El fiscal pide por segunda vez en un año el sellado urgente de las balsas de Zinsa

Por segunda vez en casi un año, la Fiscalía ha solicitado al Juzgado de Instrucción 5 de Cartagena que ordene el sellado urgente del vertedero de residuos peligrosos de Torreciega, que abandonó la empresa Española del Zinc (Zinsa) en 2008 ante la pasividad de la Comunidad Autónoma y que compró en 2018 Cartagena Parque, del conocido promotor Tomás Olivo. El Ministerio Pública busca minimizar los riesgos para el medio ambiente y la salud de vecinos de Torreciega y de trabajadores y consumidores de Cabezo Beaza, advertidos por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en 2020. Los agentes hallaron concentraciones «inadmisibles» de metales pesados, como arsénico, por su dispersión con la lluvia y el viento y peligro de desprendimiento y desbordamiento de los depósitos.

El Ministerio Público da este paso a la espera de que la Consejería de Medio Ambiente apruebe el proyecto de descontaminación de los depósitos y del resto de terrenos industriales o dicte sus propias medidas provisionales.

Lo «fundamental» es «adoptar» la acción pedida por la Asociación Vecinos de Torreciega el 30 de diciembre de 2021, expuso el fiscal Fulgencio Pérez el 8 de septiembre, en un escrito al que ha accedido LA VERDAD. Y recuerda al juez que consistiría en que «el vertedero residuos peligrosos de la hidrometalurgia del zinc, con las diferentes celdas de vertido que lo conforman (balsas), sea sellado con carácter urgente». También dentro de la investigación penal a Cartagena Parque por un presunto delito contra el medio ambiente, Pérez reiteró «que, con carácter inmediato, se ordene -por lo menos- el sellado con lámina sintética de impermeabilización (polipropileno de alta densidad)».

El fiscal concluyó que el sellado, que la Consejería ordenó realizar a la empresa de Olivo en noviembre de 2019 pero que sigue pendiente, es una obligación establecida por la propia Consejería en la autorización ambiental integrada que dio a Zinsa en 2008.

Ya el pasado 11 de octubre el titular del juzgado, Ignacio Munítiz, instó a la Dirección General de Medio Ambiente, que tiene al frente a Francisco Marín, a informarle de «las medidas cautelares que se hayan acordado y/o llevado a cabo en el procedimiento administrativo». El juez ya actuó así en mayo.

Medio Ambiente se acogió a la necesidad de que Cartagena Parque y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aclarar si, además de metales pesados, hay residuos radiactivos. Ahora, el magistrado le reclama a la Comunidad que, «a la mayor brevedad posible, informe sobre si el CSN «ha determinado o no el carácter radiactivo de los residuos existentes». El Consejo no lo ha hecho. Ha planificado una inspección de la finca este mes.