El gobierno local de Cartagena ratifica la ordenanza del agua con el rechazo de la oposición

Esta normativa rebaja la factura a comercios y hosteleros un 20% y un 10% a hoteles, mientras que la industria pagaría un 10% más por el agua y nueve veces más por el saneamiento. La aprobación de la normativa permite al Consistorio disponer de diez millones de euros para obras de mejora del ciclo integral del agua, como las de la Plaza Juan XXIII.

El Concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, apuntó que lo que se cuestionaba en la sesión de este jueves es si hubo o no motivación para la urgencia del pleno del 12 de septiembre. Recordó que el Ministerio Fiscal entiende que la tramitación sí era urgente y la jueza que no, y que «los servicios jurídicos del Ayuntamiento recurrirán esta sentencia que no es firme».

Sobre la ordenanza, Ortega insistió en que «estuvo en exposición pública más de cien días y entendemos que es buena porque congela el precio de agua doméstica, penaliza al que más contamina y hace que hosteleros y comerciantes la paguen más barata porque la estaban pagando como si fueran hogares y no lo son. Además, busca mejorar los servicios que damos a los vecinos».

Por su parte, el viceportavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, advirtió que en 2018 tendrían que haber adaptado el precio del agua a una nueva ordenanza y que lo han hecho «corriendo para que pareciera que habían hecho algo y no para adaptarse a la ley». Giménez Gallo aseguró que «habría sido posible bajar el precio a todos los abonados si la concesionaria y el PP no hubieran iniciado obras millonarias sin sujetarse a la Ley de Contratos del Sector Público, como las incluidas en el ‘Plan de Actuaciones Cartagena Sostenible’».

El concejal de MC insistió en que «no podemos repercutir obras electoralistas y gastos que corresponden a Hidrogea en la tarifa del agua, como los aseos públicos y sobrecostes anuales en materia de personal».

En la misma línea, el edil de Vox, Gonzalo Abad, apostilló que « las tarifas están hechas en base a un estudio del concesionario, en el que se incluían 10 millones para obras que no están especificadas. Si hay un plan de obras con cargo a este tipo de concesión se deben explicar, por lo que están incumpliendo la Ley de Contratos. Los aseos públicos, por ejemplo, no tienen nada qué ver con este servicio».

Por su parte, la concejal de Podemos Izquierda Unida- Verdes Equo, Leli García, subrayó que «pueden disfrazar como quieran la realidad, pero hay diez millones que pagaremos en los recibos de agua y que son inversiones que el Ayuntamiento debería sacar de los presupuestos municipales». Indicó también que aunque el defecto formal en la tramitación de urgencia hubiese sido subsanado, «seguimos sin una convocatoria de la Comisión del seguimiento del agua. La voluntad política de este equipo de Gobierno es sacar esta ordenanza sí o sí, aunque el resto de los grupos, que representamos a la ciudadanía también, tengamos todas las dudas del mundo».

Gonzalo Abad presentó dieciocho enmiendas para «intentar corregir una ordenanza municipal que parece haber elaborado el propio concesionario para garantizar el cobro de la tarifa». El Gobierno local las tumbó todas.