Cultura asegura que hizo un «control documental» de la subvención para el auditorio de Puerto Lumbreras

El expresidente autonómico Pedro Antonio Sánchez entra a los juzgados en una de las vistas del ‘caso Auditorio’. / Vicente Vicéns / agm

La funcionaria que firmó la justificación de la ayuda de 6 millones de euros reconoce que lo hizo sin visitar la obra y sin saber que estaba inacabada

Un «control meramente documental». Esas son las palabras que utilizaron repetidamente varios exaltos cargos y funcionarios de la dirección general de Cultura para explicar la supervisión que este organismo realizó de la subvención de seis millones de euros concedida en 2006 para levantar el frustrado auditorio de Puerto Lumbreras. Los magistrados de la Audiencia escucharon este martes -en el marco del ‘caso Auditorio’, que mantiene en el banquillo al expresidente regional Pedro Antonio Sánchez- las explicaciones de cuatro testigos que estuvieron vinculados a Cultura a lo largo del proceso de solicitud y concesión de esa ayuda millonaria para el auditorio lumbrerense.

A lo largo de su declaración varios de ellos aseguraron no tener la capacidad -o la competencia- para vigilar que ese jugoso montante se destinaba al fin previsto. «Yo nunca he entrado a cotejar documentos», remarcó el ex director general de Promoción Cultural Antonio Martínez López. «Entendía que el control jurídico y administrativo se estaba produciendo de manera adecuada».

Esta quinta sesión de uno de los juicios más esperados de los últimos tiempos se dedicó casi por completo a tratar de arrojar luz sobre la forma en que Cultura otorgó la subvención para el auditorio lumbrerense y cómo se controló su justificación. José Miguel Noguera, ex director general de Cultura entre 2003 y 2007, aseguró que en aquellos años llegaban a su departamento muchos grandes proyectos que resultaban «absolutamente infinanciables» con los números que manejaban y citó como ejemplo el Museo Regional de Paleontología y Evolución Humana de Torre Pacheco, el auditorio de Cehegín o el auditorio de Puerto Lumbreras. «Por la dirección general de Cultura pasaban cada día muchos concejales con la carta de los Reyes Magos», ironizó.

Explicó que desde la Consejería de Hacienda recibió una llamada informando de que había remanente para sufragar algunos grandes proyectos y que él dio una lista que incluía, entre otros, el edificio cultural de Puerto Lumbreras. Poco después, entre mayo y junio de 2006, Hacienda, según su versión, dio luz verde y él alertó a los diferentes ayuntamientos de que era posible seguir adelante y de la documentación necesaria. «Recuerdo haber tenido reuniones con algún concejal pero no recuerdo de qué», incidió. «No hablé con el alcalde de este tema».

El fiscal sostiene que Sánchez, a pesar de saber que carecía de disponibilidad sobre una parcela municipal para proyectar un gran equipamiento -y en detrimento de otros consistorios que sí la tenían y podrían optar a esa subvención-, incluyó entre la documentación para solicitar esa subvención un «mendaz» escrito postergando la entrega de documentación y afirmando una supuesta futura titularidad del terreno. El testigo confirmó este martes que su departamento había recibido ese escrito y explicó que la Comunidad ofrecía cierta flexibilidad» a las administraciones a la hora de recabar los documentos necesarios. «Es algo muy habitual porque si no el Estado no funciona», sostuvo.

Noguera fue interrogado por el fiscal sobre la modificación que se realizó en el proyecto básico dado que, según esta parte, en un primer momento se barajó la rambla de Nogalte. Este ex alto cargo reconoció no haber sido conocedor de ese cambio que, sin embargo, tildó de irrelevante. «¿Si lo que se ha hecho es un auditorio a mí qué más me da?».

«No tuve sospechas»

El ex director general de Promoción Cultural Antonio Martínez López, que ocupó este cargo entre 2007 y 2010, reconoció, por su parte, que dio luz verde a una ampliación de plazo en el desarrollo del proyecto sin conocer a fondo el mismo. «Di por hecho que las obras estaban en marcha y existía proyecto de ejecución», incidió. «Nosotros no ponemos ninguna pega si los técnicos no me transmiten ninguna incertidumbre». Martínez López hizo hincapié en que, a lo largo del procedimiento, «nunca tuve ninguna sospecha de que estuviese ocurriendo nada».

Este ex alto cargo incidió, no obstante, en que como director general no tenía capacidad ni era su función el análisis pormenorizado del proyecto y subrayó que esa responsabilidad recaía en la jefa de servicio. Ésta, en su declaración, aseguró no recordar con detalle el control que se realizó sobre este proyecto pero reconoció que «era un examen administrativo».

El tribunal escuchó, por último, a la funcionaria que firmó la justificación de la subvención. «Cuando me incorporé al puesto me encontré una serie de proyectos ya iniciados y yo en ningún momento puse en duda el trabajo de mis antecesoras». La testigo reconoció, a preguntas del fiscal, que firmó la justificación sin visitar la obra y sin conocer que ésta quedaba inacabada. «Desconozco si se hizo una comprobación material», asumió. «La verdad es que la Administración no tiene siempre capacidad para abarcar».

La vista continuaráel 7 de noviembre con los arquitectos

El exconcejal de Hacienda de Puerto Lumbreras José Manuel Alcántara, que compareció como testigo, sostuvo que conoció el proyecto del auditorio cuando llegó al poder y que, desde el primer momento, se barajó la ubicació actual -y no la de la rambla de Nogalte-. Tanto él como otros ediles que participaron en la mesa de contratación reconocieron, a preguntas del fiscal, que desconocían algunos de los aspectos clave del proyecto. «Yo no estaba liberada, era maestra y como no tenía mucho tiempo me centré en los temas de Mujer», remarcó la exconcejal Catalina Gásquez.

La vista se retomará el próximo 7 de noviembre con la declación del exdecano del Colegio de Arquitectos y con algunos profesionales que también presentaron proyectos al concurso.