Varapalo de los servicios jurídicos de la Asamblea Regional a la ley de autonomía financiera del PP

Los servicios jurídicos de la Asamblea Regional de Murcia han emitido un duro informe contra la proposición de ley de autonomía financiera presentada por el Partido Popular, con la que pretende blindar las bajadas de impuestos aprobadas por el Gobierno de Fernando López Miras. La propuesta llega este miércoles al Pleno de la Cámara, que tiene que decidir sobre su toma en consideración. Los populares no tienen por ahora asegurados los votos para iniciar la tramitación parlamentaria.

El informe de los letrados del Parlamento autónomo supone un importante varapalo para esta iniciativa, que parte directamente del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien anunció esta ley como medida estrella en el
Debate del Estado de la Región celebrado el pasado junio.

El escrito de los servicios jurídicos, al que ha tenido acceso LA VERDAD, comienza recordando que la autonomía financiera de la Región «se encuentra en la actualidad plenamente garantizada a través de los mecanismos que tanto la Constitución Española como el resto del ordenamiento jurídico pone a disposición de los ciudadanos y poderes públicos cuando esta pueda resultar menoscabada». Respecto a la intención del Gobierno regional de reafirmar la firme defensa de esta autonomía, indican los letrados que no es la iniciativa legislativa «el instrumento más idóneo para ello».

Los servicios jurídicos de la Asamblea entienden que el articulado de la proposición de ley «resulta meramente declarativo, limitándose en gran medida a reproducir de forma no literal y parcial preceptos constitucionales, sin mención expresa a las mismas, y sobre materias respecto de las cuales la Comunidad Autónoma carece de competencias». «Esta técnica legislativa –sentencia el informe– ha sido reiteradamente proscrita por el Tribunal Constitucional como deficiente y peligrosa, cundo no potencialmente inconstitucional».

El propósito de Fernando López Miras con esta proposición de ley es, básicamente, impedir que el Ejecutivo central imponga una armonización fiscal que obligue al Gobierno regional a eliminar las bonificaciones en tributos estatales cedidos como el IRPF y, sobre todo, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Así que en el artículo 8 de la norma, el PP incluyó un apartado que indica que la potestad normativa de la Comunidad respecto a los tributos cedidos no podrá modificarse por una ley estatal. El informe es tajante: «Esta afirmación conlleva una limitación a la potestad normativa del Estado, que además de venir impuesta en una ley ordinaria, excedería en todo caso de las competencias autonómicas, invadiendo la competencia estatal en materia de Hacienda Pública, por lo que podría resultar inconstitucional».

Tampoco ven claro los servicios jurídicos el artículo 11, que impone a la Asamblea, al Gobierno regional y a sus organismos dependientes «la obligación de hacer uso de cuantos mecanismos ponga a su alcance el ordenamiento jurídico frente a cualquier acto que implique menoscabo» de la autonomía financiera. El informe remitido a los grupos parlamentarios insiste en que «la Comunidad Autónoma carece de competencias para regular la legitimación activa en los procedimientos judiciales que tengan como finalidad la defensa de la autonomía financiera». Además, afirma que «no resulta acertada la inclusión de la Asamblea Regional como uno de los sujetos obligados a actuar en el sentido indicado en el precepto, ya que podría ser considerada como una vulneración de la autonomía de la que goza para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus funciones».

En el aire

Precisamente este duro informe es lo que lleva a Juan José Liarte y Francisco Carrera, ahora diputados del Grupo Mixto, a dudar sobre su voto en el debate de toma de consideración de este miércoles. Así que ayer todavía estaba en el aire la aceptación de esta proposición de ley del PP en el Pleno, el primero que se celebra con la nueva composición de la Cámara tras la desaparición del Grupo Parlamentario Vox y el aumento de diputados en el Grupo Mixto. «Es cierto que la proposición de ley se puede cambiar con enmiendas, pero habría mucho que enmendar», declaró Juan José Liarte.

PSOE y Podemos, críticos con la política fiscal de Miras, votarán en contra, así como los dos diputados de Cs en el Grupo Mixto, que aunque son partidarios de las bajadas de impuestos, creen que esta ley se hace para confrontar con el Gobierno central. Vox anunciará su decisión antes del Pleno de este miércoles. Este martes no parecían muy convencidos.