El expediente de la fiesta junto a la isla del Ciervo, abocado al archivo al no identificarse al organizador

La concentración ilegal de un centenar de barcos junto a la isla del Ciervo celebrada el pasado 20 de agosto, que levantó una fuerte polémica social y
un cruce de acusaciones de pasividad en la protección del Mar Menor entre los gobiernos regional y central, se saldará sin consecuencias. Ni para los supuestos organizadores ni para el resto de participantes. Ni administrativas ni judiciales. El expediente abierto por la Capitanía Marítima de Cartagena por el incumplimiento de la normativa estatal sobre seguridad marítima y navegación, dado que los asistentes carecían de autorización para esta fiesta, está abocado al archivo.

Según confirmaron a LA VERDAD fuentes de toda solvencia, el instructor de las actuaciones ha propuesto recientemente el sobreseimiento, al no encontrar motivos para imponer una sanción administrativa. En consecuencia, tampoco serán trasladadas a la autoridad judicial. La Fiscalía ya concluyó en verano que no había indicios de delito y que, en todo caso, el asunto podría ser ventilado con una multa.

Los motivos esgrimidos por Capitanía Marítima para el archivo, en lo que le compete como órgano encargado de ordenar la navegación marítima, son tres. Uno es que no ha podido identificarse a un organizador de la concentración, sea particular o empresa; no se ha acreditado la existencia de ánimo de lucro en esta actividad; y tampoco hay evidencias de daño al medio ambiente.

Salvo que alguien aporte pruebas o indicios sólidos de la comisión de alguna de las infracciones investigadas, y eventualmente de sus autores, en breve se hará efectivo el sobreseimiento sobre este fondeo masivo en el litoral de La Manga, en la parte que pertenece al municipio de Cartagena.

Un concierto, «un cumpleaños» y un edil del PP

La Capitanía, que pertenece al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, recabó documentación de distintos organismos públicos y el testimonio de una veintena de personas. Entre ellas figuran los integrantes del grupo música pop de El sitio de mi garaje, que protagonizó un concierto a bordo de un barco y entre cuyos componentes hay un concejal del PP de La Unión; responsables y pasajeros de la embarcación de la empresa FlippaBoat, que organiza despedidas de soltero y se acercó hasta el islote; y particulares identificados por la Guardia Civil como asistentes al multitudinario macrobotellón náutico.

Las fuentes consultadas indicaron que los músicos alegaron no haber organizado fiesta alguna ni cobrado por ella, sino que tocaron como parte de un cumpleaños (ya celebraron una reunión similar el verano anterior). Otros interrogados insistieron en que fueron hasta la isla atraídos por la música que se escuchaba, no por convocatoria ninguna, y que nadie les exigió dinero por estar allí.

A pesar de no proceder contra todas estas personas, en particular contra los integrantes de la banda musical, las autoridades sí que las amonestaron por la fiesta. Les recordaron que cualquier concentración superior a diez barcos exige la solicitud y obtención de un permiso, así como el carácter especialmente vulnerable del Mar Menor. En concreto, el área de la isla del Ciervo forma parte de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y acoge especies vegetales endémicas.

Sobre la cuestión medioambiental, para argumentar el archivo del expediente en la Capitanía Marítima se remiten tanto a la información aportada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil como a las conclusiones obtenidas por la Administración regional. Así, como adelantó en octubre este diario, la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales de la Comunidad Autónoma
descartó daños en la pradera marina.

Sin impacto en la pradera marina

Funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente inspeccionaron el entorno del islote y no encontraron «afectación o impactos sobre la fanerógama marina ‘Cymodocea nodosa’ presente en la zona». Se temía que el posible arrastre de las anclas y los residuos hipotéticamente arrojados desde los barcos hubieran dañado la vegetación sumergida. Pero esta hipótesis fue desechada en la revisión, efectuada nueve días después de que decenas de lanchas y veleros acudieran al reclamo del concierto.

Tras el macrobotellón, la Capitanía Marítima recordó públicamente que estas concentraciones están «totalmente prohibidas»; anunció un refuerzo de los controles, a través del Servicio Marítimo de la Guardia Civil; y envió a todos los clubes náuticos de la laguna un escrito donde recordó las restricciones legales y las posibles sanciones.

Este fondeo recibió las críticas de distintos colectivos en defensa de la laguna salada, como SOS Mar Menor, que denunció que este tipo de celebraciones son «muy habituales en verano».

Teresa Ribera. / ep

Ribera encargó un informe jurídico y acusó a la Comunidad de inacción

En medio de la polémica por la fiesta ilegal en la isla del Ciervo, la ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, anunció un domingo de agosto que había ordenado a los servicios jurídicos de su departamento
la apertura de un expediente informativo «con relación a la macrofiesta». Y apuntó que de él podrían derivarse «sanciones, si se acredita la vulneración de la legislación» de protección ambiental, seguridad marítima y actividades recreativas. Llegó a hablar, incluso de un eventual requerimiento, una demanda por dejación de competencias en la vía contencioso-administrativa o una denuncia penal, si se hallaba indicios de delito.

Según dijo, faltaron los «permisos» y el «control correspondiente», obviando la falta de inspecciones de la Guardia Civil. También atribuyó los posibles daños a la fauna y a la flora a «la falta de control previo de las actividades recreativas en el Mar Menor por parte del Gobierno regional», cuya supuesta inacción propició «excesos que alteran el delicado equilibrio del ecosistema». El ejecutivo regional negó las acusaciones y calificó de «ridículo y demagogo culpabilizar a un gobierno autonómico de la celebración de un botellón». Ayer, el Ministerio no aclaró en qué quedaron las indagaciones de su gabinete jurídico y, en la Comunidad, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente afirmaron no tener constancia de requerimiento o escrito alguno remitido por Transición Ecológica.

El día antes de hacer público su encargo del informe jurídico, Ribera escribió en Twitter, sobre el macrobotellón: «Esto es vergonzoso. ¿Hay alguien en el gobierno regional a quien de verdad le importe el #MarMenor y esté dispuesto a trabajar en serio por su recuperación?». El consejero de Presidencia y Turismo, Marcos Ortuño, respondió: «No sé que es más preocupante: que la ministra desconozca sus responsabilidades, que no escuche a la asociación de guardias civiles o que siga poniendo excusas para no hacer nada por el Mar Menor. Esa actitud es impresentable». Aludió así a la denuncia de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) sobre la falta de efectivos en el Servicio Marítimo de la Benemérita.