La Policía Nacional y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla investigan el que apunta al que va a ser el mayor fraude electoral de la historia de la democracia en España: la supuesta compra masiva de votos por correos en Melilla. La voz de alerta la ha dado el altísimo volumen de papeletas ya registradas en las oficinas postales: rozan los 10.000 votos sobre un censo de 55.187 ciudadanos residentes la ciudad autónoma con derecho al sufragio.
La propia delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, este jueves informó de la apertura oficial de esta investigación por parte del Ministerio del Interior y de la preocupación en el Ejecutivo por la supuesta compra de esos diez millares de votos. «Podríamos estar hablando de un tercio de representantes de la Asamblea de Melilla», explicó, tomando como referencia el número de votantes en los comicios de 2019, cuando fueron unas 34.000 personas las que votaron.
El plazo para reclamar el voto por correo concluyó este jueves por lo que los datos finales de votos por correo no se conocerán hasta este viernes, Según los datos oficiales, con fecha del pasado miércoles las solicitudes de voto por correo en la ciudad ascendían entonces a un total de 9.905, lo que supone el 17,95% de los electores, mientras que la media para el resto de España se situaba en el 2,47%.
Los cálculos confirman que se superan con creces las cifras recogidas hace cuatro años, cuando el voto por correo en la ciudad autónoma ya batió todos los registros nacionales, levantando entonces las suspicacias. Entonces fueron 4.210 las paletas solicitadas por correo, una proporción muchísimo superior al resto del país. Sin embargo, esa cifra podría triplicarse en estos comicios de 2023. Y es que Interior estima que el voto por correo en Melilla en estas elecciones podría llegar al 20% del total de las papeletas.
32 investigados
Las investigaciones de la Policía apuntan efectivamente a la existencia de una red de compra de votos, sobre todo entre gente marginal, sin empleo o con problemas con las drogas con pagos en efectivo que varía entre los 50 y los 200 euros.
En el punto de mira de los agentes y de la jueza Carmen María Perle están hasta 32 personas por el pago a cambio de las solicitudes de voto correo, cuyas papeletas luego han sido entregadas en las oficinas por miembros de la red. Una organización que –sospechan los investigadores- posteriormente se habría ‘revendido’ a uno o dos partidos de los que participan en estos comicios para aumentar sus apoyos electorales.
Según las estimaciones de los agentes, los votos comprados podrían suponer entre 6 y 8 de los 25 diputados que componen la asamblea y, por ende, inclinar de manera definitiva la balanza del gobierno de la ciudad autónoma.
Y es que las sospechas e investigaciones sobre fraude electoral han sido recurrentes en diferentes procesos electorales en Melilla. Los dos principales partidos políticos de la Asamblea, PP y CPM, se han acusado mutuamente de estar detrás de las presuntas irregularidades en el voto por correo y del robo de documentación electoral a trabajadores de Correos, lo que motivó a que las Fuerzas de Seguridad realizaran labores de escolta.
43 carpetas electorales
Durante la última semana, al menos cinco carteros han sido asaltados para sustraerles papeletas. Han sido sustraídas, al menos, 43 carpetas con documentación electoral.
Ante esta situación, la Junta Electoral de Zona (JEZ) acordó el miércoles que los votantes por correo se identifiquen con DNI a la hora de depositar su voto en la oficina de Correos de Melilla. Este jueves, la Junta Electoral Central (JEC) amplió esa orden a todas las oficinas postales del país para cualquier voto destinado a la ciudad autónoma. Esa medida- según fuentes de la investigación- impedirá que los miembros de la red presenten en Correos masivamente votos fraudulentos comprados previamente, pero no que los propios ciudadanos que han vendido sus papeletas las registren personalmente.
La JEZ justificó la medida porque las cifras del voto por correo en la ciudad autónoma «son insostenibles y, sin mayor esfuerzo intelectivo, hacen pensar que pudieran existir irregularidades» en el proceso.
La JEZ, sin embargo, por el momento ha rechazado suspender el proceso de voto por correo en Melilla porque –entiende- una medida tan extrema requeriría que se hubiera producido una «adulteración del proceso electoral de relevancia y basada en datos objetivos», lo que no concurre por el momento.
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