La Fiscalía investiga la vigilancia autonómica de las reservas de Cabo de Palos y Cabo Tiñoso

La Fiscalía de Área de Cartagena ha abierto una investigación para aclarar la posible existencia de delitos de intrusismo y prevaricación en la gestión del servicio de vigilancia de las reservas marinas de interés pesquero de Cabo de Palos y Cabo Tiñoso. Lo presta la Comunidad Autónoma a través de la empresa Tragsatec, con la que colabora la Cofradía de Pescadores de Cartagena. Así lo confirmaron fuentes del Ministerio Público, que ha solicitado a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca información sobre el contrato con Tragsatec, adscrita al Ministerio de Pesca, y sobre la mediación de Galpemur, entidad privada sin ánimo de lucro.

Las diligencias penales parten de una denuncia de la empresa privada Escurçó, que trabaja para el Ministerio en el control de las aguas interiores y exteriores de la reserva de Cabo de Palos. La compañía asegura que los equipos empleados por la Comunidad realizan tareas reguladas por la Ley de Seguridad Privada, sin tener la debida acreditación.

Un guardapescas jurado por turno

Fuentes de la Consejería, que dirige Antonio Luengo, defendieron la legalidad de su actuación. Indicaron que «la tutela y vigilancia» del espacio protegido «es compartida con el Ministerio y encaminada al fomento de la biodiversidad»; y que pidió a Tragsatec «que, en cada turno, un tripulantes fuera un guardapesca jurado, conocedor la legislación pesquera». Añadieron que los pescadores apoyan, con labores de guardería e información a los usuarios.

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