Mejora la solvencia de las familias murcianas para afrontar sus gastos

Mejora la solvencia de las familias murcianas para afrontar sus gastos

La elevada inflación de los dos últimos años no ha hecho sino aumentar los daños derivados de la pandemia sobre las economías domésticas. Siete de cada diez hogares españoles, el 73%, tuvieron dificultades para ahorrar dinero durante el año 2022, frente al 66% en 2021 y el 60% en 2020, en tanto que el porcentaje de familias con «graves» obstáculos para llegar a final de mes fue el año pasado del 11%, casi el doble que en 2020, según los datos publicados ayer en la revista ‘OCU Compra Maestra’ de abril.

En este sentido, las dificultades económicas se han concentrado en Andalucía, donde el 81% de los hogares observan obstáculos para ahorrar, seguido de Canarias (80%), Galicia y Baleares (78% en cada caso) y Castilla-La Mancha (75%).

Asimismo, el índice de solvencia familiar, que mide la capacidad de las familias para afrontar los gastos del hogar ponderados según su relevancia sobre el conjunto de su economía doméstica, ha descendido en todas las comunidades autónomas, salvo en Murcia, el País Vasco, Asturias y Canarias, que han visto mejorar la situación. En concreto, aumentó el pasado año hasta un 47,7% en la Región, situándose como la cuarta comunidad con mayor solvencia a nivel nacional. País Vasco lidera la clasificación, seguido de Cataluña y Castilla y León. Además, el 53% de los encuestados consideraron que el pago de los suministros de electricidad, gas y agua también supone un gasto difícil de afrontar, mientras que al 48% de las familias se les complica afrontar la adquisición de alimentos frescos, como la carne y el pescado.

Por ello, la OCU pide incrementar las ayudas directas a los consumidores vulnerables, especialmente en hogares con niños y padres en situación de desempleo, que se encuentran entre los más afectados, además de automatizarlas mediante la creación de un registro de familias vulnerables. La organización de consumidores calcula que alrededor de la mitad de los posibles beneficiarios siguen sin percibir las ayudas a las que tienen derecho, bien por las dificultades para gestionarlas como por desconocimiento.

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