Política Social firma con el tercer sector los conciertos para financiar la atención temprana

Desde la entrada en vigor de la ley en enero de 2022, las entidades tuvieron que dejar de cobrar a las familias por la atención temprana entre los 0 y los 6 años, y el gasto pasó a ser asumido por la Comunidad Autónoma. Sin embargo, a falta de la firma de los conciertos que regularan estos pagos, las entidades han estado recibiendo hasta ahora los abonos por parte de la Consejería a través de convenios y aportes monetarios basados en el cálculo de costes justificados por las propias entidades, lo que en muchos casos les obligaba a adelantar el dinero.

La Consejería cuenta para este ejercicio con un presupuesto más de 7 millones de euros que permitirá atender a cerca 6.000 menores, frente a los 5.000 niños que fueron beneficiarios en 2022, según las cifras facilitadas por la Consejería. «Esto nos da la oportunidad de ampliar el número de centros que pueden participar en este servicio y por lo tanto llegar a más menores», aseguró Conchita Ruiz en el acto de presentación de la firma.

Los conciertos rubricados establecen que Política Social financiará con 33,60 euros cada sesión de atención temprana prestada por estas entidades. Hasta el 1 de abril se han prestado cerca de 200.000 de estas sesiones.

El siguiente paso, según adelantó la consejera, es la firma con los ayuntamientos para la financiación de los 16 centros de titularidad municipal que hay actualmente en la Región, a los que destinará más 4 millones de euros, un trámite que se completará «en las próximas semanas». «Ya se les ha trasladado a la mayoría de los ayuntamientos que prestan este servicio un borrador del convenio –declaró–. De este modo, la estimación del gasto en la financiación de la atención temprana gratuita para este año es de 11 millones de euros, aproximadamente 3 millones y medio de euros más que el año pasado».

Esta financiación de los centros de titularidad municipal ha recibido críticas en los últimos meses desde la Asociación de Profesionales de Atención Temprana de la Región de Murcia (Atemp) y algunos consistorios, que denuncian infrafinanciación por parte de la Comunidad y que recuerdan que deben afrontar el pago de profesionales que se encuentran regulados por tablas salariales de mayor cuantía que los de las entidades sociales, debido a su condición de empleados públicos. En este sentido, Ruiz destacó que «no necesariamente los gastos son mayores en los centros municipales, porque algunos ayuntamientos tienen subcontratada a alguna fundación o alguna empresa que presta el servicio. No obstante, lo que pretende la ley es que la atención sea universal y homogénea en todos los puntos de la Región, de tal manera que el precio es el mismo y las condiciones son las mismas», aseguró. Cabe recordar que de los 16 centros de titularidad municipal, 13 tienen gestión pública, y por tanto cuentan con personal funcionario, y tres, privada.

Listas de espera

Por otra parte la consejera negó que existan retrasos en la primera atención, como denuncia la Asociación de Profesionales de Atención Temprana de la Región de Murcia (Atemp) y algunas asociaciones como Adamur, que señalan esperas de hasta cuatro meses. «Lo que tenemos estimado es una espera de unos 40 días. Es cierto que depende también de las demandas y de los flujos que haya en cada momento», aseguró la consejera. Ruiz destacó además que la ley contempla un procedimiento de urgencia para brindar atención inmediata en caso de que el pediatra o el equipo de valoración los considere necesario.

El presidente de Plena Inclusión, Joaquín Barberá, también negó la existencia de listas de usuarios «al menos en los centros que yo conozco», y recordó que «una de las cosas más importantes» de la ley ha sido el establecimiento del régimen transitorio, que «ha convertido de la noche a la mañana a todos los usuarios que ya estaban recibiendo el servicio en personas homologadas como si hubieran sido valoradas, manteniéndoles el mismo número de sesiones que venían recibiendo».

Por su parte, el presidente del Cermi, Pedro Martínez, destacó la importancia de la firma de los conciertos para que «las personas con discapacidad y sus familias tengan una mejor calidad de vida», al recibir de forma gratuita una atención clave para los menores con trastornos del desarrollo o en riesgo de padecerlos.

Carmen Gil, presidenta de Famdif, también mostró su satisfacción por la firma que avanza en la aplicación de la ley de atención temprana, que reconoció que «ha costado mucho tiempo poner en marcha».