La jueza abre juicio oral a Valcárcel por la desaladora de Escombreras y el fiscal pide 11 años y medio de cárcel

La jueza desgrana, además, los detalles de los escritos de las acusaciones, entre ellos el de la Fiscalía, que solicita para el expresidente regional hasta 11 años y medio de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación continuada, otro delito continuado de fraude y un tercero de malversación de caudales públicos.

La Fiscalía no tiene ninguna duda a la hora de colocar al expresidente regional al frente de la supuesta trama de corrupción en torno a la construcción y explotación de la desaladora de Escombreras. En el primer párrafo de los hasta 106 folios que engrosan su escrito de acusación, al que LA VERDAD ha tenido acceso, el Ministerio Público se encarga de dejar claro el inmenso poder que Valcárcel ostentaba en los años en que se gestó la presunta malversación millonaria de fondos públicos en la adquisición, por parte de la Administración regional, de esta infraestructura. Un poder que, a su entender, hacía imposible que quien durante más de dos décadas fue el santo y seña del PP en la Región se mantuviese ajeno a los detalles de la tramitación de este polémico proyecto, que convertirá a Valcárcel en el segundo presidente regional –después de Pedro Antonio Sánchez– en sentarse en el banquillo de los acusados.

La Fiscalía tiene claro que toda la trama en torno a la desaladora respondía a un «plan preconcebido» del propio expresidente que actuó como «instigador» y que, ante los obstáculos que se fueron presentando, desplegó una «huida hacia adelante» que acabó suponiendo para las arcas públicas un sobrecoste de 74,1 millones de euros –solo en el contrato de arrendamiento de la infraestructura–. En un escrito extenso y contundente, el Ministerio Público reclama que a Valcárcel se le impongan hasta 11 años y medio de prisión y otros 47 de inhabilitación para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación continuada, otro delito continuado de fraude y un tercero de malversación de caudales públicos.

La acusación exige, además, que el alto dirigente popular –cuyo último cargo público fue el de vicepresidente del Parlamento Europeo– indemnice a la Comunidad con el importe de los 74,1 millones de sobrecoste que, considera, supuso la desaladora para la Región. En este punto el fiscal remarca que el acusado tendrá derecho a exigir al resto de procesados en la otra pieza separada del ‘caso Sal’ que asuman una parte proporcional de este montante en base a su responsabilidad. Mientras tanto, sin embargo, solicita que se proceda al embargo de todos los bienes, inmuebles, productos financieros, planes de pensiones, sueldos o pensiones que Valcárcel tenga a día de hoy a su nombre.

En su extenso escrito, el fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, efectúa un pormenorizado relato que arranca con el momento de la constitución del Ente Público de Agua (EPA) por la Comunidad Autónoma en 2005. Lozano repasa, en su escrito , la creación del EPA mediante la correspondiente ley y recalca que «el hecho de que la creación de la EPA fuese ajustada a derecho no obsta a que sus actos y decisiones puedan ser objeto de responsabilidad penal». Utilizando la estructura de la EPA, subraya el fiscal, Valcárcel autorizó la finalidad de construir una desaladora para no depender del suministro y disponibilidad de recursos hídricos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) cuando el nuevo Gobierno central del PSOE abortó el trasvase del Ebro y abogó por el programa AGUA y la construcción de desaladoras estatales. Además, en ese momento planeaba una reforma de la Ley de Aguas que se aprobaría ese mismo año y que condicionaba la aprobación de los planes generales de ordenación de los municipios murcianos a un informe previo de la CHS sobre esa disponibilidad de agua.

«Una ilícita operativa»

Este caso arranca, por tanto, «en un momento de confrontación política sobre el modelo de gestión del agua y de incertidumbre sobre la suficiencia de los recursos hídricos que se consideraban necesarios». En ese contexto se aprobó la ley de creación del EPA y fue a su amparo que por Valcárcel «se ordenó disponer de una fuente de caudales propios procedentes de la desalación del agua de mar». El fiscal hace hincapié, no obstante, en que el entonces presidente hizo ese encargo «a sabiendas de que, tal legítima finalidad, se iba a realizar mediante una ilícita operativa».

El relato del fiscal continúa con el proyecto privado de construcción de la planta por un grupo de empresarios locales, agrupados en torno a la firma Hydromanagement; prosigue con la entrada en el proyecto de las mercantiles vinculadas al Grupo ACS de Florentino Pérez (Tedagua y las sociedades del Grupo Cobra), y acaba con la fórmula –en apariencia, tremendamente perjudicial para las arcas públicas– utilizada para la progresiva adquisición de las instalaciones por la Administración regional

La acusación descarta que la Comunidad participase de un proyecto privado previamente existente y sostiene que «todo obedeció a un plan preconcebido y ejecutado de consuno por la parte pública y privada con una marcada falta de transparencia y un deliberado ánimo de sustraer la valoración previa de esos contratos a los organismos de la Comunidad e incluso de la Asamblea regional». El fiscal también aprecia, en todo este supuesto plan, «una huida del derecho administrativo aplicable, aceptando el sobrecoste al erario que tal diseño implicaba en relación al menor coste de haber escogido otras fórmulas sí legales y que hubiesen contado con informe preceptivo de la Intervención de la Comunidad».

Este plan, supuestamente gestado por Valcárcel, se fraguó a partir de junio de 2005. Fue en ese momento, según el fiscal, cuando, en cumplimiento de la voluntad del entonces presidente, el exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá, y su exasesora, María Antonieta Fernández –procesados en otra pieza de esta causa– comenzaron a negociar de modo confidencial con Hydromanagement la forma de construir, financiar y adquirir una desaladora.

Una vez creado el EPA, relata el Ministerio Público, el Consejo de Gobierno nombró en octubre de ese año a su gerente, informándole Cerdá, presidente del mismo, del supuesto plan de actuación que ya estaba diseñado. En el acta del primer consejo de administración del EPA, destaca esta parte, Cerdá hizo constar específicamente que ese era un proyecto de Valcárcel. Algunos investigados en el ‘caso La Sal’ ya manifestaron en su día que Cerdá les reunió y les hizo saber que la iniciativa sobre esta planta desalobradora era un empeño personal de Valcárcel y, por ello, que todas las partes con responsabilidades en esa materia debían actuar al unísono para garantizar su éxito.

En esos meses, incide Lozano, Cerdá y el gerente del EPA comenzaron a negociar la fórmula de adquisición de la planta, siguiendo supuestas órdenes del jefe del Ejecutivo y «apartándose intencionadamente de la legalidad aplicable a un expediente de contratación pública (…) aparte de orillar intencionadamente la necesidad de solicitud de previos informes técnicos, jurídicos y de Intervención de la Comunidad, de patente exigencia ante una inversión tan cuantiosa y estratégica». Para eludir esas cuestiones, sostiene el fiscal, se trató de justificar el modelo a seguir alegando fraudulentamente una situación de emergencia hídrica que no era tal pero que permitía eludir las autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). El fiscal incide, en este punto, en que la fecha que se pactó y publicitó a la opinión pública, que anunciaba que la planta entraría en funcionamiento en 2007, era «sencillamente de imposible ejecución, lo cual era sabido por todas las partes implicadas».

Cláusulas abusivas

El fiscal también pone negro sobre blanco otras presuntas maniobras que los implicados, con Valcárcel a la cabeza, habrían desarrollado para hurtar la operación al control de los órganos de la Administración regional, así como a la normativa de obligada aplicación. Para ello habrían contratado los servicios de gabinetes jurídicos externos a la Comunidad. Estos especialistas serían los que habrían diseñado el operativo para que una planta de iniciativa privada acabara en manos del Gobierno regional con un coste multimillonario y supuestamente injustificado. El Ministerio Público destaca, en su escrito, que las mercantiles privadas procedieron a incluir, en 2005, «una serie de pagos y cláusulas abusivas de salvaguarda que les reportarían millonarios beneficios sabedoras de su necesaria aceptación dada la opacidad de la operativa». Y, como dicta el dicho popular, de aquellos fangos, estos lodos.