Imagen de archivo de la protesta de transportistas del pasado marzo. /
Denuncian que el incumplimiento de la ley que prohíbe trabajar a pérdidas ha reducido un 40% el salario de los profesionales
«Los camioneros no podemos asumir un incremento de costes del 30%, sin que nuestro sueldo haya aumentado. No nos sale a cuenta salir a trabajar», lamentó la transportista y portavoz de la Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera en la Región de Murcia, Ester Sampietro. Este es el motivo por el que más de 1.500 transportistas murcianos pertenecientes a esta organización, que integra a autónomos y pequeñas empresas del sector, secundarán el paro nacional convocado a partir del lunes 14 de noviembre de forma indefinida. Esta plataforma es una organización minoritaria de profesionales del transporte que no está integrada en el Comité Nacional, interlocutor que tiene el Gobierno con el sector.
La plataforma explica que el paro anunciado es resultado del incumplimiento continuado, «total y absoluto», del Real Decreto-Ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, que prohíbe trabajar a pérdidas y obliga a los cargadores a pagar precios que cubran los costes del servicio. «Son muchos los cargadores que están pagando los portes por debajo del precio de coste. Ni siquiera hemos podido repercutir la subida del combustible porque no están dispuestos a pagar», aseguró Sampietro.
La plataforma denuncia que los transportistas perciben un 40% menos de salario, con seguros que garantizan lo mínimo imprescindible, y teniendo que descargar ellos mismos las mercancías en destino por ahorrar un sueldo. Entre las medidas reivindicadas figura un nuevo paquete de 450 millones de ayudas directas, que se suman a las ya aprobadas en 2021 y en abril de 2022 como el descuento de 20 céntimos. Además, exigen la prohibición de que los conductores hagan la carga y descarga, la limitación a una hora de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga, el refuerzo de la inspección de transporte o las ayudas al abandono de la profesión.
Según datos de la organización, cada mes se ven obligadas a cerrar entre 200 y 250 empresas en toda España. «Somos muchas las familias que vivimos del transporte, y las que se han tenido que acoger a la Ley de la Segunda Oportunidad para poder salir adelante dejando atrás hipotecas y deudas que nos cuesta el mantenimiento de nuestro vehículo. Incluso, hay compañeros que no han visto más salida que quitarse la vida. Estamos en una situación dramática», indicó la portavoz regional.
Movilizaciones en marzo
La Plataforma en Defensa del Transporte también convocó en marzo un paro por la subida del precio de los carburantes, que se mantuvo durante veinte días, y alteró el funcionamiento de las cadenas de suministro.
Por ello, tras el anuncio ayer de esta nueva convocatoria, varias empresas de la cadena de valor agroalimentaria y de la hostelería, encabezadas por las agrarias Coag y UPA, pidieron que no se repitan «los graves incidentes de marzo». Como sector esencial y estratégico, afirmaron que «ha llegado el momento de que el Gobierno adopte medidas que garanticen el buen funcionamiento de la cadena alimentaria y el abastecimiento de alimentos y bebidas al conjunto de la población en cualquier situación excepcional». Asimismo, solicitaron garantizar «la seguridad y el derecho al trabajo de los transportistas que no quieran secundar el paro».
La protesta llega con la prórroga de la ayuda al combustible pendiente
A poco más de mes y medio para que acabe el año y decaigan buena parte de las medidas anticrisis aprobadas a lo largo de 2022, el Gobierno sigue estudiando qué hacer con una de las más importantes desde el punto de vista social y económico: la bonificación de 20 céntimos de euro por litro en el repostaje de combustibles para todos los usuarios y sin límite.
La deliberación en el seno del Gobierno (se encuentran inmersos los ministerios de Transportes, Hacienda, Transición Ecológica y Economía) ha coincidido con la nueva protesta anunciada por una parte del sector del transporte a partir del próximo lunes, aunque en esta ocasión no reinvindican una rebaja del combustible, sino resolver los problemas internos de la cadena de trabajo y producción. En cualquier caso, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, apuntó ayer que el Gobierno está «a punto» de tomar esa decisión, que se conocerá «en unas semanas». Explicó que se tomarán las medidas que se consideren más eficaces y afirmó que el Ejecutivo es consciente de que el sector del transporte es el más afectado por el encarecimiento de los carburantes.
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