Investigan al concejal de Infraestructuras de Orihuela por un presunto delito de prevaricación

El concejal de Infraestructuras, Ángel Noguera, ha sido citado a declarar el próximo 15 de junio a las 10.30 horas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela acusado de un presunto delito de prevaricación continuada. Según el escrito rubricado por el fiscal anticorrupción Felipe Briones, el edil de Ciudadanos habría presionado por medio de un subordinado a la empresa Zaplana Caselles, adjudicataria del contrato de mantenimiento, conservación y reparación de viales en Orihuela Costa, a ejecutar encargos fuera de los pliegos del contrato a cambio de agilizar el pago de facturas por servicios ya prestados.

En el escrito al que ha tenido acceso LA VERDAD el gerente de la mercantil refirió ante instancias judiciales que el concejal se negó a firmar facturas que le presentaban pese a contar con la firma de conformidad de los dos técnicos municipales al cargo de la supervisión del cumplimiento del contrato y alegando en varias ocasiones «falta de documentación requerida».

Según el denunciante, visto que, mes tras mes, Noguera se negaba a pagarle las facturas en fecha del 22 de noviembre de 2022 el empleado de Zaplana Caselles encargado del contrato decidió grabar la conversación que mantuvo con uno de los supervisores municipales designados ‘a posteriori’ por el concejal de Infraestructuras.

El contenido de la grabación muestra como el funcionario, a instancias del concejal de Infraestructuras, pide a la empresa ejecutar labores ajenas al contrato a sabiendas de que «eso está mal» y «no está bien», pero que, a cambio, la Concejalía se avendría a «agilizar» el pago de las facturas pendientes de pago. Así, en caso contrario, se seguirían demorando, obligando a la mercantil a recurrir a los tribunales, pese a estar la empresa, incide el escrito, «prestando el servicio de forma debida y sin incumplimiento alguno».

Así, el escrito expone que el concejal Ángel Noguera, pese a contar en repetidas ocasiones con los informes favorables de los técnicos y de la Intervención para abonar las facturas, decidió deliberadamente no firmarlas y guardarlas en un cajón.

Además, el Juzgado señala que Noguera sustituyó a los dos primeros técnicos supervisores del contrato por dos personas elegidas directamente por él. Una decisión «ilegítima» que hizo que uno de los relevados incluso pidiera ser relevado de la supervisión del contrato y finalmente coger la baja «por ansiedad».

«No retomaré en ningún caso dicho trabajo hasta que alcaldía no tome las medidas necesarias para amparar mi desempeño profesional, garantizando la no injerencia de personal eventual o contratado en el desarrollo del mismo, ni permitiendo que la Concejalía de Infraestructuras vierta dudas sobre mi profesionalidad», alegó el funcionario cesado.

La empresa denuncia, así, que las dos personas elegidas por Noguera han venido continuando con la obstaculización del pago de las facturas. Incluso, abunda el escrito, uno de ellos dio órdenes «de forma verbal ante su negativa a darlas por escrito» al personal laboral de Zaplana Caselles «indicándoles donde debían ir y que debían realizar, amparándose en instrucciones recibidas por el Concejal y sin autorización de la adjudicataria».

Incluso se aporta grabación de una conversación con el exalcalde, Emilio Bascuñana (PP), en el que reconoce que la labor e intención de Noguera ha sido paralizar, fastidiar y boicotear el contrato y que «la Intervención le ha pedido en varias ocasiones que o firmara las facturas o las rechazara».

El agosto del año pasado, una vez desalojado el PP tras la moción de censura, el grupo municipal popular presentó un escrito de denuncia en la misma línea que la mercantil, censurando estas presuntas irregularidades en la gestión de este contrato.

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