Así estalló la investigación que le ha costado a Muñoz la presidencia del Puerto

Ocho días después de conocerse la denuncia de la Fiscalía por presuntas irregularidades en la Autoridad Portuaria de Cartagena, la presidenta del organismo, Yolanda Muñoz, cedió este viernes a las presiones y
anunció su dimisión. Jornada a jornada, el caso escaló hasta provocar un clamor en distintos ámbitos de la vida política y empresarial.

A través de una querella registrada en los juzgados de Cartagena, la Fiscalía de la Región de Murcia
presentó una denuncia contra la entonces presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz, y contra su antecesor en el cargo, Antonio Sevilla, por su presunta participación en una trama de corrupción en este organismo público. Se pretende esclarecer, concretamente, si hubo trato de favor a varias empresas mediante la alteración de concursos públicos de adjudicación de contratos de servicios, así como de adjudicación de empleos en la institución entre los años 2015 y 2021. Esa misma noche, Muñoz aseguró a LA VERDAD desconocer la existencia de la denuncia.

La presidenta del comité de empresa de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Isabel Rosique,
aseguró que la querella presentada el día anterior por la Fiscalía contiene indicios suficientes para que «Muñoz dimita hoy mismo» y anunció su intención de presentarse como acusación particular. A esa exigencia se sumaron la vicealcaldesa y secretaria general de Sí Cartagena,
Ana Belén Castejón, y la portavoz de Podemos en la Asamblea,
María Marín. Por su parte, la alcaldesa de Cartagena,
Noelia Arroyo, pidió a la Autoridad Portuaria «máxima transparencia y colaborar con la justicia».

Los representantes de los sindicatos, con una pancarta colocada en la fachada de su sede. /

PABLO SÁNCHEZ / AGM

Tras tener acceso al escrito del Ministerio Público,
LA VERDAD informó de que la investigación se centra una presunta desviación de poder, denunciada inicialmente por trabajadores del Puerto, que se habría realizado a través de maniobras como el amaño de contratos, mediante la transferencia de información privilegiada a licitadores; y la confección de pliegos de condiciones a la carta y la alteración de las calificaciones de las ofertas realizadas por los licitadores; el fraccionamiento de contratos para poder tramitarlos como menores y evitar, así, la convocatoria de concurso públicos. También hay datos y testimonios que apuntan a supuestas «coacciones» y presiones a trabajadores para que acataran directrices irregulares relativas a expedientes de contratación; y la asignación de plazas de empleo público con criterios de amiguismo.

Yolanda Muñoz respondió a las acusaciones con el anuncio de que encargará a la Intervención General de la Administración del Estado que haga una auditoría interna, sobre los contratos de personal y de servicios, así como una auditoría externa, de forma paralela, «para que nos haga un diagnóstico de la situación actual de esos puntos de la denuncia», con la intención de «colaborar y ayudar a la justicia y con la investigación». Por su parte,
Podemos exigió la creación de una comisión de investigación en la Asamblea Regional.

El fiscal indaga si Muñoz colocó al hermano de un consejero andaluz del PP en el Puerto de Cartagena, según
pudo conocer LA VERDAD a través de los documentos de la querella. La investigación sospecha de la intervención de Muñoz en maniobras para la «contratación de altos cargos» en un concurso, incurriendo por lo tanto en los presuntos delitos de «prevaricación y tráfico de influencias». Ningún candidato superó los mínimos, pero hubo una evaluación «subjetiva» de la empresa de recursos humanos Barraise SL., cuya administradora, Susana García Bernal, es «amiga de la presidenta de la APC y compañera del máster para directivos AMP», y a la cual el Puerto le dio dos contratos menores, por 11.000 euros.

Ediles en la bancada del Gobierno municipal, durante la votación del Pleno del pasado jueves. /

PABLO SÁNCHEZ / AGM

La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena
admitió a trámite la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción e inició el proceso para tomar declaración como investigados a la hasta ahora presidenta, Yolanda Muñoz, su predecesor, Antonio Sevilla, otras siete personas y los representantes legales de dos empresas contratistas. También se pudo conocer que el Ministerio Público
recibió información del PSRM y de los sindicatos acerca de presuntas irregularidades. Asimismo, la investigación llegó al
Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, donde la alcaldesa, Noelia Arroyo, apoyó una moción de Unidas Podemos IU Equo para reclamar un relevo en la presidencia del Puerto. Por su parte, Yolanda Muñoz se resistió a dejar el sillón, asegurando que «todos los procedimientos de la Autoridad Portuaria se realizan conforme a ley».

Finalmente, ante una presión política y sindical ya insostenible, y después de una conversación con el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, Yolanda Muñoz, anunció la decisión de
solicitar su relevo al frente de la Autoridad Portuaria. «Lo hago convencida de que es la mejor decisión en este momento y con la firme certeza de defender la imagen de la institución a la que he representado con orgullo y dignidad», expresó en un comunicado en el que también reiteró su intención de seguir trabajando «para esclarecer cualquier atisbo de dudas».