La Región de Murcia ha acogido entre 2020 y 2022 a un total de 909 mujeres extranjeras víctimas de violencia de género que recibieron un permiso de residencia y trabajo, según los datos que ofrece el portal estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
Las mujeres extranjeras que son víctimas de violencia machista tienen derecho en España a obtener el permiso residencia y trabajo por un plazo de cinco años, cuya tramitación es, además, preferente. Este tipo de casos se ha disparado en los últimos años, especialmente en la Región, que ha pasado de 169 mujeres acogidas en 2020 a 356 en 2021 y 384 en 2022.
Los 384 casos del pasado año en la Región es una de las cifras más altas de las 17 comunidades autónomas, solo superada por Cataluña, con 731 casos, Comunidad Valenciana (717), Andalucía (574) y Madrid (468).
Nuevo aumento en enero
El arranque del año 2023 hace prever que el aumento se mantendrá durante este ejercicio, ya que en enero fueron otras 32 las mujeres extranjeras que lograron autorización para vivir y trabajar en la Región tras sufrir violencia machista. Esta cifra supone una subida del 14,2% con respecto al mismo mes del pasado año.
En el conjunto de España, el número de extranjeras víctimas de violencia machista a las que se otorgó permiso de residencia y trabajo el primer mes del año fue de 413, lo que supone 145 más que en el mismo mes de 2022 (+54%).
En los datos estatales también se observa un incremento en el número de autorizaciones concedidas a lo largo de los últimos años. Así, se concedieron 1.167 en 2019; 2.593, en 2020; 3.581 en 2021, y 4.269 en 2022.
En enero de 2023 (últimos datos publicados) se registraron en España 413 autorizaciones concedidas, lo que supone un aumento con respecto al mismo mes de los años anteriores y la cifra más alta en un mes de enero de la serie histórica -desde 2005-.
Según la ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, «las mujeres extranjeras, cualquiera que sea su situación administrativa», si son víctimas de violencia de género o de violencias sexuales, tienen derecho «a las medidas de protección y seguridad establecidas en la legislación vigente».
La ley señala que, si al denunciarse la violencia de género o violencia sexual contra una mujer extranjera se pusiera de manifiesto su situación irregular, no se incoará el expediente administrativo sancionador y se suspenderá, en su caso, la ejecución de las órdenes de expulsión. Además, la mujer podrá solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a partir del momento en que se hubiera dictado una orden de protección a su favor.
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