Antonio Sevilla y Yolanda Muñoz. /
Se querella contra la presidenta, Yolanda Muñoz, el expresidente Antonio Sevilla y otros miembros del organismo y de empresas por la alteración de concursos
La Fiscalía de la Región de Murcia ha presentado una denuncia contra la actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Yolanda Muñoz, y contra Antonio Sevilla, quien ocupó también ese mismo puesto, por su presunta participación en una trama de corrupción en este organismo público. A través de una querella registrada en los juzgados de Cartagena, ha solicitado investigar el aparente trato de favor a varias empresas mediante la alteración de concursos públicos de adjudicación de contratos de servicios, así como de adjudicación de empleos en la institución entre los años 2015 y 2021.
Así lo confirmaron ayer a LA VERDAD fuentes conocedoras de la investigación, y precisaron que el escrito está ya en manos del Juzgado de Instrucción 1 de Cartagena y que hace referencia a los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias y revelación de secretos.
En este último caso, el posible ilícito penal habría consistido en la filtración de información privilegiada a las compañías licitadoras para que tuvieran una posición ventajosa.
Anticorrupción reúne indicios de la aparente comisión de los delitos de prevaricación, falsedad y tráfico de influencias
Asimismo, la Fiscalía habría reunido indicios y testimonios que apuntan a la modificación de las calificaciones de las ofertas presentadas por los licitadores, para acabar poniendo los contratos en manos de las mercantiles implicadas.
Intervención de la UDEF
Las fuentes consultadas indicaron que la querella, instruida por el fiscal especial anticorrupción Juan Pablo Lozano, se dirige también contra varios exempleados del Puerto, entre ellos el exdirector general José Pedro Vindel; la jefa del Área de Planificación y Gestión de la Autoridad Portuaria de Cartagena, M. J. B.; y el director del Departamento de Instalaciones, J. S. M.
En cuanto al sector privado, la Fiscalía apunta a la posible responsabilidad penal de la administradora de la empresa de recursos humanos Barraise SL, S. G. B.; al consultor de la mercantil de innovación tecnológica Sopra Steria España SA, F. C.; y a la jefa de Innovación del Puerto, P. E. G., que también sería accionista de la consultora Estrategias y Desarrollo Financiero SL.
La desviación de poder habría tenido lugar entre los años 2015 y 2021 y afectado a la asignación de empleos en la institución
La Fiscalía ha instruido las diligencias de investigación penal sobre la base de una denuncia previa de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Murcia. Esta, a su vez, recibió información sobre una presunta trama delictiva en el puerto cartagenero.
Fue el 2 de marzo cuando, tal y como desveló en exclusiva este periódico, agentes de ese cuerpo se personaron en las oficinas de la Autoridad Portuaria para llevarse abundante información sobre varios expedientes de contratación. Después, ha ido citando a distintas personas que habrían podido tener participación en los hechos investigados o haber información sobre ellos.
Ya entonces, la Fiscalía había realizado una serie de pesquisas, que posteriormente ha ampliado para acreditar si cada uno de los hechos conocidos reunían visos de ser verosímiles, si podían ser encuadrados en algún tipo penal y si, al menos de forma indiciaria, tenían un autor conocido.
Dos cargos ligados al PP
Las fuentes consultadas aseguraron que la Fiscalía ha puesto bajo su lupa al menos siete adjudicaciones de contratos y de empleos. Uno de ellos afecta a un plan de digitalización impulsado por el organismo, que depende de Puertos del Estado, aunque tiene autonomía. El importe ascendería a casi un millón de euros.
Por el momento, la Fiscalía de Murcia (quien días atrás dio cuenta de su querella a la Fiscalía General del Estado) no ha encontrado razones para lanzar una solicitud de imputación relacionada con la existencia de un grupo organizado. En todo caso, a nivel del juzgado la causa se encuentra aún en una fase muy inicial de instrucción.
La querella tiene trascendencia en el ámbito político porque tanto Muñoz como Sevilla llegaron al cargo a propuesta del Gobierno regional (el nombramiento lo efectúa el central), con ejecutivos autonómicos del Partido Popular. Muñoz, ex directora general de Territorio y Vivienda de la Comunidad y ex secretaria general de la Consejería de Educación y Cultura, fue impulsada por el equipo del actual presidente regional, Fernando López Miras; y Sevilla, exconsejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, fue designado durante la presidencia de Alberto Garre.
La Policía interrogó al menos a una decena de trabajadores
La presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Yolanda Muñoz, aseguró anoche a LA VERDAD que desconocía la existencia de una denuncia contra ella e indicó que, por lo tanto, no podía realizar una valoración. Fuentes de toda solvencia señalaron que, a lo largo del último año, al menos una decena de trabajadores de la institución han prestado declaración sobre este asunto, como denunciados o como testigos, en la Comisaría de Policía Nacional de Cartagena. Precisaron que entre estas personas no figura Yolanda Muñoz. Asimismo, apuntaron que la denuncia inicial manejada por la Policía y por la Fiscalía incluía la presunta comisión de una veintena de hechos delictivos. Buena parte de ellos habrían sido ya descartados como ilícitos; otros podrían enmarcarse como «aislados», aunque de apariencia delictiva; y otros, atribuibles a una serie de conductas repetidas en el tiempo. No ha trascendido el importe total de los contratos afectados.
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Enlace de origen : La Fiscalía denuncia el presunto amaño de contratos en el Puerto de Cartagena
