Letrados de la Administración de Justicia se manifiestan durante la reunión con el Ministerio, ayer tarde ante el Palacio de Sonora, en Madrid. /
La primera reunión con el comité de huelga acentúa las diferencias entre ambas partes y se espera que Hacienda comprometa una partida
El Ministerio de Justicia y el comité de huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) mantienen el
pulso sobre las mejoras salariales reclamadas por este cuerpo de funcionarios de élite tras la reunión celebrada ayer en la sede ministerial. La primera toma de contacto ha llegado tras 18 días de paro indefinido, el primero que se produce en la Administración de Justicia en democracia y que ya deja «demoledoras» consecuencias en el servicio público, según los datos acumulados por los letrados.
Al cierre de esta edición y tras seis horas de reunión, que comenzó a primera hora de la tarde ayer, los dos representantes del Ministerio –el secretario de Estado Antonio ‘Tontxu’ Rodríguez y el secretario general Manuel Olmedo– no habían accedido de momento a las dos principales pretensiones de los huelguistas. Consisten en el establecimiento de una cláusula de enganche que vincule las retribuciones del sector a la carrera judicial (jueces y magistrados) y la reducción de los grupos de población que suponga poner fin a la «discriminación salarial» que sufre este cuerpo de 4.300 funcionarios en pequeños partidos judiciales.
Del mismo modo, el comité de huelga requirió expresamente al ministerio que esté presente en la negociación un responsable del Ministerio de Hacienda y Función Pública con «capacidad decisoria», ya que lo consideran imprescindible «para el éxito» de la negociación, según fuentes del comité de huelga, representado por las tres principales asociaciones profesionales de este Cuerpo Superior Jurídico. Con esta presencia se viene a reconocer que la llave de la caja la tiene la ministra María Jesús Montero y que Justicia solo puede esperar acontecimientos.
Los 4.300 funcionarios piden cobrar el 85% del sueldo medio de un juez por su mayor carga laboral
No obstante, la cita de ayer no empezó con buen pie, ya que los letrados se quejaban de que el departamento dirigido por Pilar Llop no les remitió un orden del día ni les hizo llegar la identidad de las personas presentes en la reunión. Un gesto que denotaba el «desinterés» con el que llegaba el Ministerio a la cita, que ya venía precedido por mensajes poco conciliadores del ‘número dos’ de Justicia y críticas a la «politización» del paro.
Esta histórica movilización ya ha supuesto la suspensión (a fecha del miércoles) de 152.000 vistas y juicios, la retención de 560 millones de euros en la cuenta vinculada a procedimientos judiciales, la paralización del registro de unas 120.000 demandas o los dos millones de notificaciones telemáticas pendientes de verificarse. Tareas que dependen en buena medida de los letrados judiciales, quienes desde una reforma de 2009 han asumido hasta «300 tareas más» en juzgados y tribunales que antes recaían en jueces.
Casi el 90% de los procesos penales de la Región se han visto frenados por el paro y 380 subastas judiciales
El contexto de la huelga es el incumplimiento del ministerio de los acuerdos alcanzados en abril, según denuncian.
Pero Justicia defiende que la adecuación de los Presupuestos Generales de 2021 ya supuso una «subida sin parangón» de 195 euros mensuales (2.430 euros al año, un 5% más), que fue cerrada con los sindicatos generalistas, no con los corporativos.
Según el colectivo, un letrado de tercera categoría con siete días de guardia incluidos cobra poco más de 1.800 euros mensuales; los de nueva incorporación, unos 1.500, aunque la media es de cerca de 47.000 euros brutos al año. Sin embargo, esto supone el 65% de los que cobra un juez, unos 74.000 euros, y la exigencia ahora es que aumente al 85%.
Órganos paralizados en Murcia
En la Región, la movilización de los letrados afecta a todas las jurisdicciones y órganos, también a las subastas judiciales, paralizadas completamente. La cifra sobrepasa las 380 y sigue aumentando cada nuevo día de paro.
Los órganos civiles y mercantiles también han visto prácticamente detenido su día a día: el paro ha obligado a
cancelar el 90% de sus juicios y hasta el 98,2% de sus declaraciones.
En el caso de lo Penal, la huelga indefinida ha aplazado el 87,8% de los procesos y más de un 92% de sus declaraciones. En lo Contencioso Administrativo, la suspensión de vistas alcanzó al 81,3% y el 96,6% de las declaraciones no pudieron llevarse a cabo.
Los órganos que han mantenido algo más de actividad son, en parte, los de Violencia sobre la Mujer. Según los datos del TSJ, el aplazamiento solo ha afectado al 7,1% de las vistas pero ha tumbado el 89,8% de las declaraciones.
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