Las víctimas de trata lograrán residencia y ayudas aunque no denuncien

Las personas que sean identificadas oficialmente como víctimas de trata lograrán la residencia en España y todos los beneficios de la ley aunque no denuncien a sus proxenetas o explotadores ni colaboren en su detención. Así lo recoge el anteproyecto de la ley contra la trata que este martes aprobó el Consejo de Ministros, que crea los delitos de explotación laboral, servidumbre y esclavitud -este último castigado hasta con doce años de cárcel- e impondrá hasta cuatro años de prisión a quien pague a sabiendas por los servicios sexuales de mujeres forzadas a satisfacerle.

El documento, elaborado por los ministerios de Justicia, Igualdad, Interior y Seguridad Social, tiene un triple objetivo. Extender el castigo penal que ya recibían los traficantes de personas a quienes luego las explotan, desplegar una red pública para el rescate e inserción social de las perjudicadas y garantizar que las víctima recibe todas las ayudas denuncie o no o disponga o no de documentos de estancia legal en España.

Es el complemento indispensable de la proposición de ley socialista para la prohibición de la industria proxeneta, que ahora debate el Congreso, ya que la mayor parte de las mujeres que se prostituyen en España son víctimas de trata. Pero, además, es una ley integral, que persigue cualquier tipo de explotación de seres humanos, no solo la sexual. El trabajo o las actividades delictivas forzadas, las redes de mendicidad o la trata para matrimonios forzados o tráfico de órganos.

El borrador ha pasado meses bloqueado por los tira y afloja entre PSOE y Podemos y corre un serio riesgo de no ver la luz en lo que queda de legislatura salvo que el Ejecutivo ordene la máxima urgencia para su aprobación, primero con las alegaciones que deben entregar el Poder Judicial, la Fiscalía y el Consejo de Estado y, después, durante la tramitación parlamentaria.

Entre las figuras penales que añadirá al ya existente delito de trata (el moderno tráfico de esclavos), castigado con entre 5 a 8 años de cárcel desde 2010, está el de trabajo o servicios forzados, que cometerá quien con violencia, intimidación, engaño, extorsión o abuso de superioridad explote a un víctima, infracción que pagará con entre 5 y 8 años de cárcel. Quien mantenga sometida y con sus movimientos restringidos la víctima incurrirá en el delito de servidumbre (6 a 9 años de cárcel) y quien, además, someta a la explotada a su total voluntad y anule su libertad será un esclavista y irá de 8 a 12 años a prisión.

Buena parte del anteproyecto se orienta terminar con el gran vacío legal: la falta de rescate de la víctima. Nada más ser detectada, por la policía, la inspección laboral o una ONG, se le dará refugio y asistencia jurídica, psicológica y sanitaria y se activará el proceso para su identificación como víctima de trata. Aunque su estancia en España sea ilegal, se paralizará su expulsión y, si es reconocida oficialmente como explotada a la fuerza, tendrá derecho a acceder por vía extraordinaria a permisos de trabajo y residencia o a su repatriación, a entrar en programas de inserción laboral, a cobrar el ingreso mínimo vital y otras ayudas y disfrutará de preferencia en la vivienda protegida. El Estado creará un fondo específico para compensar económicamente por el daño sufrido a las víctimas que no sean indemnizadas por sus tratantes o explotadores (falta de condena, insolvencia, etcétera).

Órgano nacional de coordinación

Todo el proceso de rescate e identificación estará controlado desde el Mecanismo Nacional de Derivación y la norma creará la Relatoría Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, el órgano que coordinará y supervisará las políticas contra esta lacra, estudiará la incidencia de estas redes delictivas en España, auditará la aplicación de la nueva ley y propondrá mejoras legislativas y en la atención a las víctimas.

El Ministerio de Igualdad aspira a que antes de que el proyecto reciba el aval definitivo del Gobierno incorpore dos novedades. La primera, que las posibles víctimas disfruten de permisos provisionales de trabajo y estancia y de ayudas desde un primer momento, desde que se detecten elementos racionales de su condición de explotadas forzosas, que luego se confirmarían o no con la decisión final. Segunda, que en el mecanismo para la identificación oficial, además de policías, servicios sociales e inspectores de trabajo, tenga también plaza en propiedad la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

El borrador de ley anticipa que en su desarrollo premiará con un distintivo oficial e incentivos a las empresas que tomen medias que certifiquen que en toda su cadena de producción, distribución y venta (incluidas filiales, subcontratas o proveedores), en España o en el extranjero, están libres de trata y explotación de seres humanos. Pero también indica que castigará a quienes no cumplan los protocolos para demostrar un trabajo decente en todo el proceso industrial o comercial. Para estos segundos, los que no expulsen de su negocio la explotación o el esclavismo, habrá multas o prohibiciones para la venta en España de sus productos.