servicio», indicó Arroyo.

Lo mismo se ha hecho sobre la cuantificación del compost, del metal, de la madera, de las pilas y de otros residuos que se separan en el vertedero de El Gorguel, a los que FCC saca rendimiento económico y por los que las arcas municipales no perciben nada. También se estudia revisar el cobro de todos los beneficios por el biogás que se obtiene en esas instalaciones. El Tribunal de Cuentas considera que el 20% que se queda la mercantil debe ser para el Ayuntamiento.

«A nosotros nos sale que desde 2018 hay un saldo no ingresado de más de un millón y medio, al que se sumaría lo del ‘know how’ si no lo aclaran», según Giménez. «El problema es que solo podremos reclamar los últimos cuatro años, porque lo demás prescribe. Y todo gracias a la investigación de MC en el gobierno», añadió.

«MC no intervino la gestión ni reclamó nada. Nosotros lo hicimos a raíz de los expedientes de 2019», recordó Arroyo. Y defendió la gestión en esta legislatura, que queda fuera del informe: «Tenemos una multa de 400.000 euros cobrada por el impago de tasas de vertedero por residuos de FCC que entraban como si fueran de Lhicarsa; otra de un millón que han recurrido, por usar maquinaria y personal para contratos privados de la mercantil. Y hay otra pendiente por no prestar el servicio de limpieza en el litoral, como aparece en el contrato, al existir el Instituto Municipal de Servicios del Litoral (Imsel)».