Empiezan a sacar los residuos radiactivos que dejó Potasas

Empiezan a sacar los residuos radiactivos que dejó Potasas

Un operario, ayer en la finca junto a varios sacosy una pala excavadora. / PABLO SÁNCHEZ / AGM

Ercros inicia cerca de la autovía y de la barriada San Ginés la extracción de materiales contaminados por uranio, a los 21 años del cierre de la fábrica

José Alberto González

Veintiún años después del cierre de Potasas y Derivados, Cartagena empezó ayer a librarse de los residuos radiactivos generados por esa fábrica de abonos y fertilizantes bajo la entrada a la ciudad por la autovía. El grupo Ercros, antiguo propietario de la factoría, que ya fue derribada, inició cerca del viaducto de la A30 y del barrio de San Ginés los trabajos de extracción y almacenamiento en sacos de materiales contaminados uranio-238. Los entregará a Enresa, la empresa estatal que gestiona este tipo de desechos industriales, siguiendo las
instrucciones del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para proteger la salud de los vecinos y el medio ambiente.

LA VERDAD fue testigo por la tarde de la presencia en la parcela de obreros equipados con trajes de protección especial. También había un pala excavadora y unos sacos con tierra.

Esta intervención fue incluida por Ercros, cuya sede central está en Barcelona, en su propuesta de rehabilitación de la parcela que ocupó la factoría.

Una exigencia del CSN

El CSN estableció la necesidad de extraer lo que Ercros describió como «infraestructuras con valores de tasa de dosis gamma superiores a 1 microsievert por hora». El CSN ha insistido en que el estado de la parcela, de un millón de metros cuadrados y que linda con varios barrios, «no supone un riesgo radiológico significativo para la población». En octubre de 2018, la incluyó como una de las seis zonas de España contaminadas por radiactividad.

La compañía entregará los desechos a Enresa y espera el visto bueno para confinar los demás restos en la propia finca

La Consejería de Medio Ambiente, que declaró los suelos contaminados por metales pesados un año después, indicó en abril que el área más afectada debía quedar despejada de «tuberías de PVC con incrustaciones desprendidas y arquetas». Asimismo, en el Gobierno reginoal apuntaron que el volumen de material no estaba aún «cuantificado en peso».

En Ercros señalaron también a este diario este lunes que «la cantidad exacta de materiales se conocerá una vez que Enresa haya procedido a su retirada». Y añadieron que «una vez Ercros dispone de la aceptación del Consejo, se han realizado las gestiones requeridas para poder transferir los materiales de la denominada Zona 13 de los terrenos de El Hondón a Enresa».

«Esta semana se inician los trabajos de extracción, acondicionamiento y caracterización de dichos materiales. Las labores se llevan a cabo cumpliendo estrictos protocolos que garanticen la seguridad de las personas que llevan a cabo estas tareas y de las personas del entorno», precisaron. Y agregaron: «Una vez finalizados estos trabajos, la zona quedará vallada y a la espera de que Enresa proceda a retirar los materiales». En primavera, afirmó que la Zona 13 «es de una dimensión muy pequeña y no guarda relación alguna con la situación del resto de la parcela».

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Juan Carlos Lentijo, adelantó el 30 de septiembre en Cartagena que esta entidad dará su visto bueno «previsiblemente», entre «finales de este año y principios del que viene», al plan de Ercros. El proyecto de «remediación» consistiría en cubrir con una capa de geotextil y con tierra vegetal el resto de residuos que emiten radiactividad natural. Allí, según Ercros, quedarán confinados mil años, a salvo de «fenómenos de infiltración de aguas, lixiviación y transporte reactivo». La autorización final depende de la Comunidad.

Metales, vecinos y un pleito

La plataforma de afectados por los metales pesados de Cartagena, que preside Fulgencio Sánchez, ha pedido a los poderes públicos que no retrasen más sus decisiones y ha apoyado a Ercros. Los vecinos temen que Ercros renuncie a su proyecto de invertir 4 millones de euros, en una actuación que la compañía vincula a su responsabilidad social y a su imagen, pero no a una obligación legal. De hecho, mantiene en los tribunales un recurso contencioso contra la orden de la Consejería de descontaminar los suelos. Alega, entre otras cosas, que vendió sus propiedades en la zona. El titular mayoritario de la finca es, ahora, el Ayuntamiento.

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