Esquerra exigirá un referéndum para apoyar una nueva investidura de Sánchez

En plena negociación sobre la reforma del Código Penal y a la espera de cómo acabe finalmente el texto legal sobre el delito de malversación, ERC da ya casi por concluida la carpeta de la desjudicialización y se prepara para pasar a la segunda fase, que es en la que pretende abordar un referéndum. Los republicanos consideran que están cerca de conseguir una «amnistía de facto» y se conjuran para que la siguiente negociación en la mesa de diálogo discuta las condiciones para celebrar un referéndum de autodeterminación.

En la ponencia política que el partido votará en su congreso, a finales de enero, la militancia deberá refrendar la estrategia de la formación para el próximo ciclo electoral. El actual, que ya está en su etapa final, se está saldando con la concesión de los indultos, la derogación de la sedición y la reforma de la malversación, a cambio de la investidura de Sánchez y de aprobarle los Presupuestos Generales del Estado. «Ya toca hablar de cómo hacemos un referéndum», afirman fuentes de la dirección republicana.

De cara a la próxima legislatura, ERC se propone presionar al Gobierno para que aborde la resolución del conflicto. Su objetivo es trasladar el apoyo que existe en la sociedad catalana a la celebración de un referéndum a la mesa de diálogo para entrar de lleno en la negociación política por la que suspiran los independentistas. Su propuesta, según recoge en la ponencia, es un acuerdo de claridad que tiene rasgos del referéndum escocés de 2014, del de Montenegro o de la ley de claridad de Canadá. Así, los republicanos, desde la premisa de que el Gobierno les «necesitará» para la investidura y para gobernar, como en esta legislatura, defenderán una consulta con una pregunta clara, como la del 1-O, afirman en la cúpula del partido. En 2017, las papeletas llevaban la siguiente pregunta: «¿Quiere usted que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?». ERC propone que puedan votar los mayores de 16 años y que se acepte, por parte del Gobierno central, que si gana el sí, se abra una negociación entre las dos partes, con mediación europea, que permita la creación de una república catalana independiente, en línea con la resolución del Tribunal Supremo de Canadá sobre el caso del Quebec. Esquerra solo reconocería la victoria si la participación supera el 50% y el sí recibe un apoyo mínimo del 55%. En el referéndum ilegal del 1-O, la participación fue del 43% y el sí ganó con el 90% de los votos. Las cifras que exigen los republicanos son las que fijaron las instituciones europeas para el caso de Montenegro.

El referéndum es «imprescindible» e «inevitable» para la formación presidida por Oriol Junqueras. «No renunciamos a ningún instrumento democrático que permita a los catalanes decidir sobre su futuro colectivo», afirma la ponencia política de los republicanos. Es su forma de decir que no descartan la vía unilateral. El Gobierno lleva años advirtiendo al independentismo de que ni la amnistía ni la autodeterminación son posibles. Así se expresó Pedro Sánchez tras la primera reunión de la mesa de diálogo celebrada en septiembre de 2021 en el Palau de la Generalitat. Hoy, casi año y medio después, fuentes de la dirección de ERC admiten que han llegado, en la agenda de la desjudicialización, mucho más lejos de lo que hubieran imaginado 18 meses atrás. Pero la coyuntura política de cada momento va determinando las negociaciones. Tras las elecciones andaluzas, «vinieron a buscarnos», señalan en la dirección de ERC. «No tenemos una ley de amnistía, pero han dado dos pasos muy importantes (indultos y Código Penal) que nos acerca a la amnistía de facto», según aseguran en la dirección de Esquerra. Por ello, confían en que los socialistas se avengan a pasar a la segunda fase de las conversaciones. Dependerá del resultado electoral, de la fuerza parlamentaria que tenga ERC y lo necesarios que sean sus diputados.

La propuesta de ERC llega en el peor momento posible para el Gobierno, en plena negociación sobre la reforma del delito de sedición y cuando la oposición le acusa de entregarse a los independentistas. Los republicanos no contribuyen, con la iniciativa, a que se rebaje la tensión política, marcada por las peticiones de elecciones por parte del PP, de una moción de censura por parte de Vox y acusaciones de Ejecutivo ilegítimo. Sánchez admitió en Barcelona, el domingo pasado, que «arriesga» con las reformas en el Código Penal, pero que lo hace porque a su juicio es el «único camino» para «rescatar a Cataluña de la crispación» y para «sacar el debate político y la confrontación de los juzgados».