La Región debe abrir un centro de crisis para la violencia sexual antes de final de año

Ninguna autonomía podrá poner excusas para dilatar la apertura de puertas de los centros de atención integral más allá de diciembre próximo. Sobre todas pesa una doble obligación. En primer lugar, jurídica. La ley del ‘solo sí es sí’, en vigor desde el 7 de octubre, ordenó que los centros de 24 horas funcionasen en el plazo tope de seis meses. Deberían estar en marcha desde marzo, pero solo hay dos en Madrid, uno en Asturias y está próximo a abrirse el de Cantabria.

La segunda obligación es política y contable. Los 66 millones que han recibido desde el Ministerio de Igualdad para crear la infraestructura proceden de fondos europeos y deben estar ejecutados, a riesgo de perderlos, antes del 31 de diciembre.

La iniciativa no es baladí. En la Región la violencia sexual lleva años aumentando. Solo el pasado año se denunciaron 574 de estos casos en la comunidad, más de uno de media cada día, según los datos de Interior. Hasta 72 violaciones contabilizaron los investigadores de la Guardia Civil y la Policía en solo doce meses.

Los centros de atención integral dispondrán a toda hora de los profesionales necesarios para que la víctima reciba atención psicológica, jurídica y social ante una crisis o emergencia desatada por la violencia sexual o frente a la necesidad de ayuda por un caso anterior. Una capacidad de respuesta muy similar a la que tienen desde hace años los centros de ayuda a la víctimas de la violencia de género. Su diseño garantiza un acompañamiento de urgencia, pero también deben servir para encauzar la ayuda a la víctima a medio y largo plazo.

Este punto de referencia, de los que lo ideal es que hubiese al menos uno por cada 200.000 habitantes, estará abierto las 24 horas, los 365 días del año y dará atención presencial, telefónica y ‘online’ sin cita previa. Están diseñados para atender a cualquier víctima de 16 años o más. Para los casos de menores se crearán centros específicos, las casas de infancia. Similares, pero adaptadas a sus peculiaridades.

Sus funciones no colisionan ni con el trabajo policial ni con el de sanitarios y forenses. Son un ente colaborador y el complemento necesario. Las denuncias se seguirán interponiendo en la comisaría o en el juzgado y la atención sanitaria a las víctimas, así como la toma y custodia de muestras y pruebas para los informes forenses, se hará en los hospitales, como hasta ahora. Pero los especialistas podrán acompañar y asistir a las víctimas a la hora de realizar estos duros trámites.

Con denuncia o sin ella

Las mujeres que contacten con los centros de crisis no necesitan haber puesto denuncia. Es lo deseable, pero tendrán idéntico trato con denuncia o sin ella porque la ayuda la necesitarán por igual y la ley así se la garantiza. La segunda razón de no exigir denuncia es que, de hecho, más del 80% de las españolas que han sufrido violencia sexual alguna vez en la vida nunca lo comunicaron a las autoridades. La macroencuesta oficial identificó como víctimas de violencia sexual al 13,7% de las españolas (unos 2,8 millones) y más de 2,2 millones no lo había denunciado.

Los centros deberán tener como mínimo un coordinador, un psicólogo o psiquiatra, un abogado, un trabajador o educador social, un administrativo y un mediador social o traductor. Todos especializados en violencia contra las mujeres y atención de crisis. El protocolo aconseja que sean mujeres (porque las víctimas lo suelen preferir así) y exige que la atención sea a corto, medio y largo plazo y que se adapte a la demanda, tiempos y necesidades de las víctimas. Les informarán –cómo actuar, a dónde dirigirse, los derechos que les asisten–, intervendrán ante las crisis –trasladando a la víctima al centro o desplazándose a donde esté–, darán ayuda psicológica, asesorarán a la víctima y la acompañarán en su recuperación integral, con ayuda residencial, laboral y económica si lo precisa. También liderarán campañas para sensibilizar contra la violencia sexual y tendrán una web para informar a víctimas y profesionales.

Junto a los centros de crisis, las administraciones tienen que asegurar unidades de valoración forense y protocolos específicos de recogida de pruebas en todas provincias y deben reformar la ley antes del otoño para que sean los juzgados y fiscales de violencia contra la mujer quienes se ocupen de perseguir estos delitos y proteger a las víctimas.