Podemos presiona a Sánchez para congelar el precio de los alquileres y las hipotecas

La vivienda vuelve a ser el principal caballo de batalla entre PSOE y Unidas Podemos. El conflicto que se vivió entre ambas formaciones con la controvertida Ley de Vivienda –que sigue bloqueada en el Congreso– se ha trasladado ahora al tercer plan anticrisis que el Gobierno aprobará este martes y que incluirá nuevas medidas para mitigar el impacto de la escalada de los precios y la crisis derivada de la guerra en Ucrania, entre las que destacan un cheque ayuda a las familias para la compra y la rebaja del IVA en determinados alimentos.

A falta además de cerrar los últimos flecos sobre estas dos iniciativas, la negociación entre los dos socios de Gobierno se centra ahora en la presión que está ejerciendo el partido morado para que, además de mantener el tope del 2% al precio del alquiler, se incluya la prórroga de un año de los contratos que venzan con las mismas condiciones actuales –al estilo de lo que se aprobó en plena pandemia–, lo que supondría una especie de blindaje a los alquileres. «Ahora protegemos de las subidas de los precios con el tope, pero hay que proteger también cuando toca renovar», defienden desde el Ministerio de Derechos Sociales, que ponen en valor que la vivienda es el «principal gasto para la mayoría de familias españolas».

Por eso, otra reclamación de Podemos que está alargando la negociación hasta el último minuto es la congelación de las hipotecas variables. Exigen que, a la hora de actualizar la cuota del préstamo, se tome como referencia el euríbor a fecha 30 de junio, cuando la tasa se situaba en el 0,85%, casi una cuarta parte que la de diciembre, que ha escalado al 3,2%. Ninguna de estas dos iniciativas convencen a los socialistas, que se resisten a aceptarlas; más cuando el Ministerio de Asuntos Económicos acaba de pactar con la banca un código de buenas prácticas que incluye carencias y reducciones de intereses, un pacto que a ojos de Podemos es insuficiente.

Por eso, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, resaltó este lunes en Twitter que «es imprescindible dar garantías a las personas trabajadoras en estos momentos inciertos: prohibir el despido o garantizar el contrato de relevo, pero también proteger frente a las subidas del precio de la vivienda o de los alimentos. Seguimos trabajando para garantizarlo», aseguró.

Lo que sí se da ya por hecho es el acuerdo para poner en marcha un cheque ayuda para aliviar el incremento del gasto en la cesta de la compra. Queda por cerrar, no obstante, la cuantía y a quién beneficiará. Unidas Podemos quiere que sea de 300 euros y no se limite a las familias vulnerables, sino que impacte también en las rentas medias (por debajo de 42.000 euros anuales), lo que podría extenderlo a entre ocho y diez millones de personas.

Finalmente el Gobierno socialista también ha cedido y, aunque inicialmente no era partidario de aplicar una rebaja de impuestos, todo apunta a que habrá descensos en una parte de los alimentos, como por ejemplo el pescado, que ahora tiene un IVA del 10% y podría pasar al 4%, según confirmaron fuentes de Moncloa a este periódico.

La legislación actual cuenta con un IVA del 21% para determinados productos vinculados a la alimentación (zumos o bebidas refrescantes, entre otros), el 10% (pescado, aceites, pasta, yogures, agua embotellada, café o conservas) y del mínimo 4%( huevos, verduras, frutas, legumbre, pan, queso o leche).

Adiós a los 20 céntimos

Lo que está prácticamente descartado es que continúe la bonificación al combustible, con 20 céntimos de euro de descuento por litro repostado, a partir del 1 de enero. Así lo han indicado las ministras Calviño y Montero en sucesivas ocasiones. Esta ayuda debe adaptarse y retirarse para centrarse en el acompañamiento de los sectores profesionales más afectados por la subida del combustible, como los transportistas, los agricultores y ganaderos o los trabajadores del mar.

Por el contrario, hay medidas que ya se han confirmado que se prorrogarán, como el límite del 2% para la actualización de las rentas de alquiler; la subida del 15% de las pensiones no contributivas pactada con Bildu; la gratuidad de los billetes de Cercanías y Media Distancia para viajeros frecuentes; la bajada del IVA del recibo de la luz del 10% al 5%, que se aplica a los consumidores, empresas o particulares con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios; la aplicación del tipo impositivo del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad, y la suspensión temporal del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.