Ecologistas califica de «norma reaccionaria» el decreto de Dinamización de Inversiones

Ecologistas en Acción de la Región de Murcia criticó en la mañana de este viernes la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno, del
Decreto-Ley de Dinamización de Inversiones, Libertad de Mercado y Eficiencia Pública, a propuesta de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía.

La organización ecologista, que todavía no ha podido acceder y estudiar en profundidad el texto legal y las consecuencias de su aplicación, realiza una primera valoración en base a los
detalles que han trascendido a la prensa.

En primer lugar critican que «una norma como esta, que afecta gravemente al interés general y al medio ambiente, se apruebe por la vía del Decreto-Ley eludiendo los informes preceptivos de los órganos consultivos y el necesario debate público, para una norma profundamente reaccionaria y con planteamientos de siglos pretéritos».

Para los ecologistas, «resulta evidente la influencia de la Croem en esta norma, que desde hace años quiere imponer este tipo de desregulación de la actividad económica en la Región de Murcia».

«Con la excusa de la ‘libertad de mercado’ sacrifican la regulación ambiental, la ordenación del territorio y disposiciones laborales, que precisamente están para prevenir abusos. Quieren una ‘Ley de la selva’, amparando poderosos intereses empresariales que depredan los derechos de la sociedad, con el único de fin de acumulación de beneficios privados a toda costa», añaden.

Ecologistas en Acción ve con preocupación los pocos detalles que de momento han trascendido, pero que, en su opinión, «dejan ver claramente el espíritu de eliminación de garantías que preserven el interés general y el medio ambiente. Precisamente lo que llaman burocracia con desprecio, son normas regulatorias de la actividad privada para corregir y evitar sus excesos».

Y es que, según indican, «la posibilidad de tramitar proyectos sin informes preceptivos, no solo facilita la comisión de abusos, afectando a la salud, la calidad de vida, el medio ambiente, la contaminación, sino que puede facilitar la vía de los ‘hechos consumados’ como forma de ejecutar proyectos que son difíciles de encajar legalmente».

Por otro lado, Ecologistas en Acción afirma que el eximir de evaluación ambiental a proyectos que se declaren excepcionales por la administración regional, «conlleva el riesgo de que se repitan los abusos del pasado, cuando determinados proyectos privados, polémicos por sus impactos, se han intentado desbloquear forzando declaraciones de Interés General, que no era tal».

En cuanto a tramitar proyectos que requieran modificar los planes urbanísticos, sin haber realizado ese cambio, los ecologistas ven un riesgo de introducir «más caos en la ya de por sí nefasta ordenación del territorio en nuestra región, lo que puede incluso contribuir a aumentar riesgos a la salud y la calidad de vida de los habitantes».

Para Ecologistas en Acción, «estas desregulaciones que viene aprobando el Gobierno regional, bajo la presión de la patronal Croem, son contraproducentes, y solo nos traerán más caos y problemas ambientales, sociales y de salud pública, en aras de maximizar el beneficio privado del sector empresarial e inversor más reaccionario e insolidario».

La actual situación del Mar Menor, o el grave problema de contaminación y destrucción de la Sierra Minera y Portmán, «son claros ejemplos del alto coste social, ambiental, y a las arcas públicas, que tiene la desregulación de la actividad empresarial y la falta de control institucional frente a la economía del abuso», afirman, al tiempo que añaden que, cuando tengan acceso al texto completo de la norma, lo estudiarán y valorarán más profundamente.