Varias empresas estudian la construcción de otra residencia de alumnos cerca de la UPCT

La insuficiente oferta de alojamientos para cubrir la creciente demanda de los estudiantes universitarios en Cartagena ha despertado el interés de varias empresas por construir y, en su caso, también explotar nuevas residencias. Muchos estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena se han encontrado en este inicio del curso 2022-2023 con que no hay plazas disponibles para ellos en la Residencia Universitaria Micampus, abierta hace un año bajo el régimen de concesión de la UPCT, y también con dificultades para arrendar habitaciones en viviendas particulares del entorno de los campus y de otras zonas de la ciudad.

«Hay interés de algunas empresas» por abrir nuevos complejos, confirmaron fuentes de esta institución pública. Y se limitaron a añadir, respecto a un problema que ha despertado la inquietud en la comunidad universitaria, que «de momento no hay más que conversaciones privadas» entre esas compañías y el equipo de la rectora, Beatriz Miguel.

La máxima representante de la institución ha llegado a pedir ayuda al alcalde de La Unión, Pedro López, para que su Ayuntamiento facilite a los estudiantes el acceso a viviendas de alquiler en este municipio vecino. La residencia MiCampus, ubicada en la calle Sor Francisca Armendáriz, frente a la sede del Rectorado (en el antiguo edificio administrativo municipal), completó sus 271 plazas y tiene lista de espera. Esa cifra supone 70 más de las que ofertaba la UPCT en la residencia Alberto Colao, cuya titularidad pertenece ahora a la Asamblea Regional. La Politécnica, que el curso pasado superó los 6.000 alumnos (todavía no hay datos oficiales del actual), tampoco utiliza ya la residencia de la calle Caballero. El edificio, que le cedió el Ayuntamiento, está siendo usado como centro de acogida de refugiados ucraniano desde la invasión de Rusia.

Implicación del sector privado

Fuentes empresariales confirmaron a LA VERDAD que también ha habido contactos entre los posibles promotores y el Consistorio de Cartagena. Y añadieron que los responsables de la Politécnica han solicitado también el respaldo del Consejo Social de la UPCT, que tiene al frente al cartagenero Emilio Restoy.

Se trata de lograr la implicación del sector privado y de distintas entidades, como la Cámara de Comercio y la patronal COEC, para aumentar la oferta en el menor tiempo posible.

Entre las zonas que podrían albergar nuevas residencias están el Monte Sacro, en concreto en la calle Muralla de Tierra, y el Paseo de Delicias, en Santa Lucía. Se trata de áreas próximas a los tres sectores donde hay escuelas de ingeniería y otros centros de formación de la Politécnica y con buenos accesos a pie y en autobús hasta la Universidad.

Respecto a la Muralla de Tierra, en octubre de 2021, la Concejalía de Urbanismo advirtió a los propietarios de un edificio a medio construir de que se arriesgaba a ver caducada la licencia si no terminaban las obras. Los dueños del bloque, aseguraron este miércoles fuentes del Consistorio, trasladaron su intención de acabar los trabajos y abrir una residencia de estudiantes. No obstante, también se planteaban habilitarlo como residencia de ancianos.

Rentabilidad y Plan General

El edificio empezó a ser levantado en 2008 para que albergara 68 viviendas, pero las obras fueron interrumpidas en 2012. Tras un cambio de propiedad, la titular pasó a ser la Compañía Urbanizadora de la Ribera Sur del Mar Menor (Ribenor), ligada a los herederos de Tomás Maestre, empresario de referencia en La Manga.

En cuanto a Santa Lucía, al menos una de las compañías del ámbito inmobiliario que ha empezado a hacer números se ha fijado en el área del Pinacho. Y, aunque en esta y otras compañías han visto cómo la residencia Micampus ha alcanzado el lleno sin problemas, en buena parte por la entrada de alumnos de la Universidad Católica (UCAM), estudian con cautela una posible inversión millonaria. Además de evaluar la rentabilidad de la operación, tienen en cuenta los problemas administrativos que pueden derivarse del retraso en la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por parte del Ayuntamiento.