Las claves de una jornada sin precedentes en la democracia española

Las principales instituciones del Estado se enfrentaron este jueves a una jornada crítica. Y el conflicto no ha terminado. El Partido Popular presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, al que le pidió medidas cautelarísimas para frenar la votación prevista para este mismo jueves de dos enmiendas presentadas por los dos grupos parlamentarios que dan soporte al Gobierno, Unidas Podemos y el PSOE, con que busca la reforma de las leyes que rigen el funcionamiento del Tribunal Constitucional (TC) y el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El TC, que había previsto la celebración del pleno urgente para dirimir la cuestión hoy mismo, lo ha retrasado hasta el lunes. La votación en el Congreso de los Diputados se celebra esta tarde, pero con la enorme incertidumbre sobre la decisión que tomará la corte de garantías la semana que viene y sus consecuencias.

En todo caso, se trata de un choque sin precedentes en la historia democrática española de los tres poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ofrecemos un mapa de las principales claves del conflicto.

➩ Este tribunal de garantías es el que tiene competencia para decidir si las normas aprobadas por el Gobierno o por el poder legislativo son acordes con los principios constitucionales, por lo que tiene la potestad de tumbar legislaciones que contravengan la Carta Magna.

➩ El TC también es el órgano en el que se busca amparo ante violaciones de derechos y libertades.

➩ Y, además, dirime conflictos de competencias entre los diferentes niveles del Estado. Asimismo,
el Gobierno central puede impugnar ante el TC las decisiones de las Comunidades Autónomas.

➩ Actualmente, tiene la siguiente composición, con cuatro de sus miembros pendientes de renovación:

➩ El CGPJ es el órgano de gobierno del poder judicial. Está regulado por una ley orgánica.

➩ Está integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que es el que lo preside, y por veinte miembros nombrados por el rey por un periodo de cinco años. De ellos, cuatro se escogen por el Congreso de los Diputados y otros cuatro por el Senado, por una mayoría de tres quintos de sus componentes.

➩ Actualmente, su composición, y su posición sobre la renovación del TC es la siguiente:

➩ El CGPJ es el encargado de designar dos de los doce magistrados del Tribunal Constitucional por una mayoría de tres quintos de sus miembros.

➩ El máximo órgano de gobierno de la magistratura lleva cuatro años en situación de interinidad por el desacuerdo de los dos grandes partidos, PSOE y PP, para acometer su renovación.

➩ A ello se une la parálisis en el nombramiento de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional con su mandato vencido, dos de los cuales competen al CGPJ, que internamente no es capaz de acordar los nombres; y los otros dos, corresponden al Gobierno, que ya ha propuesto al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la ex alto cargo del Ministerio de la Presidencia Laura Díez.

➩ Pero, de acuerdo con la ley actual, el CGPJ se tiene que renovar por tercios, es decir, que el Gobierno y el CGPJ deben acometer a la vez los relevos que les corresponden a cada uno. Sin el acuerdo del CGPJ, los candidatos del Gobierno no pueden tomar posesión de sus cargos.

Aunque el recurso presentado por los populares al TC se debe a cuestiones de procedimiento, porque afirman que se están vulnerando los derechos de los diputados, el PP esgrime también razones en contra de la reforma del Gobierno por su contenido:

➩ Los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos, en la justificación de sus enmiendas, se amparan en que los plazos que marca la Constitución para que el CGPJ escoja a sus magistrados para el TC (tres meses a partir del vencimiento de su mandato) no han resultado suficientes y que no hay nada que impida que esa designación se dilate ‘sine die’.

➩ Con su propuesta, que aligera las reglas que ha de seguir el CGPJ para nombrar a sus magistrados en el TC, alegan PSOE y Unidas Podemos, no sólo se resolvería la situación actual de bloqueo en la renovación del Constitucional, sino también eventuales situaciones similares en el futuro.

➩ También esgrimen que no supone perjuicio alguno el hecho de que puedan renovarse por separado los magistrados que compete elegir al Gobierno y los que tiene que designar el CGPJ, más bien al contrario: defienden que con la reforma propuesta se evita que un órgano pueda bloquear al otro en el relevo de sus correspondientes miembros.

Además de criticar su contenido, los populares declaran que el Gobierno, con el mecanismo que ha empleado para realizar la reforma, incurre en varios «vicios»:

➩ En primer lugar, alegan, el Ejecutivo (a través de los partidos que lo conforman) emplea para realizar los cambios en las reglas de funcionamiento de los órganos judiciales la reforma del Código Penal en la que se ha embarcado para derogar el delito de sedición. Defienden que no se pueden cambiar dos leyes (la que regula el TC y la que regula el CGPJ) con enmiendas a otra ley (el Código Penal).

➩ En segundo lugar, critican la celeridad de la tramitación, lo que ha hurtado la posibilidad del debate parlamentario de la reforma de la justicia.

➩ Y, por último, también recriminan al Gobierno que trate de interferir en el tribunal de garantías, el único órgano con la capacidad de derogar leyes del Gobierno.

➩ Como medida cautelarísima, el PP pidió suspender la tramitación de las dos enmiendas del PSOE y Unidas Podemos que contienen la reforma judicial, es decir, que se hubiera suspendido su votación en el Congreso, prevista para este mismo jueves.

➩ La medida cautelarísima establece un sistema de protección provisional para los casos en los que concurran circunstancias de especial urgencia que permitan paralizar un acto administrativo sin tener que atender a la parte contraria, en este caso al PSOE y a Unidas Podemos.

➩ La petición de medidas cautelarísimas estaría justificada cuando se fuera a generar un daño inminente que no pudiera repararse.

➩ El Tribunal Constitucional podría haber dicho que no había urgencia que justificara adoptar medidas cautelarísimas.

➩ La alternativa podría haber sido la adopción de medidas cautelares, que implica seguir un procedimiento ordinario que otorgaría un plazo no superior a los diez días para que las partes puedan alegar, en este caso, el PSOE y Unidas Podemos. En el caso que nos ocupa, este plazo habría dado tiempo a la votación de las enmiendas.

➩ Dado que el TC ha aplazado su pleno al próximo lunes, de adoptar medidas cautelares también podría dar tiempo suficiente a que la votación tenga lugar en el Senado.

➩ Los cinco magistrados progresistas solicitaron un aplazamiento del Pleno que estaba convocado primero para las diez y después para las doce de la mañana de este jueves «por el tiempo indispensable» que permitiera «el estudio completo del asunto», alegando el «volumen de la documentación aportada, de la complejidad de la cuestión que plantea el recurso y la relevancia de la decisión». Estos magistrados alegaron que todo ello les «imposibilita» participar en la deliberación y la votación.

➩ Supone que no haya tenido lugar la suspensión de la votación de las enmiendas sobre la reforma de la justicia previstas para el pleno extraordinario de esta tarde.

➩ Ni siquiera ha tenido que pronunciarse sobre la conveniencia de aplicar esa medida cautelarísima. De hecho, ello puede implicar que, de facto, no se han admitido las medidas cautelarísimas que pedía el Partido Popular.

➩ Pero habrá que esperar a la decisión que comuniquen el próximo lunes los magistrados del Tribunal Constitucional. Podrían archivar el recurso. Pero también podrían suspender la tramitación de esas enmiendas en el Senado, cuyo debate está previsto para el 22 de diciembre, y así suspender su entrada en vigor tras su publicación en el BOE.

➩ Siempre es posible presentar un recurso de inconstitucionalidad ante cualquier norma una vez en vigor.

➩ De hecho, el Partido Popular avisó este miércoles de que la presentación del recurso de amparo no es óbice para que más adelante recurra por inconstitucionalidad de la reforma.

➩ Los partidos socios de Gobierno promovieron la reforma del Código Penal para sustituir el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados.

➩ Pero a esa proposición de ley se añadieron más materias:

1. La creación de una figura específica sobre la ocultación de cadáveres.

2. La trasposición de directivas europeas de índole económica (lucha contra el fraude o sobre competencia)

3. Además, se incorporaron, vía enmiendas tanto de UP y el PSOE como del resto de grupos parlamentarios, otras cuestiones muy relevantes: la reforma del delito de malversación, la creación del delito de enriquecimiento ilícito y, por último, las enmiendas para reformar la justicia.

➩ No existe prácticamente ningún precedente de la suspensión de un acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados o de una de sus comisiones sectoriales -éstas fueron en su momento las que decidieron que siguiera la tramitación de las enmiendas objeto de la disputa- por parte del Tribunal Constitucional.

➩ Sólo en 2017 ante un recurso presentado por el PSC la corte de garantías paralizó un acto aprobado por la Mesa del Parlamento catalán: la comparecencia del expresidente Carles Puigdemont prevista para valorar los resultados de la consulta del 1 de octubre, que fue declarado ilegal por el TC.

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