Sánchez niega «plena legitimidad» al actual Constitucional para tomar decisiones

El Gobierno no ha querido responder hasta ahora a la pregunta de qué considera que debe hacer el Senado si el Tribunal Constitucional decide suspender cautelarmente antes de este jueves, como pide el PP, la modificación de las reglas para la designación de sus magistrados, que fue introducida por el PSOE y Unidas Podemos a través de una enmienda en la polémica reforma penal de la sedición y la malversación para sortear el procedimiento legislativo ordinario. Pero Pedro Sánchez negó hoy que el actual tribunal de garantías tenga «plena legitimidad» para tomar esa decisión porque cuatro de sus miembros tienen el mandato caducado.

Ninguna ley dice que en casos como el actual, en los que no se ha procedido a la renovación en plazo, el órgano deba abstenerse de resolver las cuestiones que se le plantean. En principio, conforme a la norma todas sus facultades siguen intactas, aunque es cierto que ‘motu proprio’, los actuales presidente y vicepresidente, Pedro García-Trevijano y Juan Antonio Xiol (dos de los que deben ser renovados), llevan meses aparcando la deliberación sobre los asuntos de mayor calado político. Sin embargo, Sánchez insistió en que sería «de todo punto razonable» que quien decida sea un tribunal con todas sus «competencias».

En plena resaca del bronco pleno del Congreso en el que el Gobierno logró sacar adelante el controvertido texto legislativo, después de toda una mañana en vilo ante la posibilidad de que el máximo garante de la Carta Magna atendiera lo solicitado en el recurso de amparo de los populares, Sánchez dedicó su intervención en la presentación de candidaturas municipales del PSOE, en Valencia, a explicar a los suyos cómo deben interpretar el presente choque institucional entre los distintos poderes del Estado.

El jefe del Ejecutivo evitó señalar a los jueces y al propio Constitucional, tanto como hizo el pasado jueves, cuando dijo que «la derecha política y judicial» habían estado a punto de cometer un «atropello democrático». Esta vez, cargó las tintas más sobre todo en el PP por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que debía haber sido renovado hace cuatro años con una mayoría parlamentaria para la que son necesarios los dos principales partidos del sistema y que, a su vez, ha derivado en el bloqueo de la renovación del tribunal de garantías, por las maniobras dilatorias ejercidas por los vocales conservadores para no designar a los dos magistrados que por turno le corresponden y frenar la designación de los del Gobierno.

«¡No se cortan un pelo!»

«El PP pide elecciones anticipadas, todos los días y para todo. Pero cuando ellos gobiernan ni elecciones anticipadas ni retrasadas, porque lo que toca es mantener en los puestos a aquellos que ellos nombran aunque sea de por vida» censuró. «Es lo que están haciendo desde hace 4 años en el CGPJ, incumpliendo la Constitución, y en el Constitucional: bloquear el Gobierno de los jueces, bloquear el Constitucional y si para ello necesitan bloquear también el Parlamento, pues no se cortan un pelo, van y lo hacen. Así entienden la derecha y ultra derecha la democracia», alegó.

El recurso de amparo presentado por el PP alega que, al tramitar la reforma de las leyes del TC y CGPJ con la que el Gobierno busca forzar ya la renovación del primero de esos órganos simplemente como enmienda, se les ha vulnerado su derecho a ejercer sus funciones en el marco del procedimiento legislativo establecido en la Constitución. Y hay precedentes en los que el órgano ha dado la razón a diputados o senadores en casos similares, por ejemplo, cuando el Gobierno de Aznar impulsó la creación del delito de referéndums ilegales a través de una enmienda en la Cámara Aja a la Ley de Arbitraje, que nada tenía que ver. Entonces fue el PSOE quien presentó recurso. La diferencia es que no pidió medidas cautelares para paralizar el proceso. Nadie lo ha hecho nunca desde las Cortes Generales. La decisión del Constitucional llegó años después.

En este caso, si el Constitucional resuelve en la reunión convocada para este lunes sobre las medidas cautelares solicitadas por el primer partido de la oposición (algo que no está nada claro porque también tiene que decidir si acepta la recusación de Trevijano y Antonio Narváez, solicitada por Unidas Podemos) el Senado tendría que tomar una decisión sobre la inclusión en el orden del día de próximo jueves del texto que le llegó del Congreso.