El PP retira su proposición de ley de autonomía financiera tras el varapalo de los servicios jurídicos de la Asamblea

El Grupo Parlamentario Popular retiró este miércoles en la Asamblea Regional su proposición de
ley de autonomía financiera cuestionada por los servicios jurídicos de la Asamblea Regional, que advirtieron en un duro informe que podría ser «deficiente, peligrosa, cuando no potencialmente inconstitucional» citando estudios del Tribunal Constitucional sobre esa misma técnica legislativa.

La nueva secretaria primera de la Cámara y diputada popular
María del Carmen Ruiz Jódar fue la encargada de anunciarlo desde la tribuna de oradores. «El PP es un partido serio que respeta las indicaciones de los servicios jurídicos, no como el PSOE. No todos somos iguales», dijo para justificar la retirada. Los asesores legales de su partido se encargarán ahora de modificar el texto «para construir una herramienta más segura frente al intento de mutilación autonómica de Pedro Sánchez», dijo. Posteriormente, la volverán a registrar en la Cámara, porque, aseguró, deben «hacer frente a la intentona sanchista de meter la mano en los bolsillos de los murcianos».

En una breve ronda de intervenciones, la diputada socialista Gloria Alarcón rechazó que las políticas fiscales del Gobierno destruyan «lo que se está haciendo para la ciudadanía española» y acusó al PP de lanzar cortinas de humo para «difuminar» la labor del Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Nos están haciendo garbillar agua, pero garbillar agua muy sucia», sentenció.

Un importante varapalo

El escrito de los servicios jurídicos, al que tuvo acceso LA VERDAD, comienza recordando que la autonomía financiera de la Región «se encuentra en la actualidad plenamente garantizada a través de los mecanismos que tanto la Constitución Española como el resto del ordenamiento jurídico pone a disposición de los ciudadanos y poderes públicos cuando esta pueda resultar menoscabada». Respecto a la intención del Gobierno regional de reafirmar la firme defensa de esta autonomía, indican los letrados que no es la iniciativa legislativa «el instrumento más idóneo para ello».

Los servicios jurídicos de la Asamblea entienden que el articulado de la proposición de ley «resulta meramente declarativo, limitándose en gran medida a reproducir de forma no literal y parcial preceptos constitucionales, sin mención expresa a las mismas, y sobre materias respecto de las cuales la Comunidad Autónoma carece de competencias». «Esta técnica legislativa –sentencia el informe– ha sido reiteradamente proscrita por el Tribunal Constitucional como deficiente y peligrosa, cundo no potencialmente inconstitucional».