El Supremo aboca al Gobierno a corregir la ley del ‘sí es sí’ al ver «obligatorio» rebajar penas

Hace nueve días, en los corrillos en el Congreso con motivo del aniversario constitucional, el presidente del Gobierno se abrió por primera vez a introducir un reajuste técnico en la ley del ‘solo sí es sí’, a modo de torniquete para frenar la indeseada rebajas de penas a condenados por delitos sexuales y asegurar, en el futuro, que la controvertida grieta se tapona. Pedro Sánchez levantaba así un tabú -la posible corrección de la norma- que el Ministerio de Igualdad sigue sin contemplar tan siquiera, pero al que sí habían ido apuntando ministras como María Jesús Montero o la jueza de profesión Margarita Robles, alguien con pedigrí como el expresidente González y un goteo de cargos socialistas. Sánchez había entornado la puerta de la reforma condicionándola a la doctrina del Supremo. Ayer, en el folio 113 de la sentencia por el ‘caso Arandina’, el alto tribunal viene a responder al presidente diciéndole que la atenuación de penas en beneficio del reo es inevitable con esta ley en la mano.

El veredicto, anticipado hace dos semanas y cuyo contenido -con el voto particular de un magistrado que no tiene que ver con la nueva y polémica regulación- se ha desvelado ahora, no basta por sí solo para sentar la posición concluyente del Supremo que sirva de guía para los juzgados y tribunales inferiores a la hora de revisar castigos ya dictados por delitos sexuales y evaluar los vayan instruyendo. Hacen falta dos sentencias en la misma línea. Pero si el sentido del fallo del 29 de noviembre ya anunciaba la suavización de la pena que podía habérseles impuesto a los dos jugadores de la Arandina condenados por violentar la intimidad de una menor-de los diez años de cárcel potenciales a nueve-, al verse favorecidos como otros por el articulado del ‘solo sí es sí’, los argumentos del veredicto desgranados ayer no dejan margen para la incertidumbre.

La Sala integrada por Julián Sánchez Melgar, Ana Ferrer, Vicente Magro, Susana Polo y Ángel Luis Hurtado -el autor del voto discrepante- constata que impone a los sentenciados esos nueve años por ser «la mínima» condena posible y la «más beneficiosa para el reo» según determina en su artículo 2.2 el Código Penal. Y, en este contexto, despeja las dudas que ha venido esgrimiento el Gobierno sobre que los jueces estén aterrizando adecuadamente las previsiones legales vigentes desde octubre: la «acomodación» de las penas es «obligatoria» porque la nueva norma es más favorable a quien ha delinquido.

Se trata, corona su tesis el Supremo, de un «ajuste de proporcionalidad de la culpabilidad a la penalidad imponible». El Gobierno puede escudarse en que aún falta otro veredicto similar para dar por hecho que el alto tribunal ha fijado doctrina. Pero las fuentes jurídicas consultadas creen que no le queda apenas espacio para seguir reivindicando que otra interpretación de la ley es posible en lo que se refiere no solo al recuento de las penas ya dictadas, sino en recursos de casación homologables que lleguen al tribunal.

Otro caso no equiparable

Los socialistas -lo hizo la víspera la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, aunque sin concretar- han esgrimido en estas horas otra sentencia del Supremo para tratar de sostener su convicción de que las interpretaciones judiciales son disímiles. El martes el tribunal, en otra revisión en casación -es decir, con la condena aún no firme-, mantuvo los 15 años de castigo para un padre que violó durante años a su hija y llegó a tener un hijo forzado con ella.

Según los medios jurídicos citados, la ley del ‘solo sí es sí’ no tiene cabida en este caso porque la condena sigue siendo la máxima posible -no hay horquilla sujeta a evaluación- al no haberse modificado los graves delitos atribuidos. PSOE y Unidas Podemos han registrado una enmienda en la batería de cambios del Código Penal que se votarán hoy en el Congreso para intentar refrenar las bajadas de pena y las excarcelaciones, que superan el medio centenar, sin corregir la ley. Una iniciativa de difuso resultado.