Jorge Fernández Díaz, quien fuera titular de Interior con Mariano Rajoy desde finales de 2011 a finales de 2016, será el primer ministro de ese ramo que se siente en el banquillo desde la época de José Barrionuevo por los GAL. Y lo hará para enfrentarse a una petición fiscal de quince años de prisión y 33 de inhabilitación, acusado de ser el principal responsable del ‘caso Kitchen’, la trama de espionaje ilegal a Luis Bárcenas montada en el seno del ministerio con fondos reservados.
De forma casi simultánea a la presentación este viernes del escrito de acusación de la Fiscalía, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestimó el recurso de Podemos (al que se adhirieron la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el PSOE) en el que pedía que se reabriera esta pieza 7 del caso Tándem para imputar en ella a la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, a la que el instructor del sumario, el juez Manuel García-Castellón, ya sacó del caso en julio de 2021.
En su escrito, el Ministerio Público hace suyo el relato del juez instructor, Manuel García-Castellón, y sitúa a Fernández en el epicentro de todo este operativo, ya que fue él que habría ordenado a sus subordinados, la mayoría parte de lo que se conoció como ‘policía patriótica’, poner en marcha una investigación ilegal que se desarrolló entre julio de 2013 y julio de 2015 para conocer qué papeles comprometedores sobre el PP guardaba todavía Bárcenas y hasta qué punto el extesorero popular estaba dispuesto a tirar de la manta ante la Audiencia Nacional.
Pero sobre todo, los imputados tenían como misión prioritaria recuperar los supuestos «archivos de audio correspondientes a conversaciones mantenidas con dirigentes del Partido Popular, como su presidente Mariano Rajoy o Javier Arenas, y que Luis Bárcenas Gutiérrez sugería que había grabado y que venían referidas a los hechos investigados» en Gürtel. Unos archivos que los investigados creían que el extesorero escondía en el estudio de restauración de su esposa, Rosalía Iglesias.
Aquellos audios, si existieron, jamás aparecieron, pero Bárcenas amagó con airearlos hasta el mismo día que Rajoy dejó la Moncloa en junio de 2018, precisamente por la moción de censura que perdió tras su declaración como testigo en el juicio del ‘caso Gürtel’
Según Anticorrupción, siete de los subordinados del exministro (un político y seis policías) accedieron sin problemas a participar en esta trama pagada con dinero público.
Exactamente a las mismas penas y los mismos cargos que Fernández, al que Anticorrupción acusó este viernes formalmente de los delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad, se enfrentarán sus dos hombres de confianza: Francisco Martínez, su número 2 y exsecretario de Estado para la Seguridad (el otro político implicado); y el número 2 de la Policía en aquellos años, Eugenio Pino, el uniformado de más nivel que se sentará en el banquillo.
Sin embargo, la Fiscalía reserva la acusación más pesada para el excomisario José Manuel Villarejo, al que reclama 19 años de prisión, 33 de inhabilitación absoluta y 9 de inhabilitación especial, por los delitos de encubrimiento, malversación, delitos contra la intimidad y cohecho pasivo propio. Villarejo, según la acusación, puso su red corrupta en el seno del CNP al servicio del operativo de espionaje.
Anticorrupción pide penas similares o menores para los otros tres mandos del CNP implicados en esta operación parapolicial del Ministerio del Interior durante el mandato del primer Gobierno de Mariano Rajoy: el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas (dos años y 6 meses de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta por delito de encubrimiento); el excomisario Enrique García Castaño, ‘El Gordo’, (12 años y 6 meses de prisión, más 28 de inhabilitación absoluta por los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad); y el excomisario y asesor de Cospedal Andrés Manuel Gómez Gordo (15 años de prisión, más 48 de inhabilitación absoluta por los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad).
Indicios insuficientes contra Cospedal
Sergio Javier Ríos Esgueva, el chófer de Bárcenas, al que la trama reclutó para espiar al exdiputado del PP y que acabó recompensado convirtiéndose de forma exprés en policía nacional, se enfrentará a una petición fiscal de 12 años y 5 meses y 15 días de prisión, más 13 años y 9 meses de inhabilitación absoluta por los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad.
Más allá de Fernández Díaz y Martínez no se sentará ningún político en el banquillo después de que en julio de 2021 el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón archiva la causa contra la que fuera secretaria general del PP en el momento de los hechos, María Dolores de Cospedal, y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, amigo desde hace décadas del excomisario José Villarejo.
Una decisión, la de dejar al margen a Cospedal, que este viernes ratificó la Audiencia Nacional, cuya Sala de lo Penal zanjó que las «anotaciones y mensajes» aportados por Villarejo «no son suficientes indicios de participación» en la trama del exdirigente del PP y su marido. En particular, los jueces dudan de que los «audios» grabados por el comisario y aireados en los últimos meses tras la ‘desimputación’ de Cospedal no hayan sido manipulados.
El chófer, la clave
Para Anticorrupción no hay la menor de duda de que el objetivo de ‘Kitchen’ fue desde el principio intentar usar los medios policiales y económicos a disposición del Ministerio del Interior para intentar enterrar las pruebas que Luis Bárcenas tuviera contra el PP, y particularmente contra Rajoy, a cuenta de las millonarias mordidas que los empresarios de la trama ‘Gürtel’ habrían pagado y que habrían supuestamente nutrido la caja B del partido. «Se ideó (en algún momento de 2013) una ilícita operación policial de inteligencia dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes en el procedimiento que se seguía en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, conocido como caso Gürtel», afirma el escrito del Ministerio Público, que «no descarta» que en este plan de espionaje a Bárcenas pudieran haber «intervenido» otras personas.
La Fiscalía no ahorra en detalles a la hora de describir esta trama que tuvo como centro al chófer ‘traidor’ de Bárcenas. El escrito detalla que hubo «un primer intento infructuoso llevado a cabo por el encausado Enrique García Castaño» de captar a Ríos, que «desde principios del año 2013 y hasta septiembre de 2014 trabajó como conductor de absoluta confianza de la familia Bárcenas». El segundo intento fue el exitoso y fue protagonizado por el comisario Gómez Gordo, el hombre de confianza de Cospedal, ya que fue director General de Documentación y Análisis de la Junta de Comunidades de Castilla-LaMancha
«De esta forma, el encausado Sergio Ríos, entre julio de 2013 y septiembre de 2015, procedió a informar de forma exhaustiva e individualizada a los encausados Gómez Gordo, José Manuel Villarejo Pérez y Enrique García Castaño sobre las citas o reuniones que celebraban Luis Bárcenas -mientras estuvo en libertad- y su esposa Rosalía Iglesias, sobre el contenido e interlocutores de las conversaciones que aquellos mantenían y que tenía la oportunidad de escuchar e incluso sobre la situación anímica en que se encontraban, facilitándoles, además, copia de los documentos y efectos que trasladaba por encargo de cualquiera de los miembros de la familia Bárcenas», señala Anticorrupción.
La Fiscalía asegura que «como contraprestación por la información y documentación facilitada» el chófer recibió, entre otros pagos, 2.000 euros mensuales «abonados con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior» entre el mes de julio del año 2013 y el mes de septiembre del año 2015. En total, cuantifican en 57.943,43 euros los fondos públicos afectados, entre el dinero que fue pagando al chófer el propio Villarejo (44.000 euros), los gastos que se le pagaron a Ríos por diversas gestiones (3.243,43 euros), la parte que entregó Gómez Gordo (10.000 euros) y otros 700 euros de una pistola que le compraron al chofer.
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Enlace de origen : La Fiscalía pide 15 años para el exministro de Interior del PP Fernández Díaz por 'Kitchen'
