Murcia desencadenada

En 2012, cinco diputados conservadores británicos, entre los que se encontraba la ex primera ministra Liz Truss, publicaron el libro ‘Britannia desencadenada’. Catalogados como los ‘thatcheristas de la generación X’, Truss y sus compañeros abogaban por un modelo de libre mercado con más desregulación, menos impuestos, menos derechos laborales y más prácticas empresariales similares a las de Taiwán o Hong Kong. El libro fue polémico porque criticaba la ética del trabajo de los «ociosos» británicos frente a los modélicos trabajadores de Singapur. Cuando hace menos de dos meses, Liz Truss sustituyó a Boris Johnson y anunció una histórica bajada de impuestos, que incluía la rebaja del tipo máximo del IRPF para las rentas más altas, el mundo de la política y del periodismo desempolvó ese libro en busca de claves. El plan fiscal causó sorpresa general porque, en estos momentos de crisis e incertidumbre, el Gobierno británico dejaría de ingresar nada menos que 50.000 millones de libras. Lejos de ser bien acogido por los mercados, como creía Truss que pasaría, estos reaccionaron con pavor, lo que provocó el hundimiento de la libra esterlina. El Banco de Inglaterra tuvo que intervenir para frenar el desplome de su moneda y de los bonos de deuda pública. No tuvo Truss más remedio que dar marcha atrás en su rebaja fiscal a los ricos, descargando toda la responsabilidad en su ministro de Economía, que fue sustituido. Pero ya era demasiado tarde. Las ondas sísmicas en el interior de su partido de este temerario experimento de liberalismo extremo terminó por costarle la cabeza a la propia lideresa, que finalmente dimitió esta semana solo 44 días después de ser nombrada. Un tabloide había apostado a que la ex primera ministra duraría menos que una lechuga, cuando días antes amenazó con expulsar a sus diputados rebeldes. Y acertó.

El mismo día del adiós de Truss, aquí en la Región de Murcia, el Gobierno de López Miras aprobaba la tercera normativa del PP encaminada a reducir trámites administrativos, principalmente urbanísticos y medioambientales, en aras de favorecer las inversiones empresariales. Una tercera vuelta de tuerca al experimento de liberalismo económico que inició Pedro Antonio Sánchez y que llega ahora, de nuevo con el visto bueno de los empresarios de Croem, en forma de decreto ley, esto es, sin posibilidad de enmiendas en la Asamblea, donde solo será necesaria su convalidación, y otra vez en los estertores de una legislatura. Vaya por delante que el objetivo que persigue la norma me parece necesario, teniendo en cuenta nuestra desventaja competitiva frente a las provincias limítrofes a la hora de captar inversiones y favorecer la creación de empresas. También me parece positivo avanzar hacia la unidad de mercado en todo el país y que se dé un plazo máximo de respuesta para los informes preceptivos, que no pueden frenar la tramitación de todo el expediente.

Cosa distinta son las formas y los tiempos. Este decreto ley modifica puntualmente al menos doce leyes autonómicas y, si se convalida, se hará sin apenas debate y sin informes de órganos consultivos. Reducir burocracia, siempre que no implique desprotección ambiental y urbanística, debe ser una prioridad irrenunciable, pero nunca a costa de achicar el debate parlamentario sobre asuntos importantes, por muy caótica y disfuncional que se haya vuelto la Asamblea. Por la vía del decreto ley se elude la toma en consideración de otras alternativas para la consecución de los mismos objetivos, por ejemplo, a través de la dotación de más recursos humanos y materiales en la gestión administrativa, que a su vez precisa de una reforma urgente, tanto en la Región como en el resto de España. A la vista está, como contamos hoy, con la baja ejecución de los fondos europeos ‘Next Generation’. Faltan muy pocos meses para las elecciones y quizá no haya más tiempo material que para aprobar los Presupuestos, pero este cambio normativo tan sustancial no debería haberse presentado en las postrimerías de la legislatura. Es inevitable pensar que ha sido una tardanza premeditada para lograr su aprobación de forma rápida y sin cambios, lo que no puede ser merecedor de aplauso. Además, hay aspectos de este decreto, del que no se sabe muy bien si completa las normativas anteriores o las enmienda, que generan dudas porque se exime de declaración de impacto ambiental a determinados proyectos, sin conocer qué criterios se seguirán, y se atisban posibles solapamientos competenciales, por ejemplo cuando se posibilitan cambios en las empresas que hasta ahora estaban sujetos a modificaciones de los planeamientos generales de ordenación urbana por los ayuntamientos. Las dos normas previas de simplificación administrativa pasaron el filtro de los tribunales, si bien hubo aspectos puntuales que fueron anulados por un recurso al Constitucional de Podemos. Es pronto para saber si este decreto es irreprochable en lo jurídico o si creará inseguridad. Sus efectos económicos y de otro tipo, para bien o para mal, no se verán de inmediato.

Los electorales serán inapreciables. Aquí la política no funciona como en el Reino Unido. La dimisión de Truss perpetúa una espiral caótica en ese país, pero su renuncia no deja de ser un síntoma de calidad democrática. Se va porque cometió un error garrafal que puso a su país al borde del abismo. En los sondeos de opinión, los índices de aprobación a su gestión estaban por los suelos. No solo los ciudadanos expresaron su rechazo. Diputados de su partido se rebelaron y finalmente la empujaron para que se fuera. En otras muchas democracias del mundo, la polarización es tan intensa que fracasos tan flagrantes de gobierno no pasan factura. A los líderes ideológicamente afines se les perdona todo o casi todo.

El caso de la Región es curioso. Mucho antes de que nos invadiera la polarización y el populismo, los estudios demoscópicos revelaban un apoyo mayoritario al PP por una ciudadanía que, al mismo tiempo, le suspendía en su acción de gobierno. Básicamente, la cosa sigue igual. La democracia precisa de un electorado dispuesto a cambiar de opinión, de votantes que castiguen a los gobiernos cuando fracasan y que los recompensen en las urnas cuando aciertan. Y, sobre todo, de líderes que representen una alternativa y seduzcan al electorado no afín, superando la división en bloques ideológicos. Esas condiciones no parecen darse en la Región. Por eso, que acierte o fracase Miras con este decreto no tendrá trascendencia en las urnas. Aquí la izquierda no pasa del 40%, independientemente de cómo haya gobernado la derecha. Así ocurre desde 1995. Y así seguirá a tenor de cómo actúan los partidos de izquierda, tan ensimismados que apartan a sus más brillantes miembros y se retroalimentan en la burbuja de las redes sociales, donde están más ocupados en desgastarse en guerras culturales que en lograr adhesiones a pie de calle. Les bastaría con fijarse en muchos de sus alcaldes. O aprender de movimientos sociales, como el de la Plataforma ProSoterramiento o la ILP del Mar Menor, que fueron capaces de persuadir a muchos partiendo de cero, de sumar transversalmente apoyos y de ganar lo que se habían propuesto. Viendo el percal que predomina por las alturas, a lo mejor eso es pedir demasiado. Esto, en definitiva, es lo que hay.