Engañada por su casero, ignorada por el banco e invisible para los juzgados: Nélida, en los márgenes de su desahucio

Nélida, este jueves, en el salón de su vivienda, esperando una llamada del juzgado. / Ros Caval / AGM

Esta víctima de violencia de género se enfrenta este viernes al desalojo de la casa donde vive con sus tres hijas y su nieta

Nélida no está viviendo ninguna película, aunque todos los días se sienta la protagonista de un angustioso e interminable largometraje donde la realidad supera con creces la ficción. Nélida Agustina Arrua Candia tiene 42 años y vive con sus tres hijas y su nieta de siete meses en la calle Escuelas de la pedanía murciana de Torreagüera, en un primer piso que alquiló por 400 euros al mes en plena pandemia. Trabaja en un almacén de limones de Los Ramos y es usuaria de un Centro de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia de Género (CAVI).

Y esta semana le han recomendado en el juzgado que «no salga de casa» este viernes por la mañana, cuando está fijada la orden de lanzamiento de la vivienda. Un desahucio que no debería ejecutarse sin un informe previo de los servicios sociales sobre su situación de vulnerabilidad, que deben solicitar los juzgados y que, a unas pocas horas de ejecutarse el lanzamiento, sigue sin existir. «Ya no sé qué hacer. Estoy desesperada». Su hija pequeña también, porque no va a poder ir al colegio y «está muy cabreada», define la madre.

En diciembre llegó el primer soponcio al descubrir el pastel que su casero llevaba meses ocultando. El alquiler que pagaba todos los meses de forma religiosa esta mujer, natural de Paraguay y con más de 20 años de residencia en España, no servía para que su arrendador resolviera las deudas que pesaban sobre la hipoteca de la vivienda. Y el banco notificó en el domicilio la ejecución hipotecaria y el embargo del piso sin que Nélida tuviera la menor idea de lo que estaba sucediendo. En dos meses, a la calle.

«Desde aquel primer día empecé a mover cielo y tierra para solucionarlo, tanto con el banco y como con el juzgado», relata. Varias semanas de visitas y llamadas a la entidad bancaria y también a los funcionarios de Justicia. Pero todas ellas infructuosas, lamenta. Y de ahí la frustración. Una impotencia supina al pasar las hojas del calendario y comprobar, con cada vez más angustia, cómo se acercaba el día del lanzamiento. Tal y como aseguran las trabajadoras sociales que tratan de encontrar una solución ‘in extremis’ para Nélida, la normativa vigente no permite el desahucio de una persona que se encuentre en una situación de especial vulnerabilidad económica y social. Es el caso de esta madre coraje, que hace ya varios años superó un episodio de malos tratos y ha tirado para adelante con sus hijas y ahora con su primera nieta. «Yo sola», subraya. Pero, ¿cómo es posible que el juzgado ejecute un alzamiento contrario a la normativa sin contar con los informes preceptivos?

«Por la huelga»

«Por la huelga en los juzgados», resumen las trabajadoras sociales y la propia afectada. Fue Nélida quien acudió al Juzgado de Primera Instancia número 8 de Murcia para solicitar amparo. Para pedir la ayuda a la que tiene derecho y que solo tenía que plasmarse en un papel con la valoración -positiva o negativa- de unos técnicos. «Me dijeron que tenía que pedir un abogado de oficio, pero la fecha que me han dado para el abogado es el 24 de febrero». Es decir, una semana después de la ejecución del lanzamiento. «He pasado por todos los lados. Hay un señor en el juzgado que es un encanto, se llama Antonio. Pero, en realidad, nadie ha podido resolver nada», protesta.

Los intentos con la entidad bancaria propietaria de la vivienda también han caído en saco roto. Y feo. «Les he mandado más de 60 documentos entre nóminas, contratos de trabajo, recibos del alquiler… Les he mandado todo lo que me han pedido. Y no ha habido manera. Se ve que no les ha interesado mi propuesta de llegar a un acuerdo para que yo pueda pagar el alquiler al banco, que es el dueño del piso», lamenta. Ni una sola alternativa. Lo último que ha sabido por boca de los mediadores de la entidad bancaria con los que ha intentado negociar es que este viernes «vendrán con un cerrajero para cambiar la cerradura y con agentes de Policía o de la Guardia Civil. Y que me tenía que ir de mi casa». Así de crudo.

Todo el empuje que Nélida lleva demostrando estas últimas semanas tiene como combustible un buen puñado de lágrimas diarias y otro capazo de incertidumbre que no deja de crecer. «No paro de llorar. Estoy deprimida. Ya no sé qué hacer», se desespera. Porque lo de encontrar otra vivienda tampoco es pan comido. «La única familia que tengo en España es mi hermana y mi madre, que también viven en Torreagüera, pero con mis sobrinos son seis en casa. Con nosotras, once. Es imposible». Y para qué hablar de los precios de los alquileres. Pero es que ella no quiere irse de su hogar. «No sé lo que haré, no sé lo que haré, no sé lo que haré para que no me echen de mi casa», repite como un mantra. Como si, persistiendo en el mensaje, encontrara una salida para escapar del abismo que se cierne sobre sus pies.

«Está en una clara situación de indefensión. Estamos ante un desalojo que es ilegal», zanja el sacerdote Joaquín Sánchez, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que mañana acudirá a la pedanía para tratar de parar el desahucio. «Lo más lógico es que mañana se suspenda el lanzamiento si los funcionarios del juzgado acreditan que la inquilina de la vivienda no es la propietaria embargada», explica.

Eso, claro, si es que algún funcionario de Justicia se presenta este viernes en la calle Escuelas de Torreagüera. Porque, paradójicamente, igual que la huelga ha provocado que Nélida no tenga en sus manos el informe obligatorio de los servicios sociales sobre su situación de vulnerabilidad, también puede hacer que este viernes no haya comisión judicial alguna disponible para ejecutar el desahucio. «Sería un notición que no haya personal disponible por la huelga pero sí que lo haya para echar a la gente de sus casas», resume con sarcasmo la abogada y mediadora Rosa Vigueras.

Nélida, que este jueves cenó otro buen plato de incertidumbre, se levantará este viernes con la duda de si semejante pesadilla se convertirá definitivamente en realidad y deberá dejar su hogar durante los últimos dos años a las 10.30 horas. Puede que no, y que coma tranquila en su casa solo con una notificación de suspensión del desalojo. Fuentes judiciales aseguraban este jueves a LA VERDAD que el desahucio, efectivamente, se suspenderá con toda probabilidad. Pero es una suspensión. Una patada hacia adelante. Pan para hoy y hambre para mañana y «un susto y un sufrimiento que ya no se lo quita nadie», zanja Joaquín Sánchez.