La sospecha de una ‘viuda negra’ planea sobre la muerte de Martín en Puerto Lumbreras

La sospecha se ha cernido sobre ella. La duda se ha ido abriendo paso como la lava de un volcán y amenaza con quemarlo todo a su paso. Un jurado popular será el encargado de decidir en los próximos meses –o años– si Ana S., la esposa de Martín, un vecino de Puerto Lumbreras asesinado en 2017 en una de las ensortijadas calles de la zona del castillo, se suma a la intrigante lista de ‘viudas negras’ que ya deja la historia más oscura de esta región. Esta mujer afronta hasta 25 años de prisión acusada de inducir a su supuesto amante, Juan José E. H., ‘Juanillo’ y ‘El Chimiriqui’, a acabar con la vida de su marido. Ambos se encuentran en libertad.

El recelo comenzó a ganar terreno en la empinada calle Sierpes de Puerto Lumbreras desde el mismo mediodía del 31 de marzo de 2017 cuando uno de los seis hijos de Martín encontró su cuerpo ensangrentado sobre la acera, apenas a unos metros de su casa. El forense, en un primer vistazo, consideró que estaba ante una caso de muerte natural –un infarto–, pero el profesional no tardó en descubrir que incurría en un error y el cadáver tenía la cabeza sembrada de orificios de perdigones. «Estaba en el trabajo», explicaba Rosa, una de las hijas de la víctima, a este diario pocas horas después de la muerte, «y me llamaron para decirme que mi padre había muerto».

La primera llamada

Esa primera llamada, en la que una voz informaba a la hija de Martín de que algo malo había ocurrido, fue una de las primeras pruebas que, según los investigadores, comenzaron a cercar a ‘Juanillo’. Fue él supuestamente quien levantó el teléfono para alertar a Rosa de lo ocurrido antes de que se hallase el cadáver y los agentes tomaran la calle. Juan José no tardaría en bajar las escaleras de esa calle esposado y flanqueado por un grupo de guardias civiles. «No lo he hecho, no lo he hecho», gritó el sospechoso, aguantando la mirada al hermano del fallecido, que seguía de cerca las pesquisas de la Policía Judicial.

La mañana de aquel 31 de marzo, sostiene el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, Juanillo y Martín ya se habían enzarzado en una discusión por motivos que esta parte no aclara. Un poco más tarde, mientras Martín fregaba el portal de su casa, Juan José se fue acercando a él escondido entre los coches que estaban aparcados. Cuando estaba a menos de dos metros de distancia presuntamente le descerrajó un disparo con una escopeta de perdigones a la cabeza. El Ministerio Público explica que con el tiro le causó una herida penetrante en el cráneo por la que entraron «múltiples proyectiles que produjeron la destrucción de sus centros neurológicos vitales».

El fiscal señala a Juanillo como presunto autor de un asesinato y reclama que se le impongan dos décadas entre rejas y la obligación de indemnizar a los seis hijos del fallecido en cantidades que suman más de 450.000 euros. Esta parte no va más allá y deja en el aire los motivos que llevaron a la enemistad del presunto asesino y la víctima. Un paso que, sin embargo, sí dan las dos acusaciones particulares personadas en este caso y que representan a la madre y a un hermano de Martín. Estos dos familiares sostienen que Juanillo mantenía una relación afectiva con la mujer de la víctima, Ana, y están convencidos de que la pareja de amantes se puso de acuerdo para acabar con la vida del esposo eliminando el impedimento que él suponía para su relación.

Una de las acusaciones particulares, la que representa a la madre del difunto, señala a su esposa –y madre de sus seis hijos– como presunta inductora del crimen y reclama que se le imponga la misma pena que a su supuesto amante: 20 años de cárcel. «Conocía la intención del acusado, de acabar con la vida de Martín y estuvo de acuerdo en ello, animándole a hacerlo, incluso con conocimiento previo del momento en que se ejecutaría la acción», sostiene esta parte.

Una conversación grabada

La otra parte, que actúa en nombre de uno de los hermanos de Martín, detalla que este «se convirtió en un obstáculo para que la relación entre Ana y Juan José continuara, motivo por el cual Juan José tomó la decisión de darle muerte, hecho por el cual el día antes de que sucedieran los hechos acordó con Ana que ella se fuera a trabajar al tomate al día siguiente, y de este modo el llevaría a cabo su acción».

La mañana del crimen, tras una fuerte discusión entre ambos, relata esta acusación, Juanillo supuestamente llamó a Ana para advertirla de que iba a matar a su esposo y para preguntarle dónde estaba, señalándole ella que en su vivienda. Esta parte señala a Ana como supuesta cooperadora necesaria del crimen y reclama que se le imponga un cuarto de siglo de cárcel, al igual que a Juanillo.

La familia de Martín, durante los años que duró la instrucción, trató de bucear por su cuenta sobre los detalles de su asesinato. Su cuñada y una vecina aportaron a la Guardia Civil, en febrero de 2019, la grabación de una conversación que habían mantenido con Ana y que podría resultar clave para esclarecer el crimen.

En ese audio, de 42 minutos de duración, la viuda admitía conocer cómo se había producido el homicidio y que su hermano José S. M. había sido testigo de los hechos. «Se ve que ellos, el Juan (Juanillo) y Martín discutieron en lo de la Conce, y el Juan le pegó una paliza». Después, Martín se metió en su casa y un rato después salió a fregar la acera. «El Juan estaba escondido y lo vio bajar. Se puso detrás del coche del Martín y le disparó. Lo que pasa es que no quiere decir nada mi hermano José, porque está amenazado. Estamos amenazados», se excusó.

Con esta supuesta confesión, las dos acusaciones particulares sentarán también en el banquillo a José, el hermano de Ana y cuñado del fallecido. Una de las partes reclama para él tres años como supuesto encubridor del crimen. La otra, un año y seis meses como supuesto cómplice.