Llop reta a Montero a aclarar por qué la reforma del ‘sí es sí’ también bajará las penas

La coalición de Gobierno no está en entredicho «en absoluto», pero las palabras y el tono con el que la ministra de Justicia, la socialista Pilar Llop, está explicando la reforma registrada ayer por su partido sobre la ley del ‘solo sí es sí’ da la medida de la brecha que ha abierto la ley estrella de Igualdad en el Ejecutivo. Visiblemente molesta, Llop ha retado a la titular del departamento que comanda Irene Montero a aclarar por qué aventa la hipótesis de que la proposición registrada por el PSOE y elaborada por Justicia para enderezar la ley en su aspecto más lesivo -la rebaja de penas para centenares de agresores sexuales- puede provocar nuevos efectos más indeseados; es decir, nuevas atenuaciones de condena. Así lo sugirió ayer, enigmática, Victoria Rosell, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, jueza de carrera y puntal de la estrategia de Montero al frente de Igualdad. Cuestionada al respecto, Rosell no quiso desvelar a qué se refería al aventurar una «segunda ola» de revisiones de condena; se entiende que a la baja.

«Yo creo que eso se lo tiene que preguntar a la ministra de Igualdad (…). Con la reforma del PSOE no se van a evitar las revisiones, pero sí las disminuciones de condenas», ha respondido Llop, preguntada en la Ser por la posibilidad lanzada por Rosell, en el transcurso de una entrevista en la que la responsable de Justicia, también magistrada de profesión, ha evidenciado su malestar no solo por cómo vienen reivindicando Igualdad y Unidas Podemos una ley que ha desatado un cisma de impredecibles consecuencias para el Gobierno; singularmente por el contenido mismo de la ley. Llop se ha visto obligada a revisar técnicamente una ley que salió unitariamente de un Consejo de Ministros en el que ella no estaba y después de que trascendieran las diferencias de criterio sobre la seguridad jurídica de la norma entre sus grandes defensores -Montero y el entonces vicepresidente Pablo Iglesias-, por un lado, y los también en aquellos días número dos del Gobierno, Carmen Calvo, y el ministro de Justicia Juan Carlos Campo, hoy magistrado del TC. En los últimos días, con la polémica abierta en canal, Montero y su partido se han afanado en recordar que la ley partió del conjunto del Ejecutivo y con la «excelente» asistencia letrada del equipo de Campo.

Hoy, con el desacuerdo consumado vía proposición de ley del PSOE en el Congreso, Llop ha llegado a indignarse al subrayar que con la ley del ‘solo sí es sí’ que se está aplicando puede llegar a ser «más barata» la agresión sexual que el robo con violencia. «No es de recibo que con esta ley se haya producido una bajada de penas con la que en nuestro país salga más barato agredir sexualmente a una mujer con violencia que robar», ha censurado la ministra, quien ha incidido en que la atenuación de condenas a más de 400 sentenciados por abusos y violación es «muy grave» aunque la norma en su conjunto suponga »un grandísimo avance en nuestra legislación«; »un espejo para otros países«, ha dicho también la ministra pese a que su departamento acaba de modificar esa Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

Llop, que ha subrayado que la «lealtad» debe presidir las relaciones del Gobierno, en lo que cabe interpretar como un reproche implícito a Igualdad, niega la máxima de Unidas Podemos: que la reforma socialista toque el consentimiento. No lo hace, ha argumentado la ministra, porque su definición y desarrollo se mantienen en el artículo 178, apartados primero y segundo, del Código Penal. Y ha justificado la negativa a aceptar la contrapropuesta de Igualdad de dejar el texto como estaba pero endureciendo las agravantes normativas con la violencia y la intimidación porque eso supondría elevar las horquillas penales a listones desproporcionados.

Probar con «una herida»

Precisamente, la cuestión del consentimiento sigue en el centro de la polémica que divide a los socios del Gobierno. La titular de Justicia también ha afirmado que «la víctima tiene muy sencillo probar que hubo violencia sólo con una herida». Una frase que ha dado pie a Podemos para redoblar su teoría de que la reforma del PSOE vuelve al Código Penal anterior. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra,se pregunta ahora en sus redes sociales que «si probar la violencia en una agresión sexual es tan sencillo, ¿por qué en el 2021 de 4.000 sentencias sólo 500 mujeres pudieron probarla?».