Siete años después de estallar el ‘caso Acuamed’, la investigación abierta a la empresa pública por la adjudicación y ejecución supuestamente irregular de una veintena de obras hidráulicas y medioambientales en la cuenca del Mediterráneo, la instrucción judicial ha llegado a su fin. El juez de la Audiencia Nacional encargado de estas pesquisas, Manuel García Castellón, ha propuesto juzgar a 42 acusados por delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.
La resolución del titular del Juzgado Central de Instrucción número seis examina todas las obras investigadas en las que estuvo implicada Acuamed, encargada de las competencias que corresponden a la Administración General del Estado en materia de ejecución y explotación de obras hidráulicas, principalmente desaladoras, durante el mandato de Arcadio Mateo, principal investigado.
Entre esas obras se encuentran el sistema de dotación de agua desde el embalse de Cerro Colorado, que regula el agua producida en la desaladora de águilas para regar el Valle del Guadalentín. Asimismo, se incluye el contrato de redacción del proyecto, ejecución de las obras y operación y mantenimiento de la planta desaladora de Torrevieja. La investigación tambiéns e ha centrado en el proyecto constructivo de las obras complementarias de la planta desaladora del Campo Dalias, Balsas del Cañuelo y la Redonda en Almería; al igual que las obras de control y laminación de avenidas en la cuenca media del río Serpis (Valencia); así como los trabajos de eliminación de la contaminación química en el embalse de Flix.
Un contratista hinchó los costes de la tubería de Cerro Colorado y ocultó el doble precio, según una grabación de la Guardia Civil de agosto de 2015
Las obras de conducción de Cerro Colorado fue una de las irregularidades más llamativas de la supuesta trama, ya que el contratista hinchó los costes y ocultó el doble precio de la tubería, como publicó LA VERDAD. En una de las conversaciones intervenidas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), en agosto de de 2015, el contratista le dijo a su empleado cómo tenía que presentar las reclamaciones para poder cobrar. Le advirtió de que no debía aparecer por ningún lado «el doble precio de las tuberías». Comentó que le hicieron «comprar los tubos más caros» a una empresa de Vitoria, en lugar de hacerlo a una firma de Lorca, con el consiguiente sobrecoste, que se estimó en 200.000 euros. Todo ello dentro de un clima de presiones y de represalias contra técnicos de Acuamed que denunciaron los hechos o se negaron a fimar.
Dádivas y viajes
El juez da por indiciariamente acreditadas, tal y como expuso en su informe la Fiscalía Anticorrupción, las irregularidades cometidas en cada uno de los contratos con el objeto de favorecer a determinadas contratistas. De acuerdo con el auto, a cambio de las adjudicaciones algunos de los procesados recibían diferentes dádivas. En el caso del principal investigado, el exdirector general de Acuamed Arcadio Mateo, señala que obtuvo de las empresas contratistas dichas dádivas en forma de viajes y estancias dentro y fuera de España e incluso un implante de pelo en Turquía por valor de 4.500 euros.
El auto subraya que el entonces director de Ingeniería y Construcción de la sociedad estatal, Francisco Valiente, hasta abril de 2014, y más tarde Gracia Ballesteros, gerente Territorial, presentaron ante diversas instancias del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y de Acuamed escritos comunicando las graves irregularidades detectadas en unas concretas actuaciones de la empresa pública. Sin embargo, «se dejó de atender (la denuncia) del primero y se apartó de su estudio al Abogado del Estado encargado de coordinar las actuaciones de Acuamed, tal y como él mismo declaró en el juzgado, contratándose por la sociedad estatal a unos asesores externos». Igualmente, Gracia Ballesteros fue removida de su puesto como Francisco Valiente.
El auto relata que el 14 de junio de 2012 se firmó un crédito con el Banco Europeo de Inversiones por 500 millones de euros, que solicitó Acuamed para sufragar costes propios. Antes de la firma, Arcadio Mateo decidió de forma unilateral invertir el capital público recibido de la UE, colocando el mismo en diversas entidades bancarias y contratando a un asesor para que colaborara con él en estas actividades, señala el juez.
«De este modo, excediéndose en las funciones que tenía atribuidas y con el apoyo del acusado Francisco López, habría realizado actividades especulativas con el dinero del préstamo BEI, formando una cartera de inversión a largo plazo de títulos del Estado en entidades como BBVA, Santander, Unicaja y Caja Laboral, una actividad que se aleja del objeto social de Acuamed, haciendo caso omiso a las advertencias que le llegaban de la Dirección General de Patrimonio del Estado», concluye.
Sobre estos hechos la Fiscalía Europea abrió unas diligencias que fueron archivadas por falta de indicios. Asimismo, contra el auto de procesamiento conocido este martes cabe recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
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Enlace de origen : El juez procesa a 42 personas por la trama de Acuamed
