La Comisión Europea dio este martes su espaldarazo a la prórroga de la excepción ibérica. La medida, que permite reducir el impacto del aumento del coste del gas en la factura eléctrica de hogares y empresas en España y Portugal, se extenderá hasta final de año, cuando expira el marco temporal de ayudas por la guerra en Ucrania. El mecanismo también se ha modificado ligeramente y fijará un precio de referencia de 55 euros, que irá aumentando gradualmente hasta llegar a los 65 euros en el mes de diciembre.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya adelantó hace un mes que el Ejecutivo contaba con el respaldo de Bruselas para extender este mecanismo más allá de marzo. Y el comunicado supone la confirmación formal definitiva de ello. Ribera destacó que se trata de una decisión «muy importante» para el Gobierno de España.
«Es una noticia positiva que confirma y cierra el círculo que nos permite contar con este sistema de seguro adicional a los consumidores eléctricos españoles y portugueses», añadió Ribera.
El invierno, con temperaturas más suaves de lo esperado, ha permitido mantener un alto nivel de reservas de gas a nivel europeo, lo que ha contribuido a contener los precios. Si los costes energéticos se mantienen en los niveles actuales, «lo más probable es que el mecanismo no se active», dijo Ribera en marzo. Con todo, el visto bueno de la Comisión Europea permitirá a los consumidores españoles y portugueses contar con una «red de seguridad adicional» frente a la volatilidad de los precios.
5.000 millones de ahorro
El mecanismo se introdujo por primera vez en junio del año pasado y fijó un tope de 40 euros el megavatio hora (MWh) al gas usado para generar electricidad. Ese precio se mantuvo los seis primeros meses de aplicación y después fue incrementándose en cinco euros al mes. Entre abril y diciembre la subida será más gradual, de 1,1 euros al mes.
Para financiarlo, las autoridades españolas y portuguesas se han valido de parte de los beneficios obtenidos con el comercio de electricidad entre Francia y España y una tasa impuesta a los compradores que se benefician de esta medida. En total, Bruselas sostiene que el mecanismo ha permitido un ahorro neto total de en torno a los 5.000 millones de euros para españoles y portugueses.
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