El nuevo estatuto que regulará las prácticas de los becarios, que contempla una serie de derechos para los estudiantes y obligaciones para las empresas e instituciones que los contraten, podría suponer un freno para las prácticas que realizan cada curso unos 18.000 estudiantes de las dos universidades públicas de la Región y de Formación Profesional, temen en la Universidad de Murcia.
La obligación de cotizar por los estudiantes a partir de octubre y de que las empresas compensen los gastos del alumno durante las prácticas son los puntos que más inquietan a la UMU, que alerta de que las empresas y las propias administraciones públicas que acogen a los estudiantes ya son reticentes a realizar convenios por las nuevas obligaciones que implican. En la Universidad Politécnica de Cartagena entienden que el problema les afecta en menor medida porque la mayor parte de las prácticas las realizan los estudiantes en empresas, «que pagan y cotizan por los alumnos».
El acuerdo, que el Ministerio de Trabajo y Economía Social debatirá en la Mesa de Diálogo Social el jueves junto a los sindicatos y la patronal, establece novedades con respecto a las prácticas curriculares, que son las contempladas en el plan de estudios, la mayoría obligatorias para lograr el título. Las empresas deberán dejar claro en el convenio la «cuantía mínima suficiente» que destinarán a compensar todos los gastos que asuma el becario: desplazamiento, alojamiento o manutención…
La compensación de gastos a la que tendrían derecho los estudiantes durante sus prácticas «podría suponer una caída en la oferta de prácticas, así como un grave problema de gestión para las universidades», consideran en la UMU. Las empresas de menor tamaño «pueden verse desalentadas ante la posibilidad de tener que asumir los costes adicionales derivados de esta compensación, lo que limitaría las oportunidades de formación. Y puede suponer un problema, especialmente grave en titulaciones regidas por órdenes europeas, que exigen un mínimo de horas de prácticas obligatorias para poder titular y podría darse el caso de que las universidades no pudieran garantizar que el alumnado pueda titularse».
El cálculo de la bolsa de compensación de gastos para transporte, material, alojamiento…, considera la UMU, generará un problema de gestión, «ya que estos gastos pueden variar en función de factores como el tipo de prácticas y el sector en el que se realicen y, en muchos casos, resultan muy difíciles de cuantificar». Las universidades se quejan de que no disponen de herramientas de gestión para garantizar «la equidad en estimación de estas compensaciones para todo el alumnado».
Para la UMU, resulta paradójico que las administraciones públicas, que reciben a más del 60% del alumnado universitario en prácticas, especialmente en grados relacionados con la educación y la sanidad, «ya están planteando obstáculos a asumir este coste adicional por falta de recursos».
La obligación de cotizar por el alumnado en prácticas supone otro problema de peso para la UMU, que considera que la novedad «no ofrece una mejora sustancial en la protección de los estudiantes en prácticas y, en cambio, resulta un elemento de disuasión para que las empresas y entidades públicas acojan estudiantes. De hecho, muchas de las que quieren seguir haciéndolo ya están exigiendo que las universidades asuman las obligaciones de alta, baja y cotización», que añadiría otro reto de gestión a la UMU, que pide el aplazamiento, al menos un año, de las medidas.
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Enlace de origen : La UMU avisa de que la nueva regulación de los becarios pone en riesgo las prácticas de 18.000 alumnos
