La Comunidad deroga la orden para dotar de registro propio al Consejo de Transparencia

El Gobierno regional aprovechó el nuevo decreto ley de simplificación administrativa aprobado el jueves para derogar la resolución del Consejo de la Transparencia para disponer de un registro propio, y este viernes anunció que pondrá en marcha «una oficina especializada de registro electrónico» para que este órgano pueda recibir las reclamaciones de los ciudadanos.

El Consejo de la Transparencia, en respuesta a esta decisión, publicó este viernes un comunicado en su página web en el que recalca que el Gobierno regional «insiste en que la titularidad, la gestión y la administración de todo lo relativo a la comunicación de los ciudadanos de la Región de Murcia, a la hora de ejercer su derecho fundamental en el acceso a la información pública, le corresponde a ellos. No quieren órganos independientes y de control como el Consejo de Transparencia».

El comunicado señala que esta iniciativa del Gobierno regional es «un intento desesperado por controlar y hacer callar el Consejo de la Transparencia».

La Comunidad, en cambio, señaló que la derogación aprobada «solucionará los problemas planteados por la aprobación por parte del Consejo de la Transparencia de una resolución por la que ponía en marcha un registro y sede electrónica propios, sin interconexión alguna con el resto de registros de las administraciones públicas, incluida la Comunidad».

Solucionar los problemas

Agrega que la derogación se realizó «siguiendo la recomendación del Consejo Jurídico, que en un dictamen señalaba que la misma era contraria al ordenamiento jurídico por ser ‘una disposición administrativa de carácter general dictada por quien carece de potestad reglamentaria necesaria para ello’».

La Comunidad ofrece como alternativa al registro propio, la creación de una oficina especializada del registro electrónico, con la que «se pretenden solucionar los problemas generados por la decisión del Consejo de Transparencia de no atender las solicitudes que los ciudadanos le estaban presentando a través de los diferentes registros de cualquier administración pública, o desde sedes electrónicas distintas a las del propio Consejo».

El Ejecutivo autónomo añde que así «se pretende garantizar el derecho de los interesados a presentar sus documentos en cualquiera de los lugares previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, derecho que se restablecerá en cuanto el Consejo de la Transparencia acepte la recepción de los escritos presentados por los ciudadanos en el registro de la Comunidad Autónoma o en el de cualquier otra administración pública».