Salud solo notificó un aborto en la sanidad pública de la Región de Murcia en 2021

Un doctor realiza una ecografía a una mujer embarazada, en una imagen de archivo. / Guillermo Carrión / AGM

La Comunidad se mantiene entre las cinco autonomías que derivan a la privada prácticamente todas las intervenciones

La estadística de abortos de 2021, publicada la semana pasada por el Ministerio de Sanidad, recoge la realización de una única intervención de este tipo en la sanidad pública de la Región de Murcia a lo largo de todo ese año, frente a las 3.266 que se llevaron a cabo en clínicas privadas de la Región. La Consejería eleva a 9 la cifra de interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en La Arrixaca -todas ellas a partir de la semana 22 de gestación- y justifica que no se hayan notificado al Ministerio por «razones meramente burocráticas», relacionadas con el sistema informático.

Pero más allá de este baile de cifras, lo que refleja la estadística es que, un año más, la Región de Murcia se mantuvo en el grupo de comunidades que prácticamente derivan todos los abortos a centros concertados. En Extremadura no consta la realización de ninguna intervención en su sanidad pública, mientras el Servicio Madrileño de Salud apenas asumió 2 de un total de 15.188. Los sistemas públicos de Castilla-La Mancha y de Aragón solo notificaron 2 y 5 abortos, respectivamente.

Estas cifras contrastan con las de Cantabria, Baleares y Cataluña, donde la red pública practicó el 67%, el 62% y el 52,5% de las interrupciones voluntarias del embarazo, respectivamente. En otras comunidades, los abortos extrahospitalarios se siguen derivando mayoritariamente a la privada, pero no ocurre lo mismo con los que se llevan a cabo en hospitales, que sí son asumidos principalmente por los servicios de salud autonómicos. Es el caso de Asturias, País Vasco, Canarias, Comunidad Valenciana y Navarra.

La estadística del Ministerio refleja, en definitiva, grandes diferencias entre territorios. En toda España, el porcentaje de abortos realizados en el Sistema Nacional de Salud fue aumentando paulatinamente en los últimos años, pero aún no llega al 16%. De las 90.189 intervenciones registradas en todo el país en 2021, poco más de 14.000 fueron practicadas en la sanidad pública.

La nueva l
ey del aborto elaborada por el Ministerio de Igualdad, que ya fue aprobada en el Congreso, pretende cambiar esta realidad y establece que el sistema público será la red de referencia para las interrupciones voluntarias del embarazo. Los centros concertados deben quedar como apoyo para cuando no sea posible la realización de estas intervenciones en centros públicos, según el nuevo texto legal.

El modelo se mantiene

Pero, de momento, la Consejería de Salud no tiene previsto modificar el modelo vigente en la Región de Murcia. De hecho, el pasado mes de junio adjudicó a varias clínicas privadas la realización de la gran mayoría de abortos durante los próximos cuatro años, por 6,4 millones de euros. La sanidad pública solo asumirá directamente las interrupciones, muy excepcionales, que se producen por encima de las 22 semanas de gestación. Estos casos tienen que pasar por un comité clínico que acredite una enfermedad extremadamente grave en el feto. Las mujeres que interrumpan el embarazo a partir de la semana 20 por patología fetal también podrán finalizar el proceso (dilatación y expulsión) en la sanidad pública, pero los tratamientos previos seguirán realizándolos las clínicas privadas.

Todo esto en una región donde la tasa de abortos se sitúa por encima de la media. El año pasado se realizaron 11,46 intervenciones por cada 1.000 mujeres de entre 14 y 44 años. Solo Asturias, Baleares, Madrid y Cataluña superan esta cifra.