Una huelga indefinida amenaza con paralizar los juzgados

A los letrados de la administración de justicia se les acaba la paciencia. Tras varias jornadas de protestas a lo largo de los últimos meses, este colectivo –antes conocido como secretarios judiciales– iniciará el próximo día 24 una huelga indefinida que amenaza con paralizar, en parte, la actividad de los juzgados. La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia de Murcia (UPSJ), la asociación independiente de letrados de la administración de justicia (AInLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia convocan esta movilización a nivel nacional para protestar contra la paralización de los acuerdos a los que habían llegado con el Ministerio.

Hasta el 90% de estos profesionales en activo han llegado a secundar alguna de las jornadas de paro convocadas por este colectivo para forzar al Ministerio a conceder una adecuación salarial que, aseguran, llevan aguardando más de 13 años. Estas sucesivas huelgas, que se iniciaron el 26 de enero del pasado año, han derivado en la suspensión de centenares de juicios en la comunidad, según los datos facilitados por fuentes judiciales.

Pagos en el aire

Antes de iniciar una huelga indefinida el próximo día 24, este colectivo ha tratado de quemar su último cartucho enviando una carta al presidente del Gobierno, Pedro Antonio Sánchez. En la misiva los tres colectivos convocantes advierten de que esta medida de protesta «tiene un impacto directo global en los ciudadanos, en las empresas y en todos los operadores jurídicos que se relacionan con este servicio público». En este punto, recuerdan que la intervención de los letrados de la administración es «imprescindible» para que salga adelante buena parte de la actividad de los tribunales del país.

En la carta, este colectivo alerta al presidente, además, de que el paro producirá un perjuicio económico ya que se paralizan los pagos judiciales a particulares –como las pensiones de alimentos, deudas, indemnizaciones…– y al erario público –multas, depósitos…–. Por este motivo, apelan a Sánchez para que, «ante la gestión insesible e irresponsable» del Ministerio de Justicia, adopte las medidas oportundas para reconducir este conflicto evitando a la ciudadanía los perjuicios que generaría esa huelga indefinida.

Estos funcionarios centran sus reivindicaciones en el reconocimiento de una negociación colectiva propia y en una adecuación salarial acorde al incremento de las competencias que asumieron en 2009 con la reforma de la Administración.