La Audiencia Nacional plantea ya una revisión de penas por la reforma de la malversación

La ministra Isabel Rodríguez, ayer, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros. / Eduardo Parra / EP

La Moncloa intenta alejar el temor a una cascada como la del ‘solo sí es sí’ y subraya que el caso está en fase de instrucción

La Fiscalía Anticorrupción tiene encima de la mesa la primera revisión del delito de malversación tras la reforma penal pactada por el Gobierno con ERC para beneficiar a los condenados y encausados del ‘procés’, que entra en vigor el viernes. El Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, que instruye el ‘caso Acuamed’ –la investigación que estalló en 2016 y afecta a varios contratos de la empresa pública de aguas de las cuencas mediterráneas– ha solicitado al Ministerio Público que examine el auto de procesamiento por si cabe reducir las penas de la malversación sin ánimo de lucro, como recoge la modificación legal para este supuesto.

El juez Joaquín Gadea entiende que «la nueva reforma del artículo 432 del Código Penal podría suponer una revisión del escrito» y considera necesario valorar si procede o no la transformación de las diligencias previas a sumario, ya que, con la reforma de la malversación, el delito más grave de cuantos se instruyen en esta causa, podría no haber ningún ilícito penal que supere los nueve años de prisión, lo que llevaría a mantener el procedimiento como abreviado.

Con el anterior Código, la malversación de caudales públicos llegaba hasta los 12 años de cárcel independientemente de que el delincuente se quedara con el dinero o no, y ahora la sanción máxima es de cuatro años si no existe apropiación, como es este caso. El juzgado pone el foco en la presunta adjudicación fraudulenta de obras a una decena de compañías por parte de Acuamed, empresa pública vinculada al Ministerio de Medio Ambiente, y en la falsificación de certificaciones y liquidaciones para aumentar las cantidades que recibieron las adjudicatarias de los contratos del organismo público, tanto con los populares como con los socialistas.

El Gobierno defendió ayer que no hay ninguna razón para alarma. Su portavoz, Isabel Rodríguez, rechazó, en su comparecencia habitual de los martes tras el Consejo de Ministros, que la solicitud hecha a la Fiscalía por el juez Gadea permita certificar los temores expresados por algunos dirigentes del PSOE o las advertencias realizadas por diversos juristas sobre la posibilidad de que el cambio legislativo originariamente ideado para aliviar las principales penas del ‘procés’ (sedición y malversación), dé lugar a una cascada de rebajas de condenas por corrupción, como ha ocurrido con más de un centenar de agresores sexuales desde que entró en vigor la ley del ‘solo sí es sí’.

Rodríguez alegó que la solicitud del juez no es más que un «trámite procesal» lógico en el periodo de instrucción cuando se ha producido una reforma y del que aún cabe extraer ninguna conclusión. Pero, sobre todo, argumentó que la modificación del Código Penal –tramitada de manera inusualmente urgente y justificada por Pedro Sánchez como un paso por la «convivencia» en Cataluña– no permitirá que «ningún tipo de corrupción quede sin reproche penal».

Que no haya reproche no es lo que inquieta a los distintos cargos del PSOE que durante la negociación con los independentistas mostraron su recelos al cambio legal. A cinco meses para las autonómicas y locales, lo que les preocupa es que enjuiciados por casos mediáticos como ‘Kitchen’, ‘Lezo’, ‘Púnica’ y los ‘ERE’, en los que no hubo enriquecimiento personal, pero sí desvío de fondos públicos para fines espurios, puedan tener castigos leves.