El Constitucional frustra el intento del PSOE y Unidas Podemos de recusar a dos magistrados

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC), reunido desde las 10 de la mañana de este lunes, ha rechazado por seis votos a cinco debatir las recusaciones pedidas por el PSOE y Unidas Podemos para apartar al presidente Pedro González- Trevijano y el magistrado Antonio Narváez, según han informado fuentes jurídicas. Esta decisión supone un varapalo al intento del Gobierno de aplazar la decisión de la corte de garantías sobre la admisión a trámite del recurso de amparo planteado por el PP. Los populares reclaman la paralización de la reforma que promueve el Ejecutivo para desbloquear la renovación del TC, porque el procedimiento elegido vulnera el derechos a la participación política de sus parlamentarios.

Las recusaciones de ambos magistrados era la baza de los dos partidos en el Gobierno para ganar tiempo y llegar a la votación del pleno del Senado del proximo jueves. El motivo alegado por socialistas y morados era que González-Trevijano y Narváez tenían un “interés directo” en que no se renovara el TC, ya que ambos tienen el mandato caducado desde junio y deberían ser sustituidos por los dos magistrados elegidos por el Ejecutivo: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez.

Con esta idea encima de la mesa, los cinco magistrados del bloque progresista han hecho una defensa jurídica de esta tesis en la sesión del pleno de esta tarde. Han alertado de los riesgos que se corría si no se apartaban de la tramitación del procedimiento abierto. Para ello, se han escudado en la
doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que recoge que, antes de adoptar cualquier decisión, se debe examinar la composición del tribunal para cumplir con la exigencia de apariencia de imparcialidad de sus miembros.

Por su parte, el sector conservador, mayoritario con seis magistrados, ha defendido que en la actualidad hay cuatro de sus miembros que tienen el mandato caducado, además González-Trevijano y Narváez, el vicepresidente Juan Antonio Xiol (progresista) y el magistrado Santiago Martínez-Vares (conservador). De esta manera, las recusaciones también afectaría a estos dos miembros por tratarse de la misma consideración que los primeros, según ha alegado este bloque.

Además, el sector conservador ha advertido que de apartarse los cuatro el pleno perdería el quórum necesario para seguir celebrándose, ya que se require un mínimo de ocho magistrados para resolver. En cualquier caso, ha ganado la tesis de que las recusaciones han sido solicitadas por dos grupos parlamentarios que carecen de legitimación en el procedimiento del recurso de amparo plateado por el PP. El motivo es que la decisión sobre las medidas cautelarísimas reclamadas por este partido para suspender la tramitación de la reforma se debe tomar inaudita parte, es decir, sin la audiencia de la parte contraria dada la circunstancia de especial urgencia del asunto impugnado.