Los partidos de la oposición extienden las acusaciones de corrupción al PP

Vélez señaló que el PP «lleva tres décadas usando el agua para sacar rédito partidista, sin aportar ni una sola solución y, según señala ahora la justicia, también la han utilizado para enriquecerse». «La trama de la desaladora de Escombreras es el último capítulo de la corrupción del PP en la Región que ya dura 28 años. Una desaladora que tiene un precio aproximado de 22,5 millones de euros, pero que costó a la ciudadanía 600 millones. En numerosas ocasiones he exigido a López Miras que, por decencia, diga dónde está el dinero que falta. En qué bolsillos de sus amigos está. Ahora queda claro por qué no lo hace», indicó el lñíder socialista. Agregó que Pedro Antonio Sánchez, también expresidente de la Región de Murcia «ha sido condenado». «Y López Miras, su hijo político, al que eligió a dedo para sucederle, ha perpetrado el mayor escándalo de transfuguismo y, por tanto, corrupción política de nuestro país», apostilló. «Márchense y devuelvan todo lo robado. Es la única solución», concluyó.

El presidente regional de Vox, José Ángel Antelo, señaló que su formación es la «única alternativa para diferenciar entre el dinero público y privado, para acabar con la malversación, el fraude y todas y cada una de las fechorías que asolan esta Región». Criticó la corrupción de los dos partidos mayoritarios y apuntó: «Ante el modelo de Tito Berni encarnado en el PSOE y el modelo de Tito PAS encarnado en el PP, solo queda Vox».

Impacto electoral

La coordinadora autonómica de Ciudadanos, María José Ros, afirmó que el procesamiento de Valcárcel «es la muestra evidente de que el PP ha convertido la Región de Murcia en un gigantesco cortijo». «En estas próximas elecciones, el PP va a hacer malabares para esconder a sus políticos condenados e imputados como si no fuera con ello», indicó.

Y el secretario de comunicación de Podemos en la Región, Víctor Egío, denunció que «la corrupción no es una manzana podrida, es una forma de gobierno que dura ya 28 años» y que «el modelo del PP se basa en parasitar las instituciones y convertirlas en una herramienta para delinquir y enriquecerse».

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, mostró ayer «el más absoluto respeto hacia los procedimientos judiciales», en relación con la apertura de juicio oral al exjefe del Ejecutivo regional Ramón Luis Valcárcel por el caso de la desaladora de Escombreras. A preguntas de los periodistas, con motivo de un acto en Cartagena López Miras añadió a los informadores: «Insisto en que la presunción de inocencia es un principio general de nuestro ordenamiento jurídico».

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, había mostrado ya antes, tras la reunión del Consejo de Gobierno, su «respeto» a los procedimientos judiciales. «Acabamos de conocer la noticia y, lógicamente, respetamos los procedimientos judiciales, como siempre hacemos», afirmó Ortuño en la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo sobre la decisión judicial de encaminar al banquillo al expresidente regional del Partido Popular y la petición de la Fiscalía de once años y medio de prisión.

Servicios jurídicos

Sobre el coste de la planta ubicada en Cartagena, dijo desconocer el dato «ahora mismo». Y acerca del motivo por el que la Comunidad está personada en el procedimiento judicial, Ortuño dijo que los servicios jurídicos «actúan con total independencia y con total autonomía en defensa de los intereses de la Comunidad».

El consejero del ejecutivo de Fernando López Miras descartó hacer pronósticos sobre si esta decisión de la justicia afectará a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo: «El Gobierno regional está centrado en lo importante, que es «el presente y el futuro», sostuvo.

Asimismo, señaló que «el Gobierno regional está ocupado en trabajar para mejorar la Región de Murcia y para contribuir a mejorar, igualmente, la calidad de vida de todos los ciudadanos de la Región, y eso es lo que nos ocupa».

La Administración regional sigue haciendo frente a los pagos de la desaladora de Escombreras. Según apunta el escrito de la Fiscalía del TSJ, la cantidad total aportada al Ente Público del Agua desde la Comunidad Autónoma entre los años 2009 y 2013 ascendió a 22 millones de euros (33,7 autorizados y 11,2 no autorizados). A esto se suman otros 97,7 millones aportados por la Comunidad a través de Esamur entre los años 2013 y 2019, sobre un total de 96,6 millones autorizados.

Posteriormente, en los Presupuestos de la Comunidad del año 2022 se consignaron otros 32 millones de euros, aunque la desaladora se encontraba paralizada debido a los requerimientos que hizo la Confederación Hidrográfica del Segura para que las empresas agrícolas que compraban agua acreditaran que no dañaban el acuífero del Campo de Cartagena. La asignación presupuestaria incluía 5 millones para inversiones por parte de Esamur. A cambio, había una previsión de ingresos de 11 millones. En los presupuestos de la Comunidad autónoma de este año se asignó otra cuantía que alcanza los 42 millones de euros.