El Mar Menor tendrá un gerente que podrá contratar personal laboral y servicios, cobrar y hacer pagos, para lo cual el espacio natural dispondrá de un número de identificación fiscal, como una persona o una empresa. Este es uno de los aspectos más relevantes en el desarrollo de la Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, cuyo reglamento sacó a exposición pública este jueves el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El proyecto de real decreto podrá recibir alegaciones hasta el 5 de mayo.
La aprobación de la ley de personalidad jurídica en septiembre de 2022, tras la fulgurante tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) liderada por la profesora de Filosofía del Derecho de la UMU Teresa Vicente que reunió más de 600.000 firmas, convirtió al Mar Menor en sujeto titular de una carta de derechos, pero faltaba conocer el reglamento que aclarase cómo articular una realidad jurídica que es única en Europa.
La norma que propone la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra Teresa Ribera incluye diez artículos que aclaran las funciones, composición y forma de constituirse de los tres órganos que configuran la Tutoría del Mar Menor: Comité de Representantes, Comisión de Seguimiento y Comité Científico.
Los tutores del Mar Menor no cobrarán remuneración alguna, aclara la normativa
La Tutoría será el máximo órgano de representación legal y gobernanza del Mar Menor, estará integrada por las tres personas que presidan cada uno de los tres órganos de representación y tomará sus decisiones por mayoría. «Cada uno de los presidentes actuará con el voto delegado del órgano que represente», aclara el texto legal. Estará apoyada por una Gerencia que prestará apoyo técnico y administrativo para contratar, cobrar o hacer pagos a nombre de ‘La laguna del Mar Menor y su cuenca’.
Del mismo modo, a la Tutoría corresponde la aprobación del estado de cuentas, el presupuesto y el plan de trabajo, y también «establecer los mecanismos y procedimientos de coordinación interna» entre los tres comités.
El reglamento de la ley de personalidad jurídica aclara que la pertenencia a cualquiera de los órganos de la Tutoría «no dará derecho a remuneración alguna» y que se financiará con «los recursos que provengan de las ayudas, subvenciones o donaciones que reciba de personas y entidades, tanto públicas como privadas, y con los recursos que provengan del rendimiento de su patrimonio económico».
También se contempla que la Tutoría pueda obtener ingresos «por sus actividades», siempre que no se produzca un conflicto de intereses con su labor de defensa del Mar Menor.
La Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular tendrá un gran protagonismo en los primeros tres años de desarrollo de la ley puesto que siete de sus miembros ocuparán los siete puestos reservados a personas de la ciudadanía en el Comité de Representantes.
De acuerdo con la disposición transitoria primera, los promotores de la ILP ejercerán esta función hasta que se realice el proceso de selección de los representantes populares, en dos fases: tres miembros en 2026 y cuatro en 2027. El mandato de todos ellos terminará el 1 de enero de 2031.
Otra disposición transitoria faculta a los promotores de la ILP que formen parte de la Comisión de Representantes para que se constituyan en una Comisión Gestora que impulse la primera designación de los tres representantes de la Administración del Estado y los tres de la Comunidad Autónoma en ese mismo órgano.
Esta Comisión Gestora también impulsará la primera designación de los investigadores y expertos «independientes» para el Comité Científico, que contará con seis miembros.
En cuanto al Comité de Seguimiento, sus diecinueve representantes procederán de cada uno de los ocho ayuntamientos ribereños y de cuenca y de organizaciones empresariales, sindicales, vecinales, pesqueras, agrarias y ganaderas, ambientales, juveniles y de lucha por la igualdad de género. Los aspirantes de estos colectivos sociales deberán acreditar «una trayectoria previa en la defensa del ecosistema del Mar Menor».
Cada uno de estos tres órganos elegirá un presidente y una o varias vicepresidencias y sus mandatos tendrán una duración de cuatro años.
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