Siete investigados por vender productos falsificados en la Región de Murcia y el Alto Guadalentín

Siete investigados por vender productos falsificados en la Región de Murcia y el Alto Guadalentín

Un agente muestra algunos de los productos incautados. / Guardia civil

Incautan más de 5.000 productos que presuntamente atentan contra la propiedad industrial

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación ‘Percli’, un dispositivo establecido para perseguir la distribución de productos falsificados, que se ha saldado con la investigación de siete personas, responsables de comercios de la Región de Murcia y el Alto Guadalentín, a los que se les instruyeron diligencias como presuntos autores de delito contra la propiedad industrial.

Las actuaciones se iniciaron el pasado verano, cuando especialistas del Servicio Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil detectaron la comercialización ilícita de productos supuestamente falsificados a través de comercios tipo bazarr. Durante el desarrollo de la operación, los efectivos de la Benemérita se incautaron más de 5.000 productos supuestamente falsificados, concretamente encendedores de gas de una prestigiosa marca.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, como información para diferenciar las unidades originales de las falsificadas y los lugares donde supuestamente había aumentado la venta de estos productos, la Guardia Civil estableció dos fases operativas de actuación, con dispositivos compuestos por más de una decena de guardias civiles del Servicio de Fiscal y Fronteras coordinados con efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana.

La primera fase se desarrolló en la comarca del Alto Guadalentín y la segunda, recientemente, en la Región de Murcia. Ambos dispositivos de inspección se saldaron con la detección de 5.300 mecheros supuestamente falsificados, puestos a la venta en siete comercios de Águilas, Lorca, Puerto Lumbreras, Murcia y Las Torres de Cotillas, donde fueron incautados. Los guardias civiles investigaron a los responsables de los establecimientos, a los que se les instruyeron diligencias como presuntos autores de un delito contra la propiedad industrial. Los investigados, los efectos incautados y las diligencias instruidas ya están a disposición de autoridades judiciales competentes.

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