Abortar a partir de la semana 23: un doloroso proceso que a veces termina en Bélgica

El embarazo de Sandra (el nombre es supuesto para preservar su intimidad), pasó de ser un sueño hecho realidad -por fin iba a ser madre- a una auténtica pesadilla cuando, en la semana 22, una ecografía realizada en La Arrixaca reveló que el feto no se movía. La paciente fue derivada a Genética para la realización de pruebas que permitiesen determinar la existencia de alguna alteración que provocase la aparente acinesia (la incapacidad para moverse y responder a estímulos). Empezó una larga espera, porque había que realizar estudios complejos cuyos resultados no están disponibles en un día. Entre ellos, un exoma clínico para detectar las posibles mutaciones.

Angustiada, la madre comenzó a informarse de las opciones que tenía, y a plantearse una posible interrupción del embarazo si se confirmaba el peor de los escenarios. La ley permite el aborto libre hasta la semana 14. A partir de la semana 15, y hasta la 22, se requiere de un informe médico que certifique que hay un grave riesgo para la vida o salud de la embarazada, o riesgo de graves anomalías en el feto. Pero a partir de la 23, que es la situación en la que se encontraba Sandra, la decisión final debe tomarla un comité clínico. Tanto la ley de plazos de 2010 como la que se acaba de aprobar en el Congreso de los Diputados consideran estas intervenciones como algo ya muy excepcional: debe acreditarse una enfermedad extremadamente grave e incurable.

Sandra se puso en contacto con la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, y solicitó la revisión de su caso tanto por el comité clínico de La Arrixaca como por otro comité distinto en Barcelona (la ley así lo permite). En Murcia, los expertos de este órgano científico determinaron que aún no se podía tomar una decisión, a falta del resultado de todas las pruebas genéticas. En Cataluña, su caso fue rechazado por el mismo motivo, aunque con la posibilidad de reabrirlo si se presentaban nuevos estudios. Finalmente, Sandra registró la solicitud en un hospital de Bruselas, acogiéndose a la mayor flexibilidad de la ley belga, y decidió coger el avión tras recibir la autorización de este centro.

«El mismo día del viaje me llamaron de La Arrixaca», cuenta esta murciana. Desde el hospital querían aclararle que podría realizar el aborto en la Región si se confirmaban los resultados de las pruebas, pero ella optó por no esperar más. «No creo que en La Arrixaca hubiese mala praxis, pero yo lo viví todo con mucha angustia porque me faltó información. Las semanas iban pasando y no sabía si me iban a llamar. Creo que faltó empatía, y más apoyo psicológico ante un momento así», confiesa.

También acabó en Bruselas, recientemente, Paula (de nuevo, un nombre supuesto para preservar la intimidad de la paciente). En su caso, el feto sufría una enfermedad genética que podía provocar diferentes complicaciones, pero que no cumplía, según determinó el comité clínico de La Arrixaca, las características de «enfermedad extraordinariamente grave e incurable». Tras la negativa, recurrió a un hospital de Bruselas, donde su caso sí fue aceptado. En su semana 32 de embarazo, siguió el camino que ya han recorrido decenas de mujeres de toda España, porque no se trata de una situación aislada. Los comités de muchas comunidades tienen, en general, criterios más restrictivos que los que manejan las clínicas belgas. De hecho, también el comité catalán rechazó la solicitud de Paula.

Como Sandra, también Paula ha vivido de forma traumática lo sucedido, y ahora afronta el duelo con el apoyo de un psicólogo. «Me sentí la peor persona del mundo, cogí el avión como si fuese una delincuente: tienes la sensación de que te vas a matar a tu bebé. Pero cuando llegué a Bruselas, todo fue distinto. Allí encontré empatía: me dejaron despedirme de mi hijo, me abrazaban todas las matronas», recuerda emocionada.

La Consejería de Salud señala que en los dos abortos que terminaron realizándose en Bruselas se cumplió con la normativa. En el primero de los casos, «se trató de una decisión voluntaria de la paciente, sin esperar las conclusiones del comité clínico». El segundo «no cumplía con los supuestos que se recogen en la Ley para la interrupción médica del embarazo».

Según datos de la Consejería, La Arrixaca realizó en 2021 (último año con información disponible) nueve abortos por encima de la semana 22, una vez autorizados por el comité clínico. Sin embargo, solo uno de estos casos aparece registrado en la estadística del Ministerio de Sanidad, algo que, según Salud, se debe a motivos «meramente burocráticos».