La Abogacía de la Generalitat Valenciana no ve «justificación jurídica ni técnica» para el cambio de criterios en el Trasvase

El trasvase Tajo-Segura, en una foto de archivo. / ros caval / agm

Ximo Puig reprocha al Gobierno que «quiera romper unilateralmente» lo acordado en el Consejo del Agua: «No se puede entender»

La Abogacía General de la Generalitat Valenciana elaboró, a petición del Consell, un informe que sirve como base jurídica para instar al Gobierno a respetar el proyecto de real decreto «en los mismos términos en los fue aprobado» por el Consejo Nacional del Agua, el pasado 29 de noviembre, y que «garantizan la continuidad del trasvase Tajo-Segura».

Así, el documento apunta que «no existe ninguna justificación jurídica ni técnica» para cambiar los criterios acordados en el Consejo del Agua y, por tanto, asegura que «no es necesario incrementar los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez, lo que garantizará la llegada del agua procedente del Tajo hasta la cuenca del Segura».

El informe de la Abogacía de la Generalitat «desmonta los argumentos» esgrimidos para tratar de justificar un cambio de última hora en relación a los criterios para fijar los caudales ecológicos, en los que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, apela a una serie de sentencias del Tribunal Supremo sobre el particular, según indicó la Generalitat en un comunicado.

En este sentido, la Abogacía de la Generalitat realizó a cabo un «pormenorizado análisis» de la doctrina emitida por el Alto Tribunal y concluyó que «en ningún momento el Supremo se pronuncia sobre el aumento de los caudales ecológicos, sino que únicamente señala que hay que fijarlos».

«Es más, indica que a la hora de establecerlos hay que tener en cuenta una serie de variables, no sólo ecológicas, sino también socieconómicas y que la fijación de esos caudales no puede realizarse de manera indiciaria y sin la debida justificación», señala el documento.

El informe asegura que estos son los principios en los que se basa la disposición novena del proyecto de real decreto, cuyo mantenimiento, lamentó la Generalitat, cuestiona ahora el Gobierno. Así, esa disposición establece que, «si con las medidas aplicadas se cumplen los objetivos ambientales fijados para esas masas de agua, no será necesario aplicar los escalones previstos en el plan hidrológico a partir del 1 de enero de 2026».

Es decir, puntualiza el documento de la Abogacía, «no será necesario incrementar los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez, lo que garantizará la llegada del agua procedente del Tajo hasta la cuenca del Segura». Por todo ello, el Consell entiende que «no existe, tal como avala el informe de la Abogacía, ninguna justificación jurídica ni técnica para modificar en el último momento un texto que fue aprobado por amplia mayoría en el Consejo Nacional del Agua».

«No se puede entender»

Tras conocer las conclusiones del informe de la Abogacía, el ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, que la Generalitat «ha actuado siempre de buena fe» porque «desde la confrontación y la guerra no llegará agua a Alicante», por lo que ha reprochado que «no se puede entender» que aquello que «se acordó legítimamente» ahora «se quiera romper unilateralmente».

«La Generalitat no está dispuesta en ningún caso a pasar por esta situación», afirmó, y subrayó que el documento «refrenda claramente que no hay ningún motivo ni ninguna virtualidad que haga razonable un cambio de posición respecto a aquello que se acordó legítimamente en el Consejo del Agua».

«El diálogo es la vía para conseguir un éxito que es ni más ni menos que aquello que es imprescindible: que el trasvase Tajo-Segura continúa vigente, pero que al mismo tiempo continúe avanzándose en la capacidad de tener todos los recursos disponibles para tener agua para siempre», añadió.