La plantilla de ‘los coloraos’ de Murcia da una tregua hasta el miércoles

Evitar que la cuerda se siga tensando hasta que se rompa. Esto es lo que tácitamente -y sin garantía de éxito- acordaron este viernes las tres partes que integran el conflicto laboral y económico al que se encuentra sometido, en estos momentos, el servicio de transporte urbano de Murcia, el que prestan los llamados ‘coloraos’. Arrancó la jornada de este viernes, tal y como se esperaba, con el plante de la plantilla de la empresa concesionaria, tras el impago de la nómina correspondiente a noviembre. «Deberíamos haber cobrado el pasado jueves, pero la empresa ya nos avisó que el abono no se iba a producir en los próximos días; no se nos dan plazos ni garantías», explica Miguel Cano, presidente del comité de empresa, para justificar la decisión adoptada por los trabajadores en asamblea a primera hora.

La movilización motivó una reunión a media mañana entre el comité de empresa, la edil de Movilidad, Carmen Fructuoso, y representantes de Grupo Ruiz en el Consistorio, tras la que los conductores dejaban en el aire la continuidad de unas movilizaciones ilegales. Y es que se trataba de un paro convocado sin la antelación necesaria y sin los preceptivos servicios mínimos. «No queremos que los impagos se enquisten, por lo que aguantaremos las consecuencias», apuntó entonces Miguel Cano, presidente del comité de empresa, que recordó, no obstante, que los usuarios son los otros grandes perjudicados de la situación.

Por ello, Cano señaló que a lo largo del día se decidirían finalmente los próximos pasos a dar por los trabajadores, ya que una huelga prolongada de este tipo podría conllevar, incluso, despidos disciplinarios. Finalmente, la plantilla decidió dar un voto de confianza hasta el próximo miércoles, ante la aprobación por parte de la Junta de Gobierno del adelanto de la mensualidad de octubre a la empresa -con su correspondiente justificante de pago- y la promesa de la llegada posterior de otros 300.000 euros y de una reunión entre administración y concesionaria para tratar de llegar a un entendimiento.

La concesionaria alega problemas financieros a causa de los «3,5 millones adeudados por el Consistorio». Incluyen en esta suma la liquidación pendiente de 2021, así como las discrepancias en torno a la compensación de los servicios en pandemia. Añaden, además, que se debe liquidar ya 2022 tras la finalización en octubre de la concesión, la cual se les ha «forzado a prorrogar a pérdidas». El Ayuntamiento asegura que se ha liquidado todo aquello que se encuentra vencido, a excepción de lo que resta de 2021, que cifra en 300.000 euros. El PP achacó la situación a una «mala gestión municipal».